El pasado siete (07) de agosto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de seguir impulsando una cultura de transparencia y responsabilidad empresarial en el sector privado.
En uno de los considerandos que justifican este memorando de entendimiento, el CONEP y la DIGEIG reconocen que “la colaboración entre el sector público y privado puede facilitar el intercambio de información, mejores prácticas y estrategias efectivas contra la corrupción, lo cual es esencial para construir una sociedad más íntegra, ética y transparente.”
Más recientemente, el pasado 21 de agosto de este año, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctricas Estatales, señor Celso Marranzini, presentó un plan integral para la modernización y eficiencia del sector de distribución eléctrica, compuesto por Edesur, Edenorte y Edeeste, al participar como orador invitado y huésped de honor en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
En su potencia en dicho foro, Marranzini reveló que ha pedido al presidente Luis Abinader la emisión de un decreto para que, en un plazo determinado, todos los empleados del sector público presenten sus facturas de energía, agregando acto seguido la siguiente pregunta: “¿Y cómo desaprovechar este excelente escenario para pedir al AMCHAMDR, al Conep y todas sus asociaciones afiliadas que hagan lo mismo?” refiriéndose obviamente al compromiso de que los afiliados de estas organizaciones empresariales exijan a su personal que presenten su factura eléctrica al día, como una muestra palpable de que cada colaborador de estas empresas mantiene una relación comercial legítima con las empresas públicas que suplen el servicio de electricidad en sus respectivos hogares.
Resulta bastante simbólico que padre e hijo en un mismo mes (don Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), y Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP) coincidan con el planteamiento de iniciativas que se encuentran de alguna forma vinculadas para el enfrentamiento del fraude eléctrico. Esto así porque la sustracción de energía eléctrica es un acto evidente de corrupción ya sea cometido a nivel empresarial o ciudadano.
De manera que una muy útil y eficiente forma de inaugurar este memorando de entendimiento entre la DIGEIG y El CONEP, la instauración como política de ética empresarial la promoción y fomento de la normalización del servicio público de electricidad y del pago oportuno de su facturación entre los afiliados de las diversas asociaciones del CONEP y del personal que los acompaña en sus diferentes empresas.
Esta política para transparentar la relación comercial que tienen los usuarios del servicio eléctrico del sector empresarial con las empresas proveedoras del servicio eléctrico puede llegar incluso a incorporar esta verificación en los procesos de reclutamiento de personal.
Las razones y justificaciones de una política de este tipo saltan a la vista.
En primer lugar, uno de los ejes acordados en el Pacto nacional para la reforma del sector eléctrico (2021-2030) consiste en la educación del usuario en materia de servicios de electricidad, la cual se promoverá a través de diversas iniciativas, la concienciación sobre los derechos y deberes en el uso de la energía eléctrica, la promoción de políticas de pago oportuno y del uso ético y responsable de la energía eléctrica. Este pacto fue firmado por todos los sectores representativos de la vida nacional que convergen en el Consejo Económico y Social (CES) por lo que una estrategia de esta naturaleza estaría alineada con ese eje estratégico y pasaríamos de las palabras a las acciones en esta materia.
Desde el punto de vista de la regulación laboral una iniciativa de este tipo no comprometería la responsabilidad de los empleadores. Ya en las empresas existe una cultura instalada de solicitarle a los solicitantes de puestos de trabajo una certificación de no antecedentes penales, lo cual viene justificado por la relación de confianza que se fomentará entre trabajador y empleador y esta es alimentada por los valores de probidad y honradez que debe exhibir el aspirante a la vinculación laboral. De la misma manera el hurto de la energía eléctrica es una infracción penal prevista y sancionada por la ley general de electricidad no.125-01, por lo tanto, ningún candidato a evaluación para ser reclutado por una empresa podría alegar una discriminación injustificada el hecho de que no sea considerado para la plaza de trabajo si no demuestra que en el lugar donde reside existe un contrato de servicio de electricidad y que se encuentra al día en el pago de este.
El déficit financiero de las empresas de distribución eléctricas estatales está impactado de manera significativa por las pérdidas no técnicas, siendo una de esos componentes la energía servida y no cobrada fruto de las sustracciones que producen los usuarios y clientes del servicio eléctrico. Si de verdad aspiramos a tener un servicio público de electricidad, continuo, eficiente y a un costo razonable tenemos todos que cerrar filas en el proceso de instauración de la cultura de uso ético y responsable de la energía eléctrica.
La clase empresarial al asumir el compromiso de fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad empresarial en el sector privado debería asumir esta invitación que le ha hecho Celso Marranzini porque contexto y justificación tienen de sobra. Mantenernos indiferentes ante este deber ético y ciudadano no nos permitiría salir del círculo vicioso que mantiene atrapado la calidad del servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica en nuestro país.