En el reciente informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, se observa una mejoría respecto al país. Sin embargo, no significa, necesariamente, que exista una reducción de la impunidad ni mucho menos de la corrupción administrativa, ya que se trata de un estudio sobre las impresiones que tienen los encuestados acerca de este flagelo.
Si bien es cierto que la persecución de los actos de corrupción, el control de las contrataciones públicas y la iniciativa de gobierno abierto, fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas, no es menos cierto que la lucha contra la corrupción requiere de un mayor compromiso y esfuerzo de los actores intervinientes.
Se debe enfrentar a estructuras organizativas paralelas de poder, que no desaparecen con el cambio de administración o de partido de turno. También es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto al financiamiento de las campañas electorales y el funcionamiento de los partidos políticos. Asimismo, las actividades de lobby, el conflicto de intereses, el sistema de empleo público, la recta formación de la conciencia fundamentada en la ética y la moral, entre otros, son tareas pendientes.
Otro factor importante para la lucha contra la corrupción, es contar con un sistema de justicia eficiente, independiente e imparcial. Para alcanzar esa meta los fondos públicos suficientes juegan un papel determinante, son indispensables para su operatividad. La Ley No. 194-04 del 2004 le confiere al Poder Judicial y al Ministerio Público un presupuesto de por lo menos el 4.10% de los ingresos internos. El 65% corresponde a la Suprema Corte de Justicia y el 35% a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, año tras año el Poder Ejecutivo no asigna el presupuesto que por ley les corresponde, en una práctica contra legem, lo cual tampoco es corregido por el Poder Legislativo. Y el presupuesto de 2023 no es la excepción.
Esta deficiencia económica deja al sistema de justicia disfuncional. Pues, sin disponibilidad suficiente, ¿Cómo se podría contratar recursos humanos capacitados o contar con los necesarios?, ¿Cómo se podría tener las herramientas indispensables para el trabajo?, ¿Cómo se podría reducir la mora judicial?, ¿Cómo un juez podría dar una respuesta oportuna?, ¿Cómo los fiscales y jueces podrían actualizarse y/o continuar formándose?, ¿Cómo podrían los operadores de justicia contar con un personal de seguridad adecuado?, ¿Cómo se podría presentar investigaciones fuertes o bien instrumentadas en los tribunales? Es casi imposible.
Ciertamente la impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo que es un clamor el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial, que proteja las garantías del debido proceso. Como también es incuestionable que los distintos actores tienen que asumir un mayor compromiso con la lucha contra este flagelo, incluyendo a los ciudadanos y los medios de comunicación que hacen una buena labor como veedores del gasto público y de las actuaciones de los agentes gubernamentales.