Los reportes publicados sobre actos delincuenciales, incluidos robos, asaltos, secuestros y crímenes, no solo mantienen en zozobra y terror a la población dominicana. También a quienes residen en la diáspora.
El incremento de tantos hechos delictivos, que se suceden con una inusitada frecuencia en todo el país, no puede ser una casualidad.
Parecieran ser acciones muy bien orquestadas, planificadas y ordenadas para desestabilizar el gobierno, el orden, la tranquilidad, la seguridad individual y colectiva de la nación.
A pesar de los esfuerzos desplegados por las autoridades para reducir la criminalidad, las acciones tomadas en ese sentido no han podido lograr los resultados que espera la población.
El desafío de los delincuentes frente a las autoridades es cada vez mayor, sus “modus operandi” son selectivos, planificados, precisos y cronometrados.
Todo indica que la presente administración que encabeza el presidente Luis Abinader ha tenido dificultad en cuanto a los logros que deberían mostrar muchos de sus funcionarios. Muy pocos han cumplido con eficiencia las responsabilidades asignadas en las instituciones que tienen a cargo.
Ya no hay manera de reclamar al director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, establecer un sistema de vigilancia y persecución policial efectivo que pueda reducir a su mínima expresión la criminalidad que se cierne sobre la mayor parte del territorio nacional.
Escuchar a Jesús “Chú” Vásquez, ministro de Interior y Policía, decir que “la delincuencia no pasará en República Dominicana”, es una expresión política de un funcionario para salir del paso ante la falta de un plan para enfrentar esa situación.
El sistema de llamadas de emergencia 9-1-1, vigente en República Dominicana como en otros países, tiene como función asistir a un ciudadano ante un hecho que requiera con urgencia la presencia de la autoridad policial, bomberos, o una ambulancia con paramédicos.
Hay innumerables quejas de que las respuestas ante llamadas al 9-1-1-, especialmente de corte policial, ante un hecho delictivo en proceso, es deprimente, decepcionante.
Hay informes de que la vigilancia policial después de las 10:00 de la noche no existe, que no se ve una unidad policial patrullando sector alguno en la capital, ni en comunidades del interior.
Con frecuencia nos llegan reportes vía telefónica, fotos y videos subidos a las redes sociales, como prueba de lo que decimos y que han sido hechos noticiosos trascendentales.
Con todo y eso, los dominicanos que residimos en el exterior no nos amedrentamos. Entregamos nuestras almas a Dios y les pedimos que nos proteja antes de tomar un avión que nos conduzca a la tierra que nos vio nacer, para visitar a nuestros familiares y amigos.
Pero esos males de Dominicana no son exclusivos de un país subdesarrollado que lucha por superar grandes crisis de salud, de energía eléctrica, el fortalecimiento de la economía y la consolidación de un sistema de justicia más honesto.
Aquí en Nueva York, sin destacar los hechos en otros lugares dentro de los Estados Unidos, la criminalidad también es alta en los cinco condados que conforman este conglomerado, a pesar de tener un sistema de respuesta policial eficiente en los casos reportados.
En esta nación súper desarrollada, poseedora de los más modernos mecanismos de seguridad, de inteligencia, de vigilancia e investigación, los delincuentes también cometen a diario sus fechorías. Con la diferencia de que, ante la rápida acción policial y judicial, difícilmente los malhechores queden impunes o se salgan con la suya.