Bajo la espesa atmósfera de incertidumbre de la epidemia del SARS-CoV-2 y de crecientes tensiones electorales, nuevos profetas del “bienestar” rondan la provincia Pedernales, en la frontera suroeste, y dicen que ganan fieles por minuto.

Cuentan que son extranjeros con aliados locales, y su templo para rituales de persuasión son las tierras agrícolas asignadas por el Gobierno a familias empobrecidas en el valle de Juancho, entre los municipios Oviedo y Enriquillo.

El ritual diario busca un consenso para un “arrendamiento” colectivo de todas las parcelas y los bloques, a precio de vaca muerta y a largo plazo. Una vez persuadidos, será elaborada y firmada por todos una carta que sería llevada al presidente Danilo Medina, quien daría luz verde a la transacción para la siembra de caña de azúcar.

Criminal esta labor de zapa. Una puñalada a las espaldas. Todas las miradas están distraídas en la epidemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las elecciones congresuales y presidenciales programadas para el 5 de julio de 2020.

La discreta operación caña (así le llamo) representa una versión posmoderna de cambio de “espejitos por oro” a nativos del sur desesperanzados en vista de su larga pobreza y la falta incentivos gubernamentales para hacer parir sus predios.

En el imaginario de varios de ellos -no todos- ya se ha anclado la seguridad de que recibirán un dinero por el “arrendamiento” y pronto serán obreros prósperos de los cañaverales. 

Los antecedentes, sin embargo, no les ayudan. Son funestos. Serían los primeros en la historia de esa industria en salir airosos. Desde la era del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina (1930-1961) y sus arreglos con su par haitiano el vitalicio Francois Duvalier (1957-1971) para traer como marranos a paquetes de hombres menesterosos al corte de la herbácea, se ha producido mucha azúcar, y hasta líderes en la región ha sido el país.

Pero ese ha sido un mérito logrado a golpe del amargo de la explotación y la siembra de bateyes, reales nidos de miseria y enfermedades infecto-contagiosas. De muertos-vivos al por mayor que ni, al final de sus días, en que andan sonámbulos rogando ayuda, provocan compasión en sus patronos.

BREVEDAD DE LA ESPERANZA

El Prodeval nació con todos los bríos al final del primero de los tres gobiernos de Leonel Fernández (1997-2000), y arrancó en 2001, durante la gestión de Hipólito Mejía  (2000-2004). Una iniciativa excelente en un sitio donde el desempleo es la norma y el desarrollo turístico como una de las escasísimas soluciones nunca ha pasado de discursos esporádicos de campaña.

En su primera fase beneficiaría a 70 parceleros, dinamizaría la producción agropecuaria del país y mejoraría la vida de las familias de la Región Enriquillo con la creación de miles de empleos.

Y sería ejecutado en 18,000 tareas del antiguo Instituto Nacional del Algodón, con tres grandes fincas de 6 mil tareas cada una, divididas en bloques de 500 tareas, que serían regadas a partir de las aguas del canal Nizaíto y de tres lagunas artificiales con modernos sistemas de bombeos. Allí se producirían plátanos, habichuelas negras, tomates, sorgo, gandules, lechosas y otros productos de ciclo corto.   

El ambicioso Prodeval ha tenido, sin embargo, una vida de sobresaltos. Ha sobrevivido de crisis en crisis.

El Gobierno no ha sido consistente en la provisión de recursos para su mantenimiento. Cuando no ha sido la falta de tractores para roturar las tierras, gasoil para mover las maquinarias y las semillas de siembra, ha brotado un conflicto por el retraso en los pagos a los empleados, o ha estallado un escándalo de corrupción.

Hace siete años estimaron en RD$ 483 MM el dinero para reanimarlo y llevarlo a su máxima capacidad. Había que rehabilitar el sistema de riego, construir infraestructuras, adquirir equipos agrícolas, capacitar al personal. Pero solo estimaron y prometieron. Hoy siguen con esa pesadilla.

DE BATALLA EN BATALLA

Razones sobran para el desgano de los parceleros. Los nuevos profetas han llegado en el momento oportuno para la manipulación. Sus potenciales siervos están vulnerables. Cada día se convencen más de la inviabilidad del proyecto sin apoyo gubernamental. En la provincia se oye el runrún. El vertedero de la trama humea leve, pero hay mucha candela en sus entrañas. Aún hay, sin embargo, focos de resistencia que “la persuasión” no ha vencido.

Parece que Pedernales va hacia una nueva batalla por su dignidad. En el pasado ha librado dos grandes peleas: la del compost y de Bahía de las Águilas y todo su entorno.

En 1983 (gobierno de Jorge Blanco), el Estado firmó con la empresa Fomento Agroindustrial Forestal un contrato de “arrendamiento” por diez años  de más de medio millón de tareas (528,511) en la conocida Sabana de Sansón, en Oviedo. Serían usadas como depósito internacional de compost o basura radioactiva y otros desechos contaminantes que naciones desarrolladas de Occidente debían sacar de sus territorios para preservar la salud de sus habitantes.

Una sostenida resistencia popular y la denuncia sin desmayo del periodista Miguel Ángel Velázquez Mainardi, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas y otros actores, hicieron naufragar el macabro proyecto, pese a que  se sostenía en los poderes político y fáctico, y en la favorabilidad de corrientes de opinión previamente “ablandadas”.

En los 90, con la complicidad de funcionarios balagueristas, se produjo la piñata con Bahía de las Águilas, la playa y todo el entorno rocoso de bosque seco, hábitat de iguanas, cangrejos y otras especies.

Un grupo de avivatos había olfateado que la zona tiene potencial turístico y se apropió de 362 millones de metros cuadrados con el falso pretexto de parcelas agrícolas. En 2019, el Gobierno recuperó los títulos de las tierras, luego de sostenidas denuncias periodísticas y un pugilato jurídico de largo aliento en los tribunales. 

Ahora, se avecina una lucha grande contra la enajenación de las tierras de Prodeval para la siembra de caña de azúcar. El presidente Medina la puede evitar si, hoy mismo, ordena la cancelación de tal despropósito, que ya anda de boca en boca. El silencio incrimina al Gobierno.