Debido a los errores que se advierten en las normas jurídicas en nuestro país, la Academia Dominicana de la Lengua, institución dedicada a la defensa y promoción del buen uso de nuestro idioma, ha venido haciendo denodados esfuerzos para que en nuestras leyes y, de manera muy particular, en la Constitución de la República se puedan realizar las rectificaciones necesarias para que, como norma suprema, sea redactada en un lenguaje correcto, claro y comprensible para todo el pueblo, como lo exige nuestro sistema democrático.
Sé que nuestras cámaras legislativas tienen sus correctores de estilo, quienes, sin duda alguna, contribuyen a que tengamos textos legales lo más decentes posibles en materia lingüística. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Es más, sin que los presentes señalamientos tengan más propósito que el mejorar la redacción de nuestro texto legislativo principal, son tantos los yerros que el académico de número de la academia, Fabio Guzmán Ariza, en su obra El lenguaje de la Constitución dominicana, indica que el ochenta y ocho por ciento de los artículos de la Constitución (245 de 277) contienen faltas sintácticas, ortográficas y léxicas.
De ahí que sea necesario dar un paso más. Tengo conocimiento de que la Academia Dominicana de la Lengua se ha puesto, formalmente y por escrito, a disposición del Poder Ejecutivo y las cámaras legislativas para colaborar con la mejora del texto. Le recomiendo al presidente Abinader que designe dos o tres miembros de dicha academia (no más) y otras pocas personas con conocimiento cabal del idioma (dos), para que juntos, honoríficamente, puedan realizar las correcciones previas del anteproyecto de reforma constitucional que propone el señor presidente de la República, para la adecuada limpieza y pureza del lenguaje.
De igual forma, sería conveniente aprovechar esta magnífica oportunidad para que, sin tocarse los objetivos sustantivos de la inminente reforma constitucional, se añada a ésta el propósito de hacer las correcciones lingüísticas necesarias de la vigente Constitución y de la que resulte aprobada como consecuencia de la preindicada iniciativa presidencial. Para que esto sea posible también sería importante que la misma comisión de miembros de la Academia Dominicana de la Lengua, antes señalada, y no más de cuatro legisladores (dos por cada cámara) sean designados por la asamblea revisora de la Constitución con tales fines.
Tal tarea no debe tomar más que algunos días, pues ya hay un trabajo acabado realizado por Fabio Guzmán Ariza, su equipo y el de la academia. Sugiero, pues, que antes de remitir el nuevo proyecto de reforma, el presidente de la República ordene ponerlo en manos de la academia de la lengua y de quienes, a su juicio, deban acompañar el proceso de depuración, si así lo juzga pertinente.
Con ello se contribuiría con el mejoramiento de la redacción de la Constitución, aprovechando con ello los conocimientos lingüísticos y la experiencia ya aludidos, para que el texto supremo de la nación refleje de manera clara, precisa y coherente los principios y derechos que en ella se consagran.
Con el uso correcto del lenguaje se hace más entendible la Constitución, se pone en manos de los ciudadanos dominicanos un texto educativo y esencial de nuestro Estado de Derecho y se contribuye con la promoción e implementación robustas de uno de los pilares de la política panhispánica, que lo es el lenguaje claro que auspician la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, de la cual forma parte nuestra academia dominicana.