Los aeropuertos y la aviación civil forman parte del sector aeronáutico y aunque parezca una obviedad, sin aeropuertos no hay aviación y sin esta no hay aeropuertos. La infraestructura aeroportuaria es intrínseca a la actividad aérea civil, que opera bajo normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La concesión o privatización de los aeropuertos estatales en 1999 se correspondió con los planes de mejora de la infraestructura y servicios aeroportuarios presentados por el Dr. Leonel Fernández al electorado en el Programa de Gobierno de 1996.
Esos planes estaban orientados, por un lado, a superar el atraso y deterioro de la planta física de esos aeropuertos y los servicios brindados, que se evidenciaba en las frecuentes quejas de los pasajeros/usuarios de “Las Américas o AILA” de Santo Domingo, recogidas por los medios de comunicación de la época y gravadas muy probablemente en la memoria histórica de los dominicanos que tenían la fortuna de viajar en aquellos años.
También para vencer, por otro lado, la crisis del sector aeronáutico nacional provocada por la progresiva degradación del sistema de aviación civil que desde 1993 había tocado fondo con la decisión de las Autoridades Aeronáuticas norteamericanas o FAA, por siglas inglés, de poner el país en la Categoría III que impedía a los operadores aéreos dominicanos volar hacia territorio estadounidense con aeronaves de matrícula local o HI.
A este sombrío panorama se agregó otro elemento negativo que agravó la crisis del sector a finales de los 90s; el seis (6) de febrero de 1996, seis meses antes de asumir la presidencia de la República el Dr. Leonel Fernández el 16 de agosto de 1996, ocurre el peor accidente aéreo en la República Dominicana al estrellarse frente a las costas de Puerto Plata, con apenas diez minutos de haber despegado desde el Aeropuerto Gregorio Luperón de esa provincia el avión Boeing 757-225 de la aerolínea turca Birgenair que realizaba el vuelo 301 con destino a Francfort, Alemania, en el que perecieron los 189 ocupantes del avión: 167 alemanes, 11 turcos, 9 polacos y 2 dominicanos.
Un testimonio elocuente de la precariedad del sistema aeroportuario estatal lo representó la queja externada por la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES, ante la Cámara Americana de Comercio recogida por el periódico Listín Diario del 12 de mayo de 1998, en la que llegó a comparar a los aeropuertos internacionales dominicanos con mercados públicos, que empañan la imagen del país, que “un país altamente dependiente del turismo no puede manejarse con los criterios que han prevalecidos hasta ahora”, y que han provocado en este año, pérdidas de ingresos por 100 millones de dólares.
En ese orden, ASONAHORES pidió al gobierno la aplicación de reglas claras en el manejo del sector turístico, tras advertir que los males afectan esa industria y que podrían llevarla a un callejón sin salida. Consideró como urgente que esas instituciones sean privatizadas, alegando que, cada día que pasa, causa daños irreparables y que “mañana podría ser tarde”.
Producto de una licitación pública internacional convocada para el “Proceso de Concesión de la Infraestructura Aeroportuaria Nacional”, que duró siete (7) meses, del 14/8/1998 al 15/3/1999, y en la que participaron los señores Fredy Beras Goico (f), el periodista Bonaparte Gatreaux Piñeyro, el jurista Jottin Cury (f), el pastor Braulio Portes y el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), Arq. Alejandro Montás, como miembros de un Comité de Observadores designado por decreto del presidente Leonel Fernández, para revestir de la mayor transparencia ese proceso, se concesionaron los Aeropuertos Internacionales de “Las Américas” de Santo Domingo; “General Gregorio Luperón” de Puerto Plata; María Montez” de Barahona y “El Catey” de Samaná.
El contrato de concesión adjudicado a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A., AERODOM, aprobado por Resolución núm. 121-99, del 21/12/1999, por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo el 30/12/1999, tenía por objeto la entrega, por parte del Estado dominicano a la concesionaria AERODOM de “..la Concesión exclusiva de administración, operación, mantenimiento, explotación económica, renovación y expansión de los Aeropuertos de conformidad con los términos de este Contrato..”.
La Propuesta Financiera presentada por AERODOM y aceptada en el proceso, establecía un Cronograma de Inversión cuya Primera Fase contemplaba la inversión de DOSCIENTOS TRES MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (US$203,000,000) por parte AERODOM durante los tres primeros tres (3) años de la concesión.
La Comisión Aeroportuaria en representación del Estado dominicano fijó el día 1ro. de abril de 2000 como la fecha de inicio del contrato y en la que se entregaron a AERODOM los aeropuertos concesionados.
De ahí que la ejecución de ese contrato y de las inversiones que AERODOM debía realizar en los referidos tres (3) primeros años de la concesión, correspondieron al gobierno del presidente Hipólito Mejía (2000-2004).
Cabe destacar, que la contraprestación o beneficios que recibiría el Estado dominicano con la concesión aeroportuaria al sector privado en aquel momento era precisamente para que este invirtiera los recursos económicos establecidos en el referido Cronograma de Inversión de la concesión, y necesarios para …la renovación y expansión de los aeropuertos estatales.
Por lo que el Estado no tendría que invertir esos recursos adicionales a los que ya estaba erogando para la mudanza del Aeropuerto de Herrera y la construcción del nuevo Aeropuerto en el Higüero, optimizando así el uso de los recursos del exiguo presupuesto nacional de esa época en mejorar la alimentación, salud y educación de la población dominicana.
En vista de que la Comisión Aeroportuaria es la encargada de fiscalizar el cumplimiento del contrato de concesión y su Cronograma de Inversiones, corresponde a los ministros de Obras Públicas, MOPC, y a los directores generales del Departamento Aeroportuario, DA, que desde el año 2000 hasta la fecha han fungido como presidentes ex officio y secretarios de dicha Comisión respectivamente, el garantizar que ese cumplimiento fuera efectivo conforme al contrato firmado.
A los presidentes de la República desde el año 2000 hasta la actualidad solo les ha correspondido homologar o ratificar las decisiones tomadas por esa Comisión en virtud de la ley y del contrato.
La Comisión Aeroportuaria, como órgano colegiado está integrada, además de los titulares del MOPC y DA, por los directores generales, o sus representantes, de Aduanas, Migración, IDAC, Turismo y dos ciudadanos dominicanos designados por el Poder Ejecutivo (Art. 3, Ley 8 de 1978).
Aún si hiciéramos abstracción de las cuantías de las inversiones realizadas por AERODOM en los aeropuertos concesionados, vemos que el objetivo sustancial perseguido por el presidente Leonel Fernández en el período 1996-2000 ha sido alcanzado, y que es, a nuestro modo de ver, lo más importante: las mejoras físicas de esos aeropuertos y la idoneidad de los servicios aeroportuarios prestados bajo condiciones de salubridad, seguridad, y ante todo, conforme a las normas y prácticas internacionales del sector aéreo; lo cual, como hemos visto, dista mucho de lo que acontecía antes del año 2000.
Las normas internacionales del ámbito aeroportuario están relacionadas con el Diseño, la Construcción, la Certificación de Operación, la prestación de los Servicios de Navegación Aérea y el Control del Tránsito Aéreo, entre otras, que han sido homologadas o adoptadas por la legislación nacional mediante la Ley núm. 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana, y sus reglamentos, y son cumplidas a través del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que recibe evaluaciones o auditorías periódicas de la OACI sobre sus niveles de cumplimiento.
La aviación civil es transversal al turismo, que utiliza el transporte aéreo como el medio más idóneo, rápido y seguro de llegar a destinos turísticos de interés en cualquier parte del mundo.
Debido a nuestra condición de país isleño en el que alrededor del 95% de los turistas que nos visitan utilizan la vía aérea, los planes, las inversiones y las acciones ejecutadas a partir de 1996 por el presidente Fernández para rescatar el sector aéreo y apuntalar el turismo como el motor de la economía nacional, como al efecto se ha convertido a través de los años, evidencia la firmeza y determinación de un estadista visionario que no se amilana ni se excusa ante los retos por más grandes que estos sean.
A ningún turista le gustaría viajar a un destino en el que la seguridad operacional de la aviación civil no esté garantizada, como ha estado la del país desde el año 2007, certificada por la OACI.
Para las Autoridades de Aviación Civil de los países emisores de turistas, generalmente ubicados en el “primer mundo”, como Estados Unidos de América por ejemplo, constituye un deber el informarles a sus ciudadanos, eventuales visitantes sobre los niveles de seguridad aérea de los Estados de su probable destino turístico.
De tal manera, que la reorganización, compactación y asignación o especialización de fondos provenientes de las tasas y derechos generados por las mismas entidades del sector aeronáutico para el cumplimiento de sus fines institucionales, operada a raíz de la promulgación de las leyes números 491-06 de Aviación Civil y 188-11 de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), por el presidente Leonel Fernández, constituyen hitos sin precedentes en la historia aeronáutica dominicana y motivo de gran satisfacción en este Día Internacional de la Aviación Civil.