A pesar de las constantes denuncias, criticas, cuestionamientos, acusaciones y sometimientos que se hacen a miembros inescrupulosos de la Policía Nacional (P.N.) por las tantas acciones vandálicas, abusos, vejámenes, ultrajes, atropellos, agresiones, excesos, humillaciones, desconsideración, ejecuciones y crímenes cometidos contra ciudadanos honestos, correctos, con arraigos e indefensos; en un momento en que se lleva a cabo una supuesta reforma a esta institución, estos parece ser que no escarmientan, pues la situación continua de mal en peor.
Dicha institución fue creada durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1936, para proteger a la ciudadanía, mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Desgraciadamente esta se ha convertido en la institución más desacreditada del país; en vez de confianza, lo que genera es terror y miedo, pues los métodos arbitrarios empleados en sus labores, son los mismos que aplicó la dictadura. La ciudadanía le teme más a la P.N. que a los propios delincuentes.
Quien suscribe, recientemente fue víctima de esos desatinos y desconsideración. Lo mismo acaba de sucederle a un prestigioso empresario, hijo de un héroe nacional; a la doctora Silvia Peñaló, hija del ex diputado y empresario arrocero de la provincia Valverde, Rubén Peñaló, quien salvó su vida milagrosamente, pues su vehículo fue tiroteado. Hace casi dos años fueron acribillados en Villa Altagracia los esposos-pastores Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz. Parece ser, por la reiteración de los hechos, que esta institución no tiene dirección, sus miembros no obedecen a los mandos superiores, o simplemente, cumplen las órdenes impartidas.
Esta institución está llenando de pánico e indignación a toda la población, pues cualquier patrulla le hace pasar un mal momento al ciudadano, no importa que este se detenga, presente los documentos de su identificación y los de su vehículo. En una sociedad, que en vez de respeto, confianza y credibilidad, se les tenga temor y desconfianza a la institución creada para imponer el orden, esta no podrá alcanzar el desarrollo institucional. Al ciudadano que transite correctamente, que conduzca con prudencia, que respete las señales, las leyes de tránsito y que porte todos sus documentos actualizados, no se debe molestar. Desgraciadamente a este es que siempre se investiga y atropella, no a los que violan las leyes, transitando en vehículos en condiciones deplorables.
Por el simple hecho de que un vehículo de una marca y color determinado coincida con otro en el que se haya cometido un acto delincuencial, no puede ser ametrallado a mansalva, sin saber quién o quienes lo ocupan. Una patrulla de la P.N. no puede inspeccionar un vehículo que no ha cometido ningún tipo de infracción y que es conducido correctamente, sin una orden judicial de un juez o de un miembro del Ministerio Público, pues constituye una violación a la Ley de Tránsito y Movilidad Terrestre 63-17.
Esta institución es muy eficiente cuando se trata de ciudadanos correctos, de trabajo e indefensos, pero salvo muy escasas excepciones, sus miembros no enfrentan a los verdaderos delincuentes que mantienen en zozobra a la población, que saben quiénes son y donde se encuentran, pues muchos son partes y hasta protegen a las bandas delincuenciales, como quedó evidenciado con la de “Los Alcarrizos”, la cual estaba integrada por varios de sus miembros, lo que constituye un hecho vergonzoso.