Tal como indicamos en la primera parte de esta entrega, entendemos que de acuerdo con lo que enseña la historia y los índices de conectividad aérea en el mundo de la aviación civil comercial, los países mejores conectados tienen líneas aéreas nacionales fuertes y esto tiene mucho sentido en razón de que las líneas de cada país por un lado le dan fortaleza al sector, capacidad de enfrentar situaciones adversas que se puedan presentar(ej. COVID 19), servicios aéreos de mas calidad a los ciudadanos de cada país por razones obvias y de igual manera a los turistas que transportan a sus países por el deber de sus ciudadanos para con sus patrias.

 

Lo anterior tiene aún mas fuerza para países como el nuestro en el que el turismo como se indicó es un bastión de su economía y las líneas aéreas nacionales marcan la diferencia, ya que desde que el turista aborda el avión se le ofrece un ambiente dominicano y ya antes de llegar al país se siente que ha llegado, atractivo y experiencia que no pueden igualar las líneas aéreas extranjeras que vuelan al país.

Lo grave de la situación por la que viene atravesando la aviación civil nacional en las últimas décadas podría tener una nueva vida si los actores toman en cuenta que los incentivos y facilidades que pudiesen ofrecerse a los inversionistas dominicanos se ajustan a las características propias de un negocio de por si muy complejo. Decimos esto, porque hasta esta época, el actor gobierno, no ha tenido la visión para realizar un análisis que pueda proyectar las externalidades positivas que se desprenden del desarrollo de este sector en contraposición al sacrificio fiscal que ello involucra. Esta visión es muy frecuente en muchos países desarrollados que hoy día exhiben un enorme desarrollo de su aviación civil.

Lo anterior es un preámbulo a propósito de que recientemente el poder ejecutivo remitió al senado de la República un proyecto de ley para el fomento y productividad de la Aviación Civil Nacional, el cual hemos leído y merece hacer las siguientes puntualizaciones.

Básicamente, los incentivos contemplados en el proyecto de ley se refieren a exenciones impositivas en arrendamientos e importación de aeronaves, servicios de mantenimiento, piezas y partes. Así mismo, exención del ITBIS sobre vuelos charters originados en el exterior y la exención de los impuestos sobre los activos durante un periodo máximo de cinco años.

 

Particularmente creemos que los gravámenes existentes sobre los arrendamientos de aeronaves, mantenimiento, piezas y partes y vuelos charters originados en el exterior, nunca debieron existir si es que se acepta que el desarrollo de la aviación civil nacional contribuye significativamente al crecimiento del turismo del país y si en verdad somos una nación receptora turística y de gran peso en nuestra economía. Con respecto a la exención de los impuestos al capital durante un máximo de cinco años, habría que señalar que regularmente cuando una empresa inicia sus operaciones en los primeros dos a tres años no genera beneficios y aunque este impuesto aplica, aunque no los haya, parecería que su aplicación lo que hace es acelerar su cierre.

 

La historia de los muchos intentos que se han hecho en las últimas décadas para instalación y operación de líneas aéreas en el país, dan cuenta que los verdaderos factores que han contribuido a su desaparición, son los grandes costos operativos (combustibles, costos de los servicios aeroportuarios, tasas aeroportuarias, entre otros), ya que comenzando por el combustible ya las líneas aéreas nacionales van en desventaja con las extranjeras y en el corto plazo colapsan y ello desincentiva a cualquier inversionista dominicano a incursionar en este campo.