La nueva gestión del presidente y las propuestas constitucionales que se comienzan a difundir en la opinión pública, así como las reformas que se presentarán en el Congreso, el próximo 16 de agosto, aportan repuestas a la pregunta ¿cuál es el rumbo estratégico del nuevo gobierno?

Pareciera que el accionar y la estrategia de gestión se encaminan a lograr que el conjunto de cambios formales impulsados durante la primera gestión de gobierno no retrocedan a etapas superadas de la administración pública y asimismo ir por más.

Este triunfo electoral aleja mucho más, pero no elimina, la estructura y las posibilidades de retorno de la “dictadura perfumada” que gobernó durante las décadas pasadas. La gestión presidencial en el actual escenario político, concurrirá con la aspiración de convertir la República en un país plenamente desarrollado que duplique el PIB al 2036.

Por el momento, se han cercenado las probabilidades para que un órgano partidario, denominado “Comité Político”, eje de las cuatro gestiones sucesivas de gobiernos anteriores, volviera a dominar el Estado al mejor estilo del Partido Bolchevique de la URSS.

Ahí se disponían órdenes que se cumplían al pie de la letra, en los 330 organismos del Estado dominicano. Eso era lo cotidiano y esperado luego de aquellas reuniones de los lunes.  El Poder Ejecutivo, el aparato judicial, hasta en el mismo centro del ministerio público, marchaban al ritmo de las decisiones que salían de la “Oficina Presidencial de la Zona Universitaria”.

Es decir, en los 25 ministerios y 124 Direcciones Generales y Superintendencias; también en los 102 organismos descentralizados. Asimismo, en el Senado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, se cumplían las disposiciones de un órgano partidario que lo contralaba todo.

Estas elecciones recompusieron la oposición política y permiten un período de reflexión autocrítica al partido y sus desprendimientos, que gobernó en el pasado reciente.

Para Wilfredo Lozano en su análisis “La Política del Poder” del 2017 y otros autores locales e internacionales, hay varios factores que constituyen las esencias del núcleo crítico de la democracia dominicana del pasado reciente. Causas estructurantes que aunque han mermado se mantienen latentes.

La monopolización del poder estatal por una sola organización es una amenaza constante, a partir de la dispersión de los partidos de oposición.

A diferencia del caso mexicano, donde el PRI fue producto político organizador del poder, tras la revolución del 1910, la gestión del partido que gobernó el pasado reciente dominicano, instaló un poder clientelar grande, pero débil en su capacidad de control del cuerpo social y la vida de la sociedad civil, así como en lograr una gestión pública transparente y participativa. Todavía padecemos de esta falta de concreción de la participación social y el desarrollo descentralizado.

Del 2024 al 2028 es el tiempo para desarrollar las gestiones irreversibles para tener una nueva República. Edificada en un escenario planificado en transparencia, innovación, democracia, atracción de inversiones y distribución de riquezas.

Para abrir una fase, donde en vez del lamento social, predomine la acción pública y privada efectiva. La que se implantó desde la altura más encumbrada del Estado, hasta la base más organizada del barrio. Para saltar por encima de los errores, que los habrá y no pocos.

Porque los ministros y funcionarios que actúen antes que perder tiempo en teorizaciones y políticas apócrifas, serán doctores de la acción. Phd en producir resultados y másteres en el impacto inmediato de sus gestiones. Basta ya de seminarios filosóficos este periodo de la acción transformadora.

Pero, asimismo, debemos tender en proceso avanzado de solución, nudos gordianos que nos acompañan desde hace décadas. Salud con atención primaria. Educación de calidad. Energías renovables. Protección ambiental de capa verde. Ordenamiento territorial nacional y municipal y fiscalidad socio-retributiva.

En los próximos cuatro años, habrá concluido el ciclo de los ocho años del presidente Abinader y, probablemente, una presidente mujer continuará su legado de gestión pública efectiva y transformadora.

Tendremos una nación que apostó a implantar políticas públicas, que pasaron de enunciados y deseos, a la acción masificadora y descentralizadora en cuatro polos. Es decir, la Metrópolis Santiago y Cibao; el polo Pedernales y Región Enriquillo; Metrópolis Santo Domingo y Ozama y la Región Yuma e Higuey.

Podremos ser geográficamente una isla caribeña con un genuino modelo de desarrollo incluyente, que aprovechó la mayoría de coyunturas favorables y oportunidades de transformación.

Desafíos resueltos, que nos hicieron volar por encima de la Pandemia Covid 19; superar los trances del turismo mundial, la crisis política y humanitaria en Haití; el retroceso a la economía mundial que supone Venezuela y los diversos “Annus horribilis”, “Voldemort” o como se decía en Roma, “Annus Damnatio Memoriae”; períodos que fueron condenados al olvido.

Al 2028 se consolidará la escalada para convertir la República en un país plenamente desarrollado para el 2036. Que duplicará su PIB, pudiendo pasar de US$11,200.00 dólares per cápita anual a US$ 22,400.00

Para lograr estos fines, el Poder Ejecutivo aportó la metodología del Plan Meta 2036 (Decreto 337-24). La herramienta contribuye, si sabemos armonizar los roles constitucionales del Consejo de Ministros (CM) y el Consejo Económico Social (CES). Órganos que no fueron citados en este mandato.

Las herramientas para eficientizar las tareas estratégicas del presidente Abinader, van más allá que el citado decreto. Entendemos que el Consejo de Ministros liderado por presidencia, es decisivo. Igualmente lo son, los 10 Gabinetes Ministeriales para implantar y monitorear la Acción Transformadora 2028.

Ese debe ser el rumbo de esta gestión, llevar la República Dominicana a un punto de no retorno al pasado, cuyo crecimiento sea armónico por regiones y con una auténtica y empoderada presencia de la sociedad civil en la gestión pública y privada.