En la región latinoamericana vivimos en democracias imperfectas, en desarrollo y nos mantenemos en constante aprendizaje, aunque se caracterizan por la exclusión de grupos vulnerables que, por las deficiencias en los sistemas educativos, desconocen los beneficios de este sistema político y social nacido en la antigua Grecia y que otorga poderes a la ciudadanía.
Las nuevas realidades de la región exigen estrategias conjuntas de los gobiernos, apoyados en la cooperación internacional, bilateral y multilateral, y de ministerios de educación que en sus currículos fortalezcan los valores democráticos, promuevan el ejercicio pleno de la ciudadanía, el desarrollo de buenas prácticas de gestión de lo público y enseñen transparencia y lucha contra la corrupción. Todo ello, en el marco de la garantía del respeto a los derechos humanos.
Desde tiempos inmemoriales la educación ha sido la herramienta desde la que se ha abordado la concienciación social que a su vez produce los cambios profundos de actitud, individuales y colectivos, generadores de las transformaciones sociales que se aprecian en los contextos culturales, sociales y geográficos más diversos. Bien dice la Unesco que la educación lo puede todo, sin lugar a dudas.
Los proyectos socioculturales que se impulsan desde el marco de la educación deben convertirse en plataformas de encuentro, aprendizaje, reflexión y crecimiento personal, especialmente entre los jóvenes y adultos, de cara a su pleno desarrollo como personas libres y emancipadas, que se convierten en sujetos activos y no en meros receptores de las decisiones y orientaciones de la dinámica comunitaria.
Para consolidar procesos democráticos es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas se tornen agentes activos de la vida comunitaria, y esto pasa por reforzar la cultura de la participación en la que la identidad y la autoestima, el valor del trabajo colectivo y el sentido de pertenencia, son absolutamente fundamentales.
La masiva presencia de mujeres en los programas de educación popular, su incorporación al sistema educativo reglado y su vinculación progresiva al ámbito laboral, fijan las coordenadas de ese nuevo modelo de ser mujer y, en consecuencia, la directa repercusión en la organización familiar y en los profundos cambios sociales que están aconteciendo.
Alcanzar nuevas formas de relación entre hombres y mujeres es tarea crucial de la educación en sus diferentes modalidades y niveles, para abrir la puerta a otras maneras de socialización desde la infancia, con más respeto hacia la otra persona y sobre todo a la persona que es diferente.
La gran tarea de la educación en este sentido se resume en lograr la liberación de las mujeres de la invisibilidad que las ha apartado secularmente de los ámbitos de participación social y política, pero también de los de poder y decisión. También es necesario liberar a los hombres de su dependencia de modelos de realización estereotipados y, en definitiva, de liberarse juntos y mutuamente de ataduras y condicionamientos para avanzar hacia el «ser persona».
El reto a mediano plazo para la cooperación internacional requiere de la incorporación de la dimensión del género al análisis causal de la discriminación: avanzar conceptualmente, y en las respuestas a las necesidades prácticas y estratégicas del desarrollo con esta nueva visión de las relaciones entre hombres y mujeres.
En todo esto la educación formal y no formal y los proyectos socioculturales incardinados a los programas de desarrollo comunitario y de cooperación internacional, serán siempre medios fundamentales para producir los cambios de actitud y el nuevo paradigma de relaciones inter-géneros.
Siendo así, las estrategias de intervención contemplarán elementos de equidad desde una perspectiva relacional de carácter genérico, que sirvan a los fines de la transformación social y productiva y, que sean también la base para el pleno ejercicio de la ciudadanía y de la participación democrática.
Desde la perspectiva de la cooperación internacional para el Desarrollo, este proceso de visibilizar a las mujeres, de retomar el relato, reconstruir su historia y desarrollar nuevas relaciones entre ambos sexos, es un fenómeno relativamente reciente y no ajeno a ciertas controversias.
Debemos tomar en cuenta que cuando la cooperación para la democracia y los derechos humanos únicamente funge como un complemento externo a las iniciativas y acciones internas (tanto oficiales como de la sociedad civil) en los ámbitos señalados, solamente es capaz de otorgar el empuje extra para reforzar la transición requerida, siempre y cuando las acciones de actores externos se lleven a cabo de manera coordinada y complementaria.
Al respecto, y para sustentar lo señalado, Carolyn Bayles, investigadora de la Universidad de Leeds y experta en este tema, establece que "la retórica de los donantes para apoyar el desarrollo de la democracia en terceros países puede conseguir cierta significancia únicamente si existe un contexto nacional favorable para que ello ocurra".
Entonces, ante la crisis de la democracia en América Latina y otras regiones del mundo, la cooperación internacional, en determinados casos, debería de funcionar como una instancia complementaria de los esfuerzos locales en dicho ámbito, así como en torno a los derechos humanos.
Sin embargo la cooperación internacional por sí misma no constituye un instrumento eficaz para consolidar la democracia ni los derechos humanos. Es claro que la promoción de ambos objetivos amerita la amplia participación de la comunidad local (gobernantes y gobernados) en aras de que, mediante un amplio proceso participativo, el cual no se extingue con la mera celebración de elecciones limpias o de un sistema de partidos plural, se logren gradualmente metas políticas, sociales y económicas que respondan a las necesidades particulares del país en cuestión.
De allí que el papel de la ayuda para el desarrollo como promoción de la democracia y los derechos humanos sea, por definición, limitado, aunque en determinadas ocasiones, cuando es complementario de los esfuerzos internos y se realiza de manera coordinada y con objetivos claros y alcanzables, pueda catalogarse de positivo.
La cooperación internacional no debe continuar promoviendo aisladamente determinados componentes de la democracia (elecciones y sistemas multipartidistas) ni de los derechos humanos (civiles y políticos).
Por el contrario, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo del siglo XXI debe ampliar su margen de acción, impulsando el derecho al desarrollo, en el que la democracia, los derechos humanos, el combate a la pobreza, la igualdad de género, el cuidado ambiental, el comercio justo, etc., sin exclusión entre sí, constituyan los ejes de maniobra de este recurso de solidaridad global.