Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan cerca del 90% del tejido industrial dominicano. Por medio de su funcionamiento, dinamizan las actividades productivas, fortalecen la inclusión económica, reducen la pobreza y mejoran la equidad distributiva. De esta forma, contribuyen con la estabilidad social y la convivencia pacifica en el país.
Las compras y contrataciones públicas constituyen un mecanismo idóneo para impulsar el fortalecimiento y desarrollo de las MIPYMES industriales debido a que les permiten el acceso a un amplio mercado que demanda bienes y servicios que pueden ser suplidos por estas unidades productivas-siempre y cuando estén en capacidad de hacerlo-cumpliendo con el pliego de condiciones de compra prestablecido.
Recientemente, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 31-22 que instruye a toda institución pública encargada de programas de alimentación, alivio de la pobreza o la protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en áreas rurales deprimidas y en la zona fronteriza, para que los procesos de compras que realicen, a fin de adquirir bienes producidos en el territorio dominicano y relacionados a su objeto, sean adquiridos exclusivamente a MIPYMES industriales.
Esta disposición busca contribuir con el desarrollo económico del país y la generación de empleos, siempre que en el mercado existan MIPYMES industriales que demuestren tener capacidad para suministrarlos. Este mandato gubernamental aumentaría la capacidad generadora de empleos de la industria y reafirma el compromiso adquirido por el Estado dominicano establecido en normativas vigentes que van desde la Constitución pasando por acuerdos comerciales como el DR-CAFTA, así como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Las MIPYMES industriales tienen un rol fundamental en la economía debido a que constituyen una fuente significativa de creación de empleos.
El decreto 31-22 lleva a cabo las acciones priorizadas de la Mesa Presidencial de la Industrialización. Los requisitos exigidos a las MIPYMES industriales son: 1) Tener registro de Proindustria; 2) Tener certificación de MIPYMES otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM); 3) Estar registrada como proveedor del Estado; 4) Demostrar capacidad para suministrar los bienes; y 5) Cumplir con el pliego de condiciones de compra.
El registro industrial es un código asignado de carácter público y obligatorio. Es distinto del registro industrial y mercantil y, lo más importante, es gratuito. Es el procedimiento que certifica que una empresa realiza un proceso de transformación manufacturera. Es administrado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)[1].
La certificación de MIPYMES la emite el MICM a las empresas, naturales o jurídicas que cumplen con los parámetros establecidos en la Ley 187-17 y está correlacionada con el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Esta certificación, que se emite por un período de vigencia de tres meses a un año, promueve el acceso al 15% de los presupuestos destinados a compras y contrataciones estatales a MIPYMES y al 5% destinado a MIPYMES dirigidas por mujeres.
La certificación MIPYMES mujeres, ofrece la oportunidad de dar visibilidad a las mujeres para participar en los procesos de compras y contrataciones de las instituciones públicas cumpliendo así con la ley 488-08[2].
El Registro de Proveedores del Estado (RPE) es la base de datos actualizada de todas las personas físicas o jurídicas que están habilitadas para participar en cualquier proceso de compras o contrataciones convocado por las distintas instituciones gubernamentales en el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su reglamento.
Para participar en un proceso de contrataciones es obligatorio estar inscrito en el RPE o presentar la solicitud de inscripción junto con la entrega de la oferta, según lo establece el artículo 7 de la referida ley. Este es un servicio gratuito, con un plazo máximo de respuesta de cuatro días hábiles para las solicitudes realizadas de manera presencial y dos días hábiles para las solicitudes vía en línea a través del portal transaccional[3].
Un dato relevante es que las MIPYMES industriales pueden certificar los productos que ofertan en el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), ya que en caso de ser proveedores de alimentos y bebidas deben tener un registro sanitario. Las estructuras productivas que transforman harina y sus derivados, así como alimentos crudos (panaderías y cocinas) pueden agilizar este proceso por medio del apoyo de PROINDUSTRIA.
Los requisitos básicos de certificación son: la empresa debe estar legalmente constituida, tener su Registro Industrial, Registro Sanitario (en caso de alimentos y bebidas), certificados de origen de materia prima y cumplimiento de la norma y/o reglamento aplicable al producto[4].
Es importante resaltar que las MIPYMES de servicios, así como las ONG no podrán beneficiarse del decreto 31-22 porque no realizan una transformación de materias primas. Las cooperativas o confederaciones MIPYMES tampoco podrán hacerlo por estar conformadas por múltiples estructuras productivas. Pero, si dentro de sus miembros existen MIPYMES industriales podrán hacerlo de forma individual.
La relevancia de esta medida gubernamental se puede dimensionar con los datos de un estudio realizado por el Observatorio MIPYMES donde se evidencia que el monto adjudicado a estas estructuras productivas durante el periodo septiembre 2012 a marzo 2020 represento el 39.5% del total de las compras públicas.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en 2021 el gobierno dominicano compró principalmente medicinas e insumos médicos, textos educacionales, frutas y verduras frescas, así como alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros rubros.
Las MIPYMES industriales tienen un rol fundamental en la economía debido a que constituyen una fuente significativa de creación de empleos. Las compras públicas ofrecen una oportunidad única para que estas estructuras productivas amplíen su espectro y mejoren la calidad de la oferta nacional.
El decreto 31-22 implica una profunda democratización de las oportunidades y una revalorización del concepto “Hecho en República Dominicana”, que llevará bienestar a todos los dominicanos. Una excelente medida para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleos que tendrá que ser necesariamente acompañada de un intenso programa de educación y asesoría permanente a los propietarios y aspirantes a crear MIPYMES industriales.
Una atinente y oportuna medida.
[1] Ver requisitos aquí: Proindustria | Registro Industrial
[2] Ver requisitos: Servicio al Cliente (Servicios) (micm.gob.do)
[3] Ver requisitos: https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/
[4] Ver requisitos: Certificación de Productos – INDOCAL