Una singularidad de la democracia dominicana
En la República Dominicana no hay cultura, ni instituciones, para contrapesos de distintas fuerzas en el gobierno; a fin de garantizar contenidos y eficacia en las políticas públicas, y además suele ocurrir que el partido ganador se asume con el derecho absoluto de copar las posiciones públicas.
Una circunstancia a tomar en cuenta es que en República Dominicana “el Estado es el principal empleador”; las militancias partidarias en buena medida fundamentan su causa en la posibilidad de obtener un cargo, o un empleo público, cuando su partido gane la dirección del Estado, o una porción de este, a nivel municipal especialmente.
De acuerdo a la nómina de cotizantes de la seguridad social consignada en la Tesorería del Seguro Social, TSS; a junio del 2019, el Estado dominicano tenía una nómina general ascendente a 634 mil 407 empleados. Esto era el 28. 5% del empleo formal general del país. Es decir que el Estado ocupa más de la cuarta parte del empleo formal nacional.
La potencialidad del empleo público puede observarse a partir del hecho de que casi el 25 % del empleo del país es informal, inseguro, y buena parte es aspirante a encontrar un cupo en la administración pública. Habría que sumar a los desempleados que también serían potenciales candidatos a un empleo en el Estado.
Entre los años 2009 y 2018, de ejercicio de gobierno del PLD, la nómina pública creció en un 74. 3%.
En el año 2016, la República Dominicana ocupaba el cuarte lugar más alto de América Latina en la relación empleados públicos y el empleo total. Era de 14. 8%. Entonces solo estaba por debajo de Argentina (18.4%); Panamá (15.6%) y Uruguay (15. 0%).
Pero ese crecimiento de 74. 3% entre 2009- 2018 elevaría la relación a 28. 5% en junio del 2019.
Si a esta carga de los empleos en la nómina del Estado se sumaran las prestaciones a pensionados y jubilados, y los subsidios sociales mediante tarjetas y otros instrumentos, el 38% de la población dominicana dependería económicamente del gobierno.
Hay razones objetivas para que el Estado dominicano siga siendo un recipiente de empleos. Y solo un cambio de rumbo en la vida política del país, en la economía, la política y la cultura general, que determine un programa sostenido de diversificación de la economía nacional, de generación ascendente de empleos productivos, bien remunerados y estables, y de desarrollo de las fuerzas productiva y el mercado, nacionales, podrían reducirle al Estado su papel de principal empleador; y, por consiguiente, dejar de ser una especie de “bolsa de empleos” del partido que gana unas elecciones.
En todo este contexto señalado, es de rigor pensar en torno a qué se conciertan coaliciones electorales en nuestro país. Valorar cuál es, siquiera el mínimo de posibilidad que tiene un partido que haga parte de una coalición ganadora, de incidir en la definición y aplicación de las políticas públicas que se aplicarán desde el gobierno; que son las que en la práctica expresan el ideal de sociedad que tiene como razón de ser.
Desde una postura de ética política, esto debiera ser más importante que plantear las aspiraciones a ocupar determinados cargos públicos, que serían de mucha importancia, claro está, pero como componente integral al programa de gobierno a desarrollar.
Porque la imposibilidad, o las posibilidades mínimas, de ser parte de la definición y aplicación del programa de políticas reduciría el cargo que se ocupe a un simple empleo remunerado; bien, regular, o mal remunerado, pero un empleo al fin que podría ser promotor, o ejecutante, de políticas públicas que no corresponden a la ética, del proyecto de sociedad que se postula.
El derecho a un empleo, en el sector público o en el privado, pero sobre todo en el primero, no puede ser confundido con “cuota de poder” ganada por participar en una coalición triunfante. Porque el cargo que se ocupe solo es poder si participa en la definición y aplicación del programa de políticas públicas que desarrolle el gobierno.