Con montantes, fuegos artificiales y alegría entramos en el año 2023 deseando que nos sea auspicioso, tanto de manera individual como para todo el pueblo dominicano. El presente año debe ser el de la consolidación del cumplimiento de las promesas del gobierno del Cambio, que ha sido generador de grandes expectativas.

 

No obstante, pasados los doce golpes de la media noche no podemos dejar de ver la realidad. Hay escollos en el camino, hay dificultades que pudieran degenerar creando incluso situaciones volátiles y ello debe ser debidamente considerado.

 

Para esperar los acontecimientos con pies firmes debemos gozar de una sólida salud mental. Ello nos permitiría atravesar con ecuanimidad los vaivenes de la época en que vivimos.

 

La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad.

 

En América Latina los trastornos de depresión y ansiedad son, respectivamente, la segunda y cuarta causa principal de disminución de las actividades de la vida diaria.

 

En 2019, antes de la pandemia, se afirmaba que el 20 % de la población dominicana sufría de algún trastorno mental. Lo que llevaba a más de 2 millones las personas afectadas en nuestro país. Sin embargo, el presupuesto destinado a la salud mental no llega al 1% de los fondos de los que dispone el Ministerio de Salud.

 

La templanza hace falta cada día más en el seno de nuestra sociedad posCOVID-19. El umbral de violencia llega tan alto que afecta el bienestar general. La violencia está dondequiera: en la prohibición del aborto en sus tres causales, en las uniones tempranas y sus secuelas de desastres intrafamiliares, en los castigos corporales infligidos a los menores, en la cantidad de feminicidios con o sin suicidio del asesino, en el uso de sustancias toxicas o el alcoholismo, entre otros.

 

Esta violencia es provocada en muchos casos por personas que han sufrido trastornos violentos generando una cadena sin fin: los victimarios son víctimas que no fueron atendidas. Estos hechos, muchos de ellos normalizados, provocan sin embargo una alta morbilidad y derivan en una alta carga de discapacidad y mortalidad.

 

Así, el final de año fue empañado por un acto emblemático:  el suicidio de un padre depresivo, abandonado por su esposa, que mató antes de quitarse la vida a dos de sus hijos, en un acto de violencia vicaria para herir a su exesposa en lo que más le podía afectar, resumiendo en un solo acto el suicidio, el asesinato, la violencia machista, la depresión y el “laissez-faire” de su familia que no lo tomó en serio.

 

A pesar de que estos problemas son tan prevalentes y de que los programas de atención existen en el marco legal e institucional, la realidad es distinta. Muchos factores obstaculizan la búsqueda de ayuda de parte de las personas necesitadas que afrentan bajos niveles de conocimiento sobre este tipo de enfermedades, la estigmatización, la discriminación y la mala calidad de los servicios, concentrados en el gran Santo Domingo y Monte Plata.

 

Además, los psicólogos no tienen siempre la formación adecuada para hacerle frente a todas las patologías  y los psiquiatras en el sector público ofrecen consultas generalmente en horas de la mañana, con citas difíciles de conseguir. El alto costo de la medicación la hace inaccesible para amplios sectores e impide mejorías.

 

Lamentablemente, el paciente con ansiedad, depresión e ideas suicidas anda suelto con su pena y su enfermedad. Si bien su salud mental es responsabilidad en primera instancia de Salud Pública, más allá de lo físico y lo mental su bienestar está íntimamente ligado a aspectos sociales, políticos y culturales y acaba por ser un elemento más de las graves desigualdades sociales que prevalecen en la República Dominicana.