La semana pasada tuve la oportunidad de viajar con una delegación dominicana a Guatemala, a fin de conocer el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (MAIVI). Una experiencia cargada de aprendizaje, muy enriquecedora para entender lo que está sucediendo a nivel regional sobre la atención y asistencia legal prestadas a las víctimas del delito por disposición del Estado.
La delegación dominicana estuvo compuesta por mi persona y otra compañera de mi institución, una diputada, un procurador general adjunto y una procuradora de corte. En Guatemala fuimos recibidos por miembros del equipo de Misión Internacional de Justicia de Guatemala y por los funcionarios del Instituto de la Víctima.
En general nuestra impresión sobre esta institución fue bastante buena, superó por mucho nuestras expectativas. La institucionalidad, profesionalidad, compromiso y sensibilidad que se ventilaba en dicho lugar fue impresionante: buenas instalaciones, buena organización, bien institucionalizado y la amabilidad de los empleados fue sin duda nuestra mejor bienvenida. Confieso que desde la recepción me sentí acogida y respetada en un lugar donde sabía por seguro que, al ir en busca de ayuda, me escucharían porque la víctima es el único enfoque y centro de atención.
Iniciamos las mesas de trabajo conociendo la historia y creación de este instituto. Sus funcionarios explicaron todo el proceso que agotaron como país a fin de impulsar que el Estado de Guatemala adoptara una ley de protección a los derechos de la víctima del delito. En un principio, la representación legal de víctimas la ejercía la misma institución que representaba los derechos del acusado, lo cual con el tiempo terminó siendo contradictorio y de insatisfacción. Años de lucha y persistencia se extendió por gran período hasta que finalmente los legisladores adoptaron la Ley No. 21-2016 que crea el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.
Dicha institución personalidad jurídica autónoma, con patrimonio propio e independencia funcional y orgánica, al cual denominaron Instituto de la Víctima.
El instituto está compuesto por la Dirección General, cuya directora es la que dirige la institución, y dos direcciones fundamentales: la Dirección de Asistencia Legal, la cual tiene a su cargo la atención legal a las víctimas del delito en defensa de su derecho a la reparación digna en cualquier etapa del proceso penal; y la Dirección de Servicios Victimológicos, la cual tiene a su cargo la prestación de los servicios victimológicos necesarios para la recuperación integral de las víctimas del delito. Esta última está conformada por los departamentos de Psicología, Trabajo Social, Médico y otros que se consideren indispensables para la atención integral de las víctimas del delito.
En sus instalaciones, el instituto cuenta con las áreas adecuadas para sostener reuniones de índole legal, las terapias psicológicas, cuidados médicos y espacios para recreación o esparcimiento para la víctima. La víctima es la protagonista, por quien los colaboradores asumen el compromiso de trabajar en su favor hasta lograr alcanzar en ella, la reparación digna.
Me gustó de manera particular el enfoque victimológico que lleva en su naturaleza el nombrado instituto. La victimología es una disciplina que se ocupa del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima. Es decir, ese enfoque centrado única y exclusivamente en la víctima y su necesidad de sentirse reparada dignamente por parte del Estado, por la violación de su derecho. No se limitan únicamente en brindar representación legal, sino que se enfoca en lograr la reparación digna partiendo de las necesidades integrales y particulares de cada víctima, lo cual puede ser una atención psicológica sin necesidad de formar parte de un proceso penal, o viceversa, pero siempre enfocado en que lo prioritario es determinar como la víctima puede sentirse reparada dignamente.
El Instituto de la Víctima lleva como obligación coadyuvar con el Ministerio Público en la garantía y defensa del derecho a la reparación digna de la víctima del delito, cuando ésta se haya constituido como querellante. No obstante, el instituto reconoce que la calidad de víctima es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie y/o condene al o los responsables del delito, en virtud de que la reparación digna, además de lo establecido en el Código Procesal Penal Guatemalteco, comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, todo lo cual brinda el instituto.
Cuando fui víctima del delito, me sentí revictimizada por el sistema de justicia a veces inoperante, frío y poco doliente, como no lo espera una víctima. La víctima quiere ser escuchada, atendida y que su caso importe a otro. En mi doble calidad de víctima y abogada he tenido que salir adelante sacando de abajo, por estar emocionalmente involucrada en un caso en el cual también tenía que defenderme para lograr una reparación digna conforme mis necesidades, la cual aún espero.
Imaginemos las víctimas de explotación sexual. Un sistema frío centrado en la obtención de evidencias para sustentar un caso y sí, responderle a la víctima, pero con limitaciones, sin nada ni nadie que pueda estar a su lado para brindarle apoyo emocional y asistencia integral de acuerdo a sus necesidades, es desgastante.
Legislar por un instituto de la víctima en República Dominicana puede responder a esa necesidad inmediata que requiere la víctima según sus necesidades. Viene a suplir el vacío legal que existe sobre la ausencia de una ley de protección a víctimas, y la falta de una institución que represente y asista de manera integral a la víctima del delito; un lugar seguro donde ella pueda presentarse a buscar información, apoyo, ser atendida, ser escuchada, ser protegida, cuidada, aceptada y no revictimizada.
El país guarda una deuda desde hace tiempo con la víctima del delito, la invisible del sistema de justicia, de quien poco se ha legislado a su favor y no ha tomado un lugar prioritario en la agenda legislativa. Otros países de la región Latinoamericana están haciendo lo propio para responder y resguardar a la víctima del delito. Protejamos nuestros derechos y reconozcamos desde ya la importancia que amerita, antes de reconocerlo cuando nos veamos siendo una víctima más.
*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.