Recién se celebró en el Salón de Convenciones de la Cancillería una reunión entre autoridades y ambientalistas para acordar formas de resguardar las áreas protegidas. La reunión tuvo carácter histórico por la participación del presidente Abinader y porque el lugar de la reunión elevaba el rango y prioridad de la tarea. Oportuno entonces es evaluar los roles y aportes de los ambientalistas en pro de la conservación ambiental. A sus importantes luces le lastran algunas preocupantes sombras de trascendentes tareas pendientes.
Frente a la opinión pública en los últimos tiempos, la comunidad ambientalista ha labrado una reputación de fiera defensora de la biodiversidad y de los ecosistemas claves del territorio. Han sido tantas las veces que logran bloquear proyectos que no compaginan con los objetivos de conservación que muchos la perciben como francotiradores que frustran las ansias de desarrollo económico del país. Ha sido tal la intensidad de sus embestidas que algunos sectores han comenzado a percibir sus quejas y alaridos como “terrorismo ambiental”.
Pero en la citada reunión los ambientalistas dejaron evidenciado que sus preocupaciones no son holísticas. Después del diagnóstico de la situación pasaron a proponer un Plan de Acción sobre las 5 principales amenazas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): “debilidades en la gestión, pobre institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente, usos de la tierra no compatibles con las áreas protegidas, irregularidades en la permisología y escasez de recursos financieros”. Obviamente, sus preocupaciones se centran en temas de gestión y de recursos.
Por su parte, el Ministerio Ambiente presentó su “plan nacional de reforestación-restauración de ecosistemas forestales y cuencas prioritarias que contempla acciones rápidas a dos años para la reforestación de 10 mil hectáreas”. Los ambientalistas parecen coincidir con esta prioridad porque en una declaración posterior expresaron que “el país vive el peor momento en cuanto a la depredación de los bosques”. También señalaron que las áreas protegidas requieren protección precisamente porque contienen las fuentes principales del preciado líquido.
Las visiones presentadas reflejan lo que cada parte considera prioritario. Los ambientalistas se centran en temas de capacidad de gestión, mientras el Ministerio prioriza una intervención específica para enfrentar el problema del agua. Pero hay algunas tareas pendientes que atañen a ambos bandos y que son fundamentales para encaminar adecuadamente la gestión ambiental general, no solo la relativa a las áreas protegidas. Estas tienen que ver con 1) el tamaño y composición del SINAP, 2) un defectuoso marco regulatorio (Constitución, leyes), 3) los recursos financieros, y 4) análisis de posibilidades de explotación turística de las áreas protegidas y de las posibilidades de la minería, dos sectores claves para el desarrollo económico futuro del país.
El tamaño de nuestro SINAP esta patentemente sobredimensionado. La gráfica #2 muestra que este representa el 25% del territorio nacional, mientras la meta de Naciones Unidas para la cobertura terrestre en América Latina y el Caribe es de solo un 17% (Meta 11 de Aichi).
Por otro lado, en el país existen actualmente 128 áreas protegidas de las cuales hay 29 que son parques nacionales. La exageración salta a la vista cuando conocemos que la gran mayoría de estas unidades protegidas no cuentan con lo mínimo para su protección y desarrollo (e. ej. planes de manejo, guardaparques, infraestructura de servicios, etc.).
Además de que el tamaño no guarda una proporción razonable con nuestro territorio, también el SINAP no tiene la composición requerida. Un estudio del 2008 de TNC revelo que su representatividad adolece de una seria de “vacíos biológicos” (en materia de cobertura terrestre, flora, agua, franja costero-marina) y en otros casos se sobrepasa innecesariamente. En consecuencia, el país debe comisionar al PNUD para que, con la participación de nuestros ecologistas, haga una evaluación del tamaño y composición deseables del SINAP y recomiende su adecuación.
Algo similar pasa con las disposiciones constitucionales y la Ley No.202-04 sobre Áreas Protegidas. El Art.16 de la Constitución parece problemático al declarar que estas “constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional.” Tal camisa de fuerza restringe los fueros de la propiedad privada que pudo haber en un área protegida antes de su designación. Un extenso análisis jurídico sobre el tema concluyó que “para alcanzar un equilibrio satisfactorio con base en la justicia, no existe otra clave más certera que el contenido esencial del derecho de propiedad. Esta insoslayable realidad nos obliga a revisar caso por caso, para así efectuar un análisis ponderado, juicioso y profundo sobre este tema.”
Respecto a la Ley No.202-04 se conocen dos evaluaciones que dejan su validez muy en entredicho. La primera es de la Comisión Ambiental de la UASD y de la Academia de Ciencias e identifica “las propuestas que resultan atentatorias contra el medio ambiente y su conservación, colocando ideas y propuestas para corregirlos”. Mientras una segunda de la Academia dice que la ley “crea una telaraña teórica que envuelve a todo el Sistema con un manto de confusión e incertidumbre. Los mandatos erráticos o confusos y la definición de categorías de manejo inexistentes, hace prácticamente imposible una clasificación de las unidades del Sistema en base a los parámetros y normas universalmente aceptadas en este campo tan especializado de la conservación de la naturaleza, por lo que se dificultaría enormemente la gestión de los espacios que en esta ley aparecen como protegidos.” Razones hay para pensar entonces que esa legislación debe revisarse.
En particular, las fallas de la gestión de las áreas protegidas fueron identificadas por una Auditoria Coordinada 2015-2019 de la Cámara de Cuentas, la cual fue realizada en el 2020. El Capítulo II del informe correspondiente identifica un abanico de debilidades, para lo cual la Cámara recomienda: “Disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y conclusiones que se incluyen en este informe final, remitiendo un informe a la Cámara de Cuentas de la República, en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la fecha del recibo oficial del mismo, sobre el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones.” ¿Ha cumplido el Ministerio Ambiente con este mandato?
Entre las recomendaciones específicas pendientes de realización resalta, en primera instancia, que el Ministerio de Turismo elabore una Estrategia Nacional de Turismo en Áreas Protegidas. Además, el viceministerio de Áreas Protegidas informó a la Cámara: “Dentro del POA Presidencial del 2021 está determinado desarrollar una estrategia de ecoturismo, que deberá ser revisada, para retomarla de nuevo, con el objetivo de fortalecer la opción de turismo de naturaleza (,„). Sin embargo, ninguna de estas tareas se ha llevado a cabo.
Por otro lado, los recursos financieros de que dispone el Ministerio Ambiente para dar cumplimiento a su misión hacen del concepto de área protegida una quimera. En cumplimiento de la ley que creó la Cuenta Única del Tesoro todos los ingresos provenientes de las áreas protegidas van a esa cuenta y no los administra el Ministerio. Un proyecto de Reingeniería del SINAP identificó nuevas fuentes de financiamiento y aumentó las recaudaciones, pero es bien conocido que hoy el Ministerio sigue huérfano de un presupuesto adecuado. Aunque existe un Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas para “apoyar la gestión y el fortalecimiento de capacidades del SINAP” este no alcanza para paliar mínimamente los déficits operativos.
Finalmente, la comunidad ambientalista debe producir una evaluación de potencialidades y posibilidades para la explotación del turismo y la minería. Estos son dos sectores claves para el futuro desarrollo económico de la nación. Es conveniente que la comunidad ambientalista realice evaluaciones realistas que compaginen con la necesidad de combatir la pobreza de casi un cuarto de la población. Si identifican dónde y qué puede ser desarrollado se evitarían polémicas que ahuyenten a potenciales inversionistas.
No cabe duda de que la comunidad ambientalista y el Ministerio Ambiente tienen una tremenda carga de trabajo pendiente. Por eso no puede pensarse que la gestión de ambos está produciendo una perfección ambiental. Por suerte el Ministerio tiene ahora un ministro idóneo y comprometido.