Al parecer, son pocos los que ponen en duda las posibilidades de la economía dominicana para producir riquezas de manera considerable, situación que llena de regocijo a muchos en el país. Sin embargo, el júbilo no es compartido por todos los sujetos sociales, pues la dinámica per se del crecimiento económico, rara vez puede garantizar un nivel satisfactorio de bienestar social para la población en sentido general.
En efecto, en los países subdesarrollados, de «desarrollo trunco», o como se le quiera llamar, los beneficios del fruto del «progreso», que se supone es el propósito último que pretende alcanzar toda sociedad, no llega a concretarse para la mayoría de la población.
Una mirada a la dinámica de la generación de empleos es uno de los aspectos que hacen palidecer dicho regocijo. Por un lado, la creación de empleos ha sido históricamente insuficiente, manteniendo una tasa de desocupación ampliada entre 10-15.2 % de la población económicamente activa, durante los últimos 20 años. Por otro lado, la mayor parte del empleo generado ha sido de mala calidad: alrededor del 57 % del total de ocupados tiene un bajo salario y carece de seguridad social vía su ocupación; una proporción de los ocupados en el sector formal no cuenta con prestaciones laborales; y la ocupada en el sector informal tiene una productividad laboral menor, en relación con los empleados del sector formal.
Dado que la tasa de crecimiento anual del PIB, durante el período 2000-2021, ha sido de alrededor del 4.8 % anual (promedio simple), mientras que en ese mismo período el empleo creció aproximadamente a una media de 1.8 % anual, resulta claro que la mayor parte del crecimiento económico se sustenta más por el incremento en la productividad del trabajo que por la expansión de los ocupados que reciben remuneración.
¿Dónde puede tener su origen el crecimiento económico del país en materia de productividad laboral más que en el empleo? Una gran parte parece que surge de las decisiones tomadas por el liderazgo empresarial y político, que diseña, ejecuta y sostiene un modelo económico que permite al país integrarse de manera acelerada al mercado mundial, pues en la medida en que el proceso de globalización se expandía por gran parte del planeta, ese tipo de modelo abierto —en economías neocoloniales como la nuestra—, regularmente propicia, y al mismo tiempo sustenta, el mayor freno posible al crecimiento del salario real de los trabajadores, asegurando con ello una acumulación ampliada, acorde con las ambiciones de las empresas transnacionales y sus socios criollos.
Una decisión de ese calado ha tenido implicancia importante para la mayoría del personal ocupado y, por consiguiente, para la dinámica del mercado interno, pues inclinarse en la búsqueda de una mayor competitividad dentro de las empresas en el país, en relación con las empresas nacionales, mediante la baja en costos salariales, ha granjeado al empresariado a obtener ganancias «normales» y extraordinarias, no sólo mediante la restricción salarial, sino también por coaccionar activamente la fuerza laboral ocupada, con el propósito de aumentar la productividad laboral. De ahí que se diseñen y ejecuten una gran variedad de instrumentos de gestión corporativa, cuya intención es lograr mecanismos que complementen la restricción salarial —una de ella se legaliza vía el espacio institucional—, como lo es el Comité Tripartito para la fijación del salario minino, mientras que otras son decisiones de facto, propias de la gestión empresarial, tales como la disminución de la fuerza laboral, la extensión de las horas laborables —sin que ello suponga necesariamente el pago por las horas extras trabajadas—, tercerización de la fuerza laboral de las empresas, la mayoría de ellas bajo el formato de la informalización laboral. De igual manera, la incorporación de empleados asalariados bajo el formato de informalidad en empresas formales.
Visto lo anterior, en promedio, el 40.6 % de toda la fuerza laboral asalariada, durante el periodo que abarca desde el tercer trimestre del año 2014 hasta el tercer trimestre del 2022, es remunerada bajo el formato de informalidad. Estas y otras medidas introducen de facto una mayor «flexibilización» en el uso de la fuerza de trabajo, logrando así presionar a la baja los costos unitarios de producción.
Bajo ese paragua de continencia salarial, resulta obvio que la parte trabajadora es empujada a permanecer, durante toda o gran parte de su ciclo de vida, en una zona de vulnerabilidad social, vecina cercana de la zona de pobreza general. Por consiguiente, resulta inequívoco que ese patrón de comportamiento de moderación salarial también se traduce en cierto freno para el desarrollo de un mercado interno más amplio que el resultante del patrón de crecimiento instaurado en la economía dominicana, y esto debido a que dicho estilo de crecimiento impide una expansión más dinámica en la demanda potencial, por lo menos en bienes salarios, misma que se originaría con la sustracción desde el sector patronal a la mayor parte de la productividad generada por la propia fuerza de trabajo ocupada.
A un tiempo, y en el mismo espacio social, el ejercicio de la restricción salarial nutre el mantenimiento o ampliación de la franja de la desigualdad en el ingreso en la sociedad dominicana, cuyo nivel de concentración registró en el año 2019 un nivel inaudito en toda América Latina y el Caribe, cuando el coeficiente de Gini se situó en alrededor de 0.64 (CEPAL-WI-MEPyD) lo cual refleja una mala distribución del ingreso que predomina en el país, quedando definida, por esa misma vía, una matriz de demanda que privilegia a los ricos y sectores de altos ingresos monetarios, quienes, a la vez, adoptan una composición de sus consumos con una mayor proporción de bienes de lujos —la mayor parte importados—, coadyuvando a mantener elevados niveles de demanda en divisas para atender el aumento de las demanda de bienes importados.
De esta manera, se reinicia el ciclo de contención salarial, al vincular mayores exigencias de divisas a la necesidad de aumentar las exportaciones de bienes y servicios, pues para tener éxito en su pretensión de alcanzar una balanza comercial positiva, se requiere mantener o expandir la competitividad internacional de las empresas, exigiendo esto último, al mismo tiempo, del mantenimiento de los mismos niveles de contención salarial, o peor aún, su profundización, teniendo en cuenta el comportamiento de los demás países competidores o la ampliación de los márgenes de ganancias, que con cierta periodicidad tienden a acompañar el manejo de las medidas «flexibilizadora» de la fuerza laboral.
Como resultado del patrón de funcionamiento: crecimiento-restricción salarial, en relación con la productividad laboral alcanzada y acompañada con bajas tasas de crecimiento de empleo de calidad, la economía se desliza de manera recurrente, frenando la expansión del mercado doméstico, excluyendo de los beneficios del «progreso» a la población ocupada que recibe su remuneración en forma de asalariados, y a otra parte no despreciable que percibe ingresos medios, quienes —aunque clasifican como «no pobres», en términos monetarios— sobreviven en la franja de vulnerabilidad social y económica. A ese tenor, hasta junio del 2020 se estimó en un 62 % de la población nacional la parte vulnerable en la República Dominicana (ONU-Unicef-Siuben, 2021), cuestión lacerante para la población afectada, puesto que en su entorno «el mercado» define el nivel del poder adquisitivo de la clase trabajadora y, por consiguiente, marca el acceso a la mayoría de bienes y servicios que puede viabilizar gran parte del bienestar social de las personas.
Bajo la lógica de ese modelo han pasado cuatro décadas, y podrían pasar muchas más sin acceso real al bienestar que prometen en sus discursos quienes diseñaron, implantaron, sustentan y defienden el modelo vigente. De esa manera, bajo el modelo vigente, el entrampamiento en la zona vulnerable de más de la mitad de la población parece estar garantizado por varias décadas más bajo la prolongación de ese patrón de crecimiento y modalidad de distribución, salvo que, desde sus raíces, los fenómenos sociales que generan esas situaciones se aborden y erradiquen de manera sistémica.