El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado los resultados de un estudio titulado “Confianza: la clave para la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe” que muestran un descenso en el nivel de confianza generalizada de la ciudadanía.
Con una muestra que incluye 18 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) las conclusiones de la investigación arrojan que sólo un 10% (1 de cada 10 personas) considera que se puede confiar en los demás. (https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Confianza-la-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-America-Latina-y-el-Caribe-Resumen-ejecutivo.pdf).
Sustentado en los datos de la Encuesta Latinobarómetro (2010-2020), se calculó la confianza generalizada tomando como base las respuestas a la siguiente pregunta: “En términos generales, ¿diría usted que puede confiar en la mayoría de las personas o que nunca se puede tener demasiado cuidado al tratar con otros?”.
Los datos muestran que desde la década de los 80 se ha producido un descenso significativo en el porcentaje de las personas de América Latina y el Caribe que muestran sus disposición a creer en los demás. (Período 1981-85: 22%; período 2016-2020,11%).
Como señalan Philip Keefer y Carlos Scartascini, editores del resumen ejecutivo del estudio, la desconfianza generalizada tiene un impacto negativo en los procesos económicos, sociales y políticos de una sociedad. Sin confianza, no es posible llevar a cabo con eficacia ningún proyecto que requiera un mínimo de cooperación entre dos o más individuos.
Las implicaciones más nocivas de una desconfianza generalizada consiste en el quiebre de las expectativas ciudadanas. La falta de confianza en quienes están llamados a compartir un proyecto de ciudadanía común se proyecta hacia las instituciones y sus dirigentes. La desconfianza estimula la apatía y el cinismo político.
La apatía ciudadana anula la posibilidad de articular movimientos civiles que presionen en favor de los derechos humanos y sociales, así como desestimula la actitud de cuidado permanente que requiere toda sociedad democrática.