La función pública, una aspiración del desarrollo democrático.

En un Estado moderno deberían  distinguirse unas cuestiones vitales:
1.-  La normativa general que rige a la sociedad (Constitución, leyes, reglamentos); 2.- Las organizaciones (órganos del Estado, congreso, ministerios, direcciones, departamentos de la administración pública; órganos de la justicia, cuerpos militares y policiales, ayuntamientos); regidas por esa normativa, que cumplen quehaceres determinados y diferenciados entre unas y otras; 3.- Las  políticas públicas que se definen y aplican para responder a las necesidades del pueblo y de la nación como tal; 4.- Los recursos financieros con los que se cubren todas las necesidades y funciones, y 5.- Los servidores y funcionarios públicos, con los cuales el Estado cumple todo lo anterior.

En un Estado que se precie de moderno, estos servidores y funcionarios públicos se suponen calificados, estables y reclutados conforme a una norma. Su ingreso a la función pública, permanencia, ascenso y retiro de la misma, hacen parte de una institucionalidad, y deben aportar a la calidad del proceso democrático; es decir, a satisfacer de manera eficiente y eficaz las necesidades del pueblo, y los propósitos del Estado.

Este es el ideal. Porque todo eso debe corresponder a una realidad material; a la economía general del país principalmente.

En República Dominicana "el Estado es el principal empleador".  La cantidad de empleados   andar en este momento  por las  634 mil 407 personas.

Conseguir un puesto en el Estado, principalmente en el gobierno, es una aspiración de miles de ciudadanos dominicanos.

La militancia política, y por supuesto, la oferta de los partidos políticos a su membresía,  están atravesadas por esta realidad..

Los que  se "fajan" para que su candidato y partido ganen, esperan con justa razón ser recompensados con un nombramiento.

Y,  desde que las tendencias se hicieron dominantes en los partidos del sistema, la lucha por un empleo corre por los rieles de las mismas. Los equipos de los aspirantes a posiciones electivas en el Estado y del partido mismo, se han constituido  en los reales comités de base de estos. Es un hecho singular en el proselitismo político dominicano, y en muchos otros países de América Latina.

Esta realidad es la que pauta la integración del gobierno una vez se han ganado las elecciones. Se distribuyen los ministerios, direcciones; en general, los órganos de la administración pública, en atención a los aportes de los cabezas de tendencias en la campaña electoral.  Esa distribución no suele hacerse en función de los propósitos del Estado, sino en correspondencia a la fuerza y aportes de los líderes de tendencias al triunfo electoral; y estos, se apoyan en la parte del Estado que les ha sido asignada para sus aspiraciones electivas futuras.

El Estado deviene así en un conglomerado de  micros propósitos.

Si  no mal recuerdo,  hay pasajes de  la novela  La Sangre, de Tulio Manuel Cestero, que narra las adversidades políticas y sociales durante la dictadura de Lilís;  y uno de sus personajes, necesitado de un empleo público, lo busca, lo cabildea, y hasta se ve en el dilema de tener que plegarse a los dictámenes de la dictadura para lograr el nombramiento ansiado.

Parece hoy.

Con la gravedad de que esta realidad se ha hecho dominante en la actividad político/ partidaria,  y  ya  toca el progresismo y la izquierda.

Se ofrecen nombramientos en  el  Estado para conseguir votos, y hasta financiamientos de campañas electorales.

Y si se quiere "ningunear" a un líder o dirigente político, no se le da ningún cargo o área del Estado, para proyectar la idea de que este no significa nada, porque no puede garantizar nada a sus seguidores.

Así las cosas,  hay cualquier cantidad de semianalfabetos en funciones públicas esenciales para los propósitos del Estado y el bienestar general del pueblo. Y gente en posiciones para las que no tiene competencia técnica ni profesional. Ha sido así en gobiernos anteriores, y es así en este.

 

Aunque es de reconocer, que en determinadas áreas el presidente Luis Abinader ha tenido el cuidado de designar gente calificada en el plano técnico y profesional, que dan brillo a la gestión de gobierno.

Superar esto es un desafío de la lucha por el desarrollo social y económico del país, y un régimen político institucional democrático que, entre otras cosas debería conducir al establecimiento de la función pública, de la carrera en la administración pública, exenta lo más que se pueda del clientelismo político, y dirigida a garantizar el cumplimiento de las funciones sociales del Estado, gobierne quien gobierne.

Por lo pronto, dado que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dejó minada la administración pública al PRM, con decenas de miles de empleados "protegidos" por una ley, lo pertinente sería que el gobierno se proponga diversificar la economía nacional, crear nuevas áreas productivas y generar empleos productivos. Con la cantidad de millones de pesos que se entregan en tarjetas como caridad pública se generarían iniciativas empresariales que darían empleos dignos a quienes reciben esas ayudas y a muchas más;  y tendrían un impacto paramétrico en la economía nacional, aumentando la demanda y la oferta nacionales, e impactando así al fisco y el producto bruto interno, y, por demás, generando desarrollo.