Los debates electorales han copado la atención en los últimos días. Eso ha provocado el despliegue publicitario tanto de los organizadores como de los participantes y sus equipos que multiplican esfuerzos para sacar provecho a la ocasión.
Como se ha destacado, los debates sirven para fortalecer la democracia. Y como es lógico entender, a la luz de que el mensaje político apela más a la emoción que a la razón, también sirven para promover esa espectacularidad –con alimento del morbo incluido- que suele entretener a la mayor parte de la gente.
Mientras, ojalá que los más recientes sirvan para que en la República Dominicana asumamos la costumbre de debatir, y de hacerlo con la altura y el propósito de realmente aportar con claridad de ideas y con la entereza que ayuda a transitar el trecho entre el dicho y el hecho.
Pero justamente coincidiendo con la fecha del debate entre los candidatos presidenciales, un acontecimiento político ha quedado solapado. De hecho, es la segunda vez que pasa en medio de contextos que le restan protagonismo. En el 2020 ocurrió en ambiente de pandemia; en el 2024, entre debates electorales. Este 24 de abril han sido renovados los gobiernos locales de la República Dominicana.
Independientemente de la cantidad de votos válidos emitidos en las elecciones de febrero, entre ediles reelectos, políticos que pasan del poder legislativo al municipal y también quienes se estrenan en cargos electivos, ya están instaladas las autoridades que han de conducir los destinos de la expresión de gobierno más cercana a las personas en el Distrito Nacional, 157 municipios y 235 distritos municipales.
Como es harto sabido, con todo y que ensayamos democracia desde el ajusticiamiento de Trujillo, sobran los ejemplos de “dictadorcitos” en diversos lugares de la geografía nacional. A esos malos ejemplos se suman ciertos acuerdos que vulneran el deseo expresado por la ciudadanía, ciertas tretas que dañan nuestro ensayo democrático. Desde el ejecutivo municipal que comienza relegando a quien ocupa la vicealcaldía hasta quien llega a operar a espaldas del concejo de regidores son muestras de esa deficiencia.
Ya sabemos que durante la campaña se apela a emociones para conseguir que la ciudadanía vote por una determinada candidatura. Pero desempeñarse desde el cargo ha de rebasar el tema de las emociones para concentrarse en la transformación de realidades, las mismas que posiblemente sirvieron para atraer a la población votante. Claro, eso es a menos que se asuma “que la gente es boba” y que hay muchas maneras para entretenerla, por supuesto, mientras se hace y deshace.
Resulta de alto valor caer en la cuenta de que cada vez más gente tiene acceso a información y a conocer sus derechos. Quedó atrás eso de que “el jefe es lo más parecido a Dios”. Ahora se cuenta con medios para enterarse y para hacer saber. Y eso convierte a la gestión, máxime a la que está más cercana a las personas, en una especie de “caja de cristal”.
Sobran los ejemplos de territorios en donde se confunde un plan estratégico con una lista de necesidades. Eso echa a perder la oportunidad para concentrar la gestión de gobierno local en dos ámbitos que dinamizan a las localidades: el día a día de la gestión y el foco en el futuro del territorio. Vale recordar que el largo y el corto plazo comienzan el mismo día. Pero abundan quienes confunden el primero con el plan para “algún día”.
Desde hace mucho se reclama la entrega del “diez por ciento para los Ayuntamientos”. Quizás sea recomendable que esa meta se logre después de asumir lo dispuesto en el Artículo 18, párrafo IV, de la Ley 176-07, donde dice: “Los ayuntamientos podrán solicitar la delegación de determinadas competencias al Gobierno Central, respondiendo a la demanda de la población y a partir de la demostración de que pueden hacer un ejercicio de las mismas más eficiente, eficaz, transparente y participativo”.
Ojalá que solo el comienzo de estas gestiones quede eclipsado. Ojalá que en breve tiempo podamos enarbolar con orgullo una buena cantidad de Ayuntamientos y territorios que pasen del dicho al hecho con eso de “garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes”.