Damnatio Memoriae y Abolitio Nominis son términos que provienen del Latín. Ambas figuras son esenciales para abordar la crisis generada por la Academia Dominicana de la Historia con la inclusión del general Ramiro Matos como miembro. Aunque no somos lingüistas, sabemos que el latín es un idioma de esencias conceptuales, muy utilizado en el derecho, la filosofía y la religión. Se registra como lengua indoeuropea, de la que desciende el español o castellano. Del latín provienen también, otras lenguas romances como italiano, francés, gallego, portugués, catalán y rumano.
Damnatio Memoriae y Abolitio Nominis, son expresiones latinas que significan “condena de la memoria” y abolición del nombre. Insólitas prácticas legislativas y jurídicas de la antigua Roma, que como sus denominaciones precisan, condenaba el recuerdo de un enemigo del Estado, tras su muerte. Cuando el Senado romano decretaba la “Damnatio Memoriae”, se procedía a eliminar todo cuanto eternizara al condenado. El Abolitio nominis añadía a la penalización “que tampoco podía pronunciarse en público el nombre del condenado”.
En vez de incluir en su nómina de historiadores figuras de dudosa reputación y ética pública, la Academia Dominicana de la Historia debiera considerar estos procedimientos de penalización y condena histórica. Formular y proponer procedimientos jurídicos similares a Roma, pues en República Dominicana hay cientos de asesinatos y crímenes impunes que la Damnatio Memoriae y Abolitio Nominis son disposiciones jurídicas de oportuna validez.
La Damnatio Memoriae y Abolitio Nominis prohibían designaciones de lugares públicos, calles, parques, bustos, estatuas a escala, pinturas, monumentos e inscripciones. Roma es una referencia decisiva para la continuada práctica dominicana de declarar no culpables y lavar conductas que implicaron la muerte de inocentes, la persecución y ejecución de crímenes de “lesa humanidad”. Transgresiones condenadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El debate y precisiones institucionales de Mukien Adriana Sang, José Chez Checo y Rafael Emilio Yunén Zouain sobre la inclusión del general Ramiro Matos González en la Academia Dominicana de la Historia es vital. Originalmente motivado por una comunicación crítica de los hijos de Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal, sobre el asesinato de su padre en las Manaclas, municipio San José de las Matas, Cordillera Central del Cibao.
Los hijos de los héroes y mártires dominicanos, Minou y Manolo Tavárez Mirabal, afirman que Matos González presentó a la Academia “un currículum vitae adulterado", y preguntan a los académicos si no saben “que cuando se manipula la verdad y la democracia se convierte en demagogia se corre el peligro de caer en una dictadura o de verse impedido de dejar atrás las dictaduras de Trujillo y Balaguer”.
Es momento de recordar la Roma antigua. De valorar cómo el Senado romano legislaba para maldecir la memoria histórica de emperadores y militares sanguinarios. Una de las más famosa fue la “Damnatio Memoriae” sancionada contra el emperador Tito Flavio Domiciano, cuya historia fue tachada de los registros oficiales y su obra borrada de la mención colectiva.
El emperador Domiciano trajo paz y crecimiento, pero bañó con sangre inocente calles, templos y villas del imperio romano. Estos hechos son significativos, porque todavía algunos sectores reivindican los asesinatos de los presidentes Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer como una mera transición, acción o pasos violentos necesarios para lograr el actual desarrollo de la República.
Damnatio Memoriae se aplicó contra Calígula que fue el primero en ser condenado por este tipo de mandato sancionatorio. Pero también a otros emperadores romanos como Nerón, Cómodo y Constantino II, que también fueron sancionados.
La condena de la memoria era una medida adoptaba por el Senado en contra del recuerdo de algún enemigo del Estado. En el caso de los emperadores, una vez que habían muerto, el Senado procedía a decretar su divinización, la Apoteosis, autorizando su culto público. Sin embargo, excepcionalmente podía ocurrir que el emperador muerto hubiera sido nefasto, criminal y sanguinario, cuando se combinaba la Damnatio Memoriae con la Abolitio nominis.
En tal virtud, las valoraciones de Mu-kien Sang Ben, Rafael Emilio Yunén Zouain y José Chez Checo, sin entrar en los detalles de las argumentaciones, son vitales. Pertinentes para discernir sobre moral pública y valor del mérito personal.
Debemos hacer lo debido para impedir la acreditación histórica de lo apócrifo y el reconocimiento subrepticio del crimen de Estado. Sabemos que en República Dominicana, desde un club barrial hasta las más encumbradas academias, universidades y asociaciones empresariales reparten certificados, trofeos, placas y medallas como regalos en una mañana de pascuas.
Sin embargo, la Academia Dominicana de la Historia no debiera ser parte de este especial estilo de manejar la “meritocracia pública” o como se decía en Roma, el “Cursus Honorem” de los ciudadanos.
En lo que se aclaran los hechos, Ramiro Matos debiera renunciar de la Academia de la Historia. Pero, su inoportuna inclusión como historiador permite analizar acciones de cientos de personajes que, luego de ejecutar crímenes y asesinatos por orden superior, desean más que los méritos de la rama militar, aquellos laureles propios de los hombres de bien.
Dos experiencias arrojan luz. El Tribunal de Nuremberg al concluir la Segunda Guerra Mundial y las Comisiones de la Verdad de América al final del pasado siglo XX. Luego de devastar Europa y asesinar millones de seres humanos indefensos; políticos, arquitectos, generales y empresarios del Tercer Reich de Adolfo Hitler, alegaron inocencia. Justificaron que habían actuado más que por convicción por órdenes emitidas bajo el imperio de la ley en una nación en guerra.
El tribunal escuchó a 240 testigos y procesó 300 mil evidencias. Entre 24 acusados, condenó 12 a muerte, siete a prisión y otorgó tres indultos. Las Comisiones de la Verdad analizaron políticos y militares, que ejecutaron acciones violatorias de los derechos humanos, siendo oportunamente sometidos a la justicia.
Mu-kien, Yunén, Chez Checo, Manolo y Minú Tavárez Mirabal, aportan razones para reconstruir el mérito y sancionar conductas reñidas con la ley y la ética pública. Donde debemos aplicar severamente a diversos criminales de Estado la Damnatio Memoriae y el Abolitio Nominis.