Opinión

¿Cómo gestionar la relación con los militares y detener el avance de la derecha?

Mientras los militares estén ocupados en nuevas misiones y atrapados en una alianza les será más difícil andar conspirando con grupos de la oligarquía.

Por Emelio Betances

Pese a las recientes victorias de presidentes progresistas en Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y Brasil parece que la derecha se afianza en América Latina. Los noticias que nos llegan desde Argentina, donde la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión sin que los jueces presentaran ninguna prueba en su contra, y desde Perú, donde el presidente Pedro Castillo fue depuesto de su cargo por "incapacidad moral" por el Congreso Nacional para ejercer el cargo para el que fue electo, muestran que la derecha está utilizando, a sus anchas, tanto el poder congresual como judicial como si estas  fueran partidos políticos. Este método se utilizó en Brasil para impedir que Lula llegara a la Presidencia.

El caso de Pedro Castillo es interesante pues desde un principio se quiso impedir que tomara su cargo y luego en dos ocasiones se intentó removerlo. En la tercera ocasión tuvieron éxito porque Pedro Castillo no tenía un amplio apoyo popular ni pudo construir lazos fuertes con las Fuerzas Armadas. Lo más interesante del caso fue la velocidad con que Estados Unidos lo denominó "expresidente." La rapidez de su pronunciamiento hace pensar que los estadounidenses estaban detrás del golpe de Estado a un presidente que estaba acorralado y sin un aparente respaldo popular.

No cabe duda que este nuevo golpe de Estado es parte de la nueva modalidad de los golpes que utilizan los procedimientos judiciales para acorralar a presidentes no deseados. Sea como fuere, el caso del golpe de Estado a Pedro Castillo en Perú hace que pensemos en el papel de los militares en lo que se ha denominado "lawfare," es decir, la judicialización de la política, usando el poder judicial como arma de lucha por parte de la derecha para remover presidentes no deseados de sus cargos. La interrogante sería la siguiente: ¿En qué medida podrán los nuevos gobiernos progresistas de nuestra región desarrollar una alianza con los militares para impedir el éxito de la judicialización de la política?

Veamos la estrategia de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) en México, donde también se ha utilizado el poder judicial y congresual para socavar al presidente. Cuando Amlo gana las elecciones en 2018 encuentra un país metido en una supuesta guerra contra el narcotráfico. La guerra impulsada por las gestiones de Felipe Calderón (2006-2012) y por Enrique Peña Nieto, (2012-2018) estaba desangrando al país y se había creado una situación de inseguridad espantosa con cientos de miles de muertos y desaparecidos. En este contexto, los partidos dominantes habían perdido toda su credibilidad y esto abrió la posibilidad para que Amlo se presentara como una alternativa y los votantes aceptaron su propuesta.

Como político experimentado, Amlo sabía que necesitaba un punto de apoyo fuera de su partido para llevar a cabo sus planes de estabilizar y democratizar el país. Tal como hizo León Trotsky en Rusia en 1917, buscó establecer una alianza con los militares y les ofreció una nueva misión y cambió la estrategia del combate al narcotráfico.

La nueva misión tenía dos partes: la primera consistía en que los militares crearan una Guardia Nacional (GN) para encargarse de la seguridad interna. Inicialmente se propuso que esta misión duraría hasta 2023, pero luego está fecha tuvo que cambiarse hasta 2028 porque la Guardia Nacional no estaría lista para operar sin el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaria de la Marina (Semar). No debe olvidarse que mientras se crea la GN los militares todavía tenían la misión de combatir el narcotráfico y el robo de combustibles (huachicol), pero ahora se utilizaría una nueva estrategia en que se evitaría los enfrentamientos innecesarios.

La segunda parte de la misión consistía en construir obras de infraestructuras: aeropuertos, las instalaciones para los bancos del bienestar a nivel nacional, tramos del Tren Maya, reparación de hospitales, transportar por todo el territorio nacional la vacuna contra la covid-19 y organizar y dirigir un nuevo corporativo estatal que administrará aeropuertos, el Tren Maya, la recién construida refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco etc. La razón dada para crear el corporativo y encargar a los militares es aludidamente para evitar que estos sean privatizados por futuros gobiernos.

La cuestión es que los militares tienen una nueva misión y han dado todo su apoyo a la gestión de Amlo. ¿Qué nos enseña la experiencia mexicana? 1) Se puede crear nuevas misiones para los militares a cambio de su apoyo para gobiernos interesados en realizar cambios en la sociedad que afecten a las oligarquías locales (por ejemplo, que paguen sus puestos y se limite la corrupción). 2) Mientras los militares estén ocupados en nuevas misiones y atrapados en una alianza les será más difícil andar conspirando con grupos de la oligarquía. 3) Hay un asunto espinoso en la participación de los militares tanto en la GN como en la construcción de infraestructura. Se trata de que su participación en las obras del Estado también implica cierto grado de militarización de la sociedad y esto podría tener consecuencias funestas. Este tema se ha debatido en México, pero la polarización política entre aquellos que apoyan a Amlo y a la derecha ha tergiversado la discusión alejándose de los problemas concretos que el país enfrenta: la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

Finalmente, no debe pasarse por alto que Hugo Chávez forjó una alianza con los militares en Venezuela encargándoles misiones importantes y esto ha dado buenos resultados. Tanto es así que los militares han permitido la sobrevivencia de la Revolución Bolivariana. Habrá que analizar los contextos de cada país para ver en qué medida una alianza con los militares podría ayudar a consolidar gobiernos progresistas en nuestra región.


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