El 12 de diciembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas instó a los países miembros a “acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), dirigida a que todas las personas, en cualquier lugar, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles”. En 2017, proclamó el 12 de diciembre como ”Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU)”. En 2019 en una Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas, los Estados miembros aprobaron por unanimidad una Declaración Política reiterando su compromiso con la CSU y un “Plan de Acción Mundial a favor de una Vida Sana y Bienestar para Todos”. En enero de 2020, en Bangkok, el segundo Foro Mundial sobre la CSU, intensificó el impulso político internacional.
El Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, cada año, bajo el liderazgo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS en el continente americano), se destacan los millones de personas que carecen de acceso efectivo a servicios integrales de salud, se demanda de los dirigentes que realicen inversiones mayores y más acertadas en la esfera de la salud y se alienta a asumir compromisos, con el horizonte de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible que constituyen la Agenda 2030, a la cual se han comprometido todos los 193 países que integran la ONU y sus gobernantes de turno. Según la OMS, “más dirigentes y ciudadanos en todo el mundo prestan atención a este tema y reclaman mejoras”.
Considerando que al concluir este diciembre el 2030 estará apenas a 7 años, cabe reflexionar y preguntarse si estamos transitando un camino que conduzca al cumplimiento de este compromiso internacional, deuda históricamente acumulada con nuestra ciudadanía, meta contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo para esa fecha y derecho constitucional.
Podríamos comenzar por preguntarnos si ¿estamos realmente comprometidos a que el gasto e inversión pública en salud se ubique alrededor del 6% del PIB, meta definida para los países de nuestro continente llamados de “desarrollo medio”? Si comprendemos su importancia. ¿Toda la población tendrá acceso garantizado a servicios de primer nivel de atención con calidad y alta capacidad resolutiva? y los servicios ¿estarán organizados en forma de redes articuladas según su nivel de complejidad? y para esa fecha, ¿el acceso a servicios de salud ya no estará condicionado por onerosos pagos? ¿Acaso podemos avizorar que para dentro de 7 años, nuestra mortalidad materna habrá descendido al menos por debajo de 70 por cada 100,000 Nacidos Vivos? y ¿la Mortalidad Neonatal será menor de 12 por cada 1000 nacidos vivos? ¿Habremos reducido al menos a la mitad la frecuencia de sobre peso y obesidad y habremos logrado reducir la prevalencia de hipertensión arterial y de diabetes, y que todas las personas hipertensas y las diabéticas tengan garantizada atención integral, con base en protocolos que reduzcan a niveles razonables la frecuencia de las complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, las insuficiencias renales y las lesiones en miembros inferiores que hoy terminan en amputaciones?. ¿Y el cáncer de localizaciones más comunes y prevenibles?.¿Y las lesiones y fallecimientos por accidentes y por violencia, ya no serán más un alarmante problema?¿Estamos camino a conseguir que toda la población tenga acceso domiciliario al agua potable en forma continua y ambientes residenciales saludables?, ¿Habremos logrado que finalmente exista una atención integral (promoción, prevención y recuperación) de la salud mental, con cobertura y acceso universal? ¿Y la protección integral de las personas con discapacidades, y los adultos mayores?
Son apenas algunas de las preguntas que podríamos plantearnos, para establecer si vamos transitando el camino de cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos a nivel internacional con la agenda 2030, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, y plasmados, como derechos ciudadanos, en nuestra Constitución Nacional que nos define con un Estado Democrático y de Derechos; o si debemos comenzar a preparar nuestras excusas y explicaciones sobre por qué no los lograremos cumplir.
Toda persona interesada que hurgue en la experiencia nacional e internacional, encontrará abundante evidencia sobre el impacto positivo de las políticas y sistemas de salud con calidad, calidez, universalmente accesibles, y con énfasis en la promoción de la salud y la prevención, sobre la calidad de la vida, sobre las inequidades sociales y sobre la productividad y la economía en general, así como sobre la fortaleza institucional de los regímenes democráticos. También, sobre lo contrario, es decir, como las inequidades sociales en salud y en la calidad de la vida afectan la consolidación democrática y constituyen retrancas estructurales que frenan el desarrollo económico y social. Aún estamos a tiempo, si tomamos consciencia y nos disponemos todos a acometer las reformas necesarias, más allá de lo cosmético, pero el tiempo se agota y es un recurso no renovable.