¿Cuál es una de las consecuencias más dañinas de la corrupción? La desconfianza. En la medida que cualquiera de las modalidades de la corrupción -robo de los bienes públicos, autoritarismo, clientelismo- se instaura en el Estado, se pierde la confianza en la validez de las leyes, en el funcionamiento de los procesos institucionales y en la honradez de las autoridades llamadas a regularlos.
La confianza es fundamental como soporte de las relaciones sociales. Sin ella, no es posible establecer relaciones económicas, sociales o políticas sostenibles y se configura una cultura que incentiva a la ciudadanía a imaginar formas de evadir las reglas para obtener beneficios personales.
El pasado martes 24 de mayo tuvimos al Director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, como conferencista invitado de las charlas virtuales del Programa Nacional para la Promoción de la Ética (PROÉTICA) abordando el tema de los retos éticos en la administración pública. Uno de los tópicos destacados por Pimentel fue precisamente como la corrupción estatal crea una cultura de la desconfianza.
Para contrastar esta cultura se hace necesario establecer un régimen de consecuencias que asociamos, con frecuencia, a la exclusiva imposición de un castigo al funcionario que viola las leyes.
Esa perspectiva está íntimamente vinculada a una concepción del mundo rigorista e hipócrita, rayana en la crueldad cuando los violadores de las leyes son “los otros”, pero indulgente hasta rayar en permisiva cuando los infractores son “los míos”.
El régimen de consecuencias no debe verse en un sentido negativo, sino como parte integral de un sistema que incentiva las acciones institucionales y forma en los hábitos de ética ciudadana dirigidos al bien general o bien común.
Por tanto, constituye un gran reto de la sociedad dominicana, además de las acciones dirigidas a las transformaciones institucionales que fomenten prácticas que minimicen la corrupción del Estado (reformas de los códigos, éticos, elaboración de instrumentos que permitan evaluar el clima ético de las instituciones públicas, las veedurías, sistema de protección para los agentes sociales que denuncian las prácticas deshonestas, políticas estatales llamadas a crear oportunidades de bienestar y realización ciudadana, así como reductoras de la marginación social), la generalización de un proceso formativo que desde la temprana infancia esté dirigido a educar basado en unos principios y valores que son la antítesis de lo que la educación para la competencia vigente nos inculca cada día.