Recientemente en Estados Unidos, en el condado Luzerne, estado de Pensilvania; dos antiguos jueces, Mark Ciavarella y Michael Conahan, fueron sentenciados a pagar más de 200 millones de dólares por daños y perjuicios a centenares de víctimas tras ser descubiertos y procesados por la justicia por complicidad en el encarcelamiento de menores de edad a cambio de sobornos de los propietarios y constructores de dos cárceles privadas en el citado estado.
Los jueces procesados habían sido formalmente condenados en el 2008 y posteriormente sentenciados en el 2010 y 2011. Ambos fueron descubiertos tras salir a la luz pública que durante años venían dictando arbitrariamente penas de prisión a menores de hasta 8 años por faltas tan risibles como peleas juveniles, hurtos menores o entrar sin permiso a edificios abandonados. La Corte Suprema de Pensilvania se vio precisada de anular hasta 4 mil dictámenes de culpabilidad una vez descubierta la trama en que ambos magistrados actuaron simple y llanamente impulsados por su enfermizo afán de lucro, dejando a merced del dolor y sufrimiento a millares de familias que se vieron afectadas por el abominable proceder de dichos magistrados.
La infame maniobra de ambos se inició luego de que el Conahan fuese nombrado juez presidente del control del presupuesto y el juez Ciavarella supervisor de las cortes juveniles. La trama criminal se estima inició en el 2002.
La conmoción fue tal que hasta un documental sobre el escándalo se hizo (Kids for Cash, Niños por Dinero) en el 2013. En la fílmica, se observa a Mark Ciaravella dictando una sentencia de internamiento a una adolescente cuyo único crimen fue el de crear en la red MySpace un perfil en donde la joven y otros compañeros parodiaban a la subdirectora de su escuela. La joven condenada, Hillary Transue, fue sentenciada a 3 meses en un residencial penal para jóvenes. Cuando la madre de la joven adolescente procuró ayuda encontró que nadie dentro del sistema judicial con quienes tuvo que interactuar en procura de ella, estaba dispuesto a ayudarle pues temían la represalia de dichos jueces. A menudo, los jóvenes condenados eran transportados de inmediato, encadenados y esposados sin oportunidad siquiera de despedirse de sus familiares.
No solo ambos magistrados utilizaron su poder de manera antojadiza, sino que en el caso de Michael Conahan utilizó sus oficios e influencia para lograr que en la legislatura se redujeran los fondos para el centro de detención juvenil administrado por el gobierno local y de este modo favorecer a las entidades privadas de las cuales recibía sobornos. Toda una cultura de intimidación alrededor de ambos magistrados fue erigida y nadie durante todo este periodo osó denunciarlos. Conahan, quien cuenta ahora con 70 años, fue sentenciado a más de 17 años de prisión, pero fue puesto en libertad vigilada, ordenado a cumplir el resto de su condena en confinamiento hogareño luego de estallar la pandemia de COVID.
Ciavaella, quien ahora cuenta con 72 años, cumple todavía una condena de 28 años de prisión en Kentucky. Está programado que este último sea puesto en libertad en el 2035. Lo cierto es que, aunque ambos individuos fueron condenados a prisión, más allá de la abominable perversidad de sus acciones queda al desnudo la pobreza, la altura y la ineficacia de un endeble aparato judicial capaz de destruir miles de vidas de manera cotidiana en los EEUU. Todo esto, sin ningún mecanismo existente que permita el continuo monitoreo y evaluación de este sistema mismo a lo largo y ancho de la nación.
El documental citado pone en entredicho, además, la cacareada superioridad y excepcionalísimo del sistema judicial estadounidense, mismo que es incapaz en su propia nación de proporcionar la impartición de una justicia equitativa y libre de las acechanzas de la corrupción y tráfico de influencia, como existe en otras naciones.
Está claro además que la conducta execrable de ambos exjueces nos pone en alerta una vez más sobre el peligro al que pudiéramos dirigirnos si se sigue esgrimiendo en el discurso político la retórica del populismo penal, es decir la malsana explotación del tema de la inseguridad, la criminalidad (real o percibida) para aglutinar un electorado moldeable que apoye las políticas punitivas de tolerancia cero, más armamentos en manos de civiles, la demonización de las minorías e inmigrantes (eufemismo para la acostumbrada criminalización de la pobreza) y la xenofobia que hoy vemos extenderse con furia estrepitosa alrededor del mundo. En suma, la ocasión nos brinda otra oportunidad para ponderar los costos verdaderos del credo neoliberal de la privatización de los servicios estatales como los de prisiones y el posible costo social en vidas destrozadas, sufrimiento y familiares traumatizados por la oportunidad de lucro a costa del dolor ajeno.