El sustantivo corrupción proviene del latín corruptio que significaba una Alteración de lo Correcto para los romanos. Como tal, dicha Alteración era interpretada por los ciudadanos romanos como algo negativo para el funcionamiento, transparencia, eficiencia y legitimidad del Gobierno y sus instituciones.
Si bien es cierto que la Corrupción es un fenómeno social complejo, no es menos cierto que, el mismo tiene sus cimientos, desde el origen de la Humanidad. En el caso de nuestro país, este fenómeno social apareció en el año 1492 cuando los españoles hicieron contacto con la Comunidad Nativa que vivía de la caza, la pesca, la recolección de frutos y los indígenas disfrutaban de la exuberante Naturaleza que existía en la Isla.
Como se conoce, con la extracción de la madera preciosa y el oro que existía en la Isla, los españoles instauraron prácticas corruptas que, no sólo diezmaron a la población nativa, sino que desforestaron amplia zonas boscosas que era el hábitat natural de hombres, mujeres, ancianos y niños que cohabitaban pacíficamente con las fieras y los animales salvajes.
No obstante, varios estudios realizados por el Banco Mundial, período 1979-2018 refieren que, en nuestro país no sólo hay políticos corruptos, sino que también hay empresarios, comerciantes, pastores, sacerdotes, guardia, policías, maestros y líderes sociales y comunitarios que aprovechan sus funciones, roles o influencias para aprovecharse de los recursos económicos y los bienes públicos, así como personas indefensas y vulnerables como es el caso de las familias de Apellidos Rosario, quienes supuestamente heredaron una fortuna millonaria.
Por su parte, estudios realizados por una red internacional de comunicadores sociales desveló que, los corruptos utilizan los “paraísos fiscales” para la evasión impositiva, la licitación de grandes obras civiles y la privatización de empresas estatales. Según dichas investigaciones, los funcionarios públicos que fungieron como negociadores para la privatización de las empresas públicas en América Latina, hoy son propietarios de una buena parte de las acciones de las nuevas empresas constituidas, incluyendo decenas de exfuncionarios de nuestro país.
Según dos estudios realizados por economistas, sociólogos y psicólogos sociales en México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, República Dominicana y Guatemala, la corrupción pública y privada conecta el crimen organizado con los actos ilegales. Estos mismos estudios indican que, la corrupción ha impedido que los Gobiernos Latinoamericanos hayan hecho un uso más eficiente y equitativo de los recursos públicos.
Como se sabe, la corrupción va disminuyendo poco a poco la capacidad del Estado y la de sus instituciones para recaudar impuestos, implementar políticas de desarrollo coherente y racional, redistribuir equitativamente los recursos recaudados y, transparentar y eficientizar el uso de los recursos públicos. No obstante, según los resultados de los estudios a los que hicimos referencia, se constató que, en Finlandia existe un Sistema de doble control para el uso de los recursos públicos (Informes comparativos del Banco Mundial, 2001-2019).
En tal sentido, el sistema de control para el uso de los recursos públicos en Finlandia consiste en que, la decisión de un ministro o un alto funcionario, debe ser refrendada por la firma de un funcionario de menor jerarquía conocido como “rapporteur”. Sin esta doble firmas, el acto público no está completo y este tipo de control ha evitado la corrupción en dicho país.
En el caso de nuestro país, las privatizaciones de las empresas estatales fue “una oportunidad de oro” para los funcionarios públicos de ese entonces obtener cuantiosos recursos ilegales, dado el poco interés que mostró la sociedad por conocer e involucrarse en el proceso de privatización y el destino de los recursos recaudados por las ventas de dichas empresas. No obstante, las ventas de dichas empresas fue cuestionada por algunos partidos de la oposición y varias organizaciones de la sociedad civil, por la falta de transparencia del proceso y el uso que se les dio a los recursos recaudados.
Como se sabe, con la privatización de las empresas públicas del Estado Dominicano, se les cortó las alas a la industria azucarera que empleaba alrededor de doscientos mil empleados públicos, así como también a las empresas que formaban parte de la Corporación de Empresas Estales (CORDE). Hoy los exempleados del Consejo Estatal del Azúcar y de CORDE, son ancianos que “viven en extrema pobreza”.
Con los recursos recaudados por las ventas de las empresas del Estado Dominicano (CEA y CORDE) se debió crear un Fondo Especial para generar nuevos empleos, financiar la construcción de casas modestas y fomentar el emprendurismo, así como establecer talleres de formación técnico-vocacional en los antiguos bateyes del CEA y en los barrios marginados del Gran Santo Domingo.
No obstante, aún después de veinte y seis (26) de haber sido “vendidas dichas empresas”, todavía no se sabe a ciencia cierta dónde fueron a parar los recursos recibidos por el Estado Dominicano por las ventas de sus empresas.
“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás siendo parte de ella”. Joan Báez