El trámite innecesario de sacar la revista lo sepultó desde el 2015 la sabia decisión de un ministro. Resucitarlo ahora no es moderno. La inspiración para finiquitar ese incordio le llegó al funcionario al ver como un poseso a subalterno. El director general de Tránsito Terrestre, embriagado de autoritarismo, tronó con que no habría prórroga para la inspección de los doscientos mil vehículos que se estimaba no habían sido sometidos por sus propietarios a la inspección anual. “No van a circular. Punto”. Es probable que así se manifestara con un movimiento repulsivo de cuello que le movió la pluma del bicornio.

Eso fue a finales de diciembre del 2014. Nuevamente se repetía la infamia de propietarios en largas filas con sus autos para que un inspector chequeara botiquín, triángulo, gato, llave rueda y goma de repuesto que, en caso de no andar con todos o faltar algunos, los podía adquirir en combo o por partes en las mismas inmediaciones de las oficinas. Al espectáculo lo llamé “La Revista Fascista” en un artículo publicado en este medio y solicitaba su derogación, en primer lugar, porque ese negocio informal de alquileres probaba que era un trámite inútil. Hitler, por ejemplo, hubiera fusilado en el acto al jefe de la Gestapo que encargó determinar si eran arios o judíos los convocados a pasar por su cuartel general, si en una visita sorpresa se encontraba en los alrededores con catorce tarantines improvisados donde se facilitaban documentos que podían demostrar una ascendencia puramente germana.

El ministro Gonzalo no tuvo que fusilar a nadie, simplemente acabó con el humillante proceso para los propietarios en regla, la gran mayoría, y la irracionalidad de que los ingresos por la inspección, que era en realidad la única motivación de montar el espectáculo, provocaban una reducción dramática de los ingresos por los impuestos a los combustibles. En efecto, así como barco parado no da flete, vehículos impedidos de transitar por días en lo que les llegara el turno de inspección dejaron de ingresar el impuesto específico y el ad-valorem que recibe el gobierno por cada galón con la estructura socialista de precios de las gasolinas y gas para el transporte. Esa fue la situación que expliqué por este medio apenas una semana antes de que anunciara una prórroga por unas semanas que, afortunadamente, se extendió por años.

Creer que este trámite aporta a la solución de los problemas en las vías públicas es equivalente a dar crédito a que las muertes por infartos serían menores si una ley obliga a los adultos a presentar para una inspección anual a un médico de Salud Pública, la mochila, bulto o morral con que hacemos ejercicios. Con el corazón y el auto la seguridad de su funcionamiento no depende de perder un día en oficina pública para cumplir con el cotejo de una lista de cachivaches. Determinar si un vehículo representa o no un peligro en las vías públicas es una labor diaria donde la responsabilidad cae en la AMET.  “Sea Usted el Jurado” de cómo percibe la cumplen durante el día, ya que de noche no trabajan y se puede circular sin luces. Con esto bastaría para bajar el telón para siempre, pero demos un vistazo al tema financiero.

La revista es una afrenta para quienes por la propiedad de un vehículo pagan aranceles, ITBIS y placas, compran pólizas de seguro y todos los días cumplen con el oneroso gravamen sobre los combustibles.  La amenaza de prohibirles la circulación por no comprar un recibo de RD$45 y hacer fila para la inspección, es un acoso soberano. De entrada, quitar las fechas límites y dejar a los conductores que se presenten cuando les dé la santa gana es lo más favorable para las finanzas públicas.  Esta semana, por cada galón de gasolina regular se pagan RD$78.16 de impuestos; por uno de gasoil regular, RD$47.24.  El sueño del director de Tránsito Terrestre de que se le otorguen plenos poderes y bicornio con plumas para que la mitad de los carros sin revistas no consuman combustible hasta que él los haga cumplir la ley, es una pesadilla con demonios por la reducción de los impuestos para la Tesorería Nacional.  Le conviene despertar.”

 

En el artículo “La Revista Armoniosa” felicité la decisión de la prórroga acabó con el fastidio, fue un alivio ver que se extendió por todo el año, que en diciembre no se habló del tema y que hoy tenemos policías de AMET que nunca han oído hablar de la revista porque desapareció del menú de requisitos solicitan para fiscalizar.  La ilusión de su descanso eterno acaba de finalizar con una propuesta de alianza público-privada que rescatará un trámite no tiene sentido por más tecnología de punta madre o cualquier proporción más decente del tanto para ti tanto para mí con que se quiera vender.

Si el gobierno quiere tener una idea de la situación del parque vehicular simplemente tiene que hacer una encuesta trimestral o semestral que, si quiere economía y profesionalidad en su elaboración, puede solicitarla al Banco Central.  La entidad puede con gusto incorporar una encuesta de esta naturaleza porque así tendría más informaciones del sector transporte, de utilidad para la medición del PIB de esa actividad o para analizar los bienes y servicios que están en el grupo Transporte de la canasta básica con que mide la inflación.  Esa encuesta le dirá, por ejemplo, el porcentaje de autos que están con el tubo de escape de gases deteriorado, vidrio delantero cuarteado y sin botiquín. Todas son faltas que están en el talonario de multas de AMET, la entidad que es responsable de vigilar en las carreteras que los autos no tengan signos visibles de deterioro representen un riesgo a los usuarios.

Las alianzas público-privada, los fideicomisos públicos y cualquier otra forma en que se quiera involucrar al sector privado en la mejora de servicios públicos, lo primero que tiene que pasar es una prueba de pertinencia. Resucitar un trámite para una actividad que no se ha realizado en siete años es prueba suficiente de que es una inspección inútil.