A pesar de los grandes avances en relación al viejo Seguro Social, todavía el país se encuentra a mitad de camino y cojeando en el logro de los objetivos y metas prometidos. En atención médica, estamos bien cerca de la universalidad, pero todavía sin eliminar los obstáculos de acceso y sin elevar la calidad y oportunidad de los servicios.
El desarrollo del Seguro Familiar de Salud (SFS) depende simultáneamente: 1) de un crecimiento cuantitativo hasta afiliar al 100 por ciento de los dominicanos y residentes; y 2) de una reforma (cualitativa) del sistema nacional de salud para reducir la privatización, elevar los indicadores sanitarios y reducir el gasto familiar de bolsillo, en correspondencia con el nivel del desarrollo nacional del país.
Para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios médicos, la Ley dispuso cuatro reformas: 1) atención primaria para fomentar la salud de todos los afiliados; 2) solución de los quebrantos sencillos en el primer nivel de atención; 3) atención de las complicaciones de salud en el segundo y tener nivel de especialidad; y 4) dotación de los hospitales de autonomía de gestión para elevar su capacidad resolutiva. 23 años después, estos objetivos todavía no han sido logrados.
El SFS cojea, llegando a un peligroso punto de inflexión, debido al creciente desequilibrio entre el rápido avance cuantitativo y las lentas reformas cualitativas. Y 23 años después, los resultados están a la vista: mayor privatización, creciente barreras de acceso, exclusiones, costos excesivos y segmentación de los servicios y de la población. Mayor desprotección, insatisfacción.
La expresión más contundente y lamentable de esta arritmia estructural es que, muy a pesar de la elevación progresiva de la afiliación, todavía se mantiene un elevado gasto familiar de bolsillo y una alta tasa de mortalidad materno-infantil, en relación a países de la región, con mucho menos cobertura poblacional.
Desde el punto de vista de los intereses legítimos y de las necesidades más sentidas de los dominicanos de a pie, carece de sentido e impacto, dotar a millones de dominicanos de un carnet, sin un avance proporcional en la calidad, integralidad y oportunidad de los servicios; sin garantías reales de suministros de medicamentos y sin extender los horarios de servicios especializados.
Desde luego, una transformación dual del Seguro Familiar de Salud (SFS) presupone una firme voluntad política. Por lo tanto, requiere de un Estado real de derecho, y del fortalecimiento de las instituciones competentes para impulsar las reformas en forma gradual y progresiva, como dispone el Art. 60 de la Constitución de la República y de la propia Ley de Seguridad Social.
Para emprender esta etapa cualitativa del SDSS, es necesario fomentar un mayor empoderamiento de la población, de la sociedad civil y de la opinión pública, en demanda del fortalecimiento del Estado de derecho, del cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y de la independencia de las instituciones responsables de su aplicación.
El discurso y las promesas de las autoridades apuntan hacia esa dirección, demostrando un conocimiento real de la situación. Lo que todavía no está claro es si el Poder Ejecutivo está consciente de su urgencia y de las graves consecuencias financieras, políticas y sociales de continuar haciendo más de lo mismo.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) reitera que estas reformas esenciales están claramente previstas en la Ley 87-01, por lo que para su ejecución no se requiere modificar la ley. Y demanda de las autoridades nacionales y sectoriales su inicio gradual y progresivo para llevar tranquilidad y sosiego a millones de familias dominicanas.