El gobierno informó que “en menos de 3 años, hemos aumentado en un 190% el alcance del Programa, incrementando de 5,729 beneficiarios al 2020, a más de 16,000 en la actualidad. Destacó el ingreso de más de 1,300 pacientes, superando una cobertura estancada, que solo sustituía a los pacientes fallecidos o cambiados de terapia.
Al informar que el Programa cuenta con un presupuesto que “ronda los 8,000 millones de pesos, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, señaló que “el Programa de los Medicamentos de Alto Costo es insostenible, por lo hay que transferirlo a la seguridad social, a las ARS”.
Nuestra Fundación realizó una amplia discusión sobre el tema, a través del chat SS PARA TODOS, con usuarios y expertos en el financiamiento del Programa. Hubo consenso de que, tratándose de un servicio extremadamente necesario y sensible, las autoridades deben continuar aumentando su cobertura hasta cubrir a todas las familias más pobres y vulnerables.
El financiamiento activa la lucha por preservar los intereses
Nadie es tan ingenuo como para ignorar que el trasfondo del problema continúa siendo el financiero y la forma de asignación de los recursos. Unos plantean mantener la prescripción de fármacos patentados muy costosos, mientras otros pretender evitar el alza progresiva del presupuesto destinado a este vital servicio.
Las sociedades especializadas para continuar recibiendo regalías por las recetas de medicamentos de altos costos alertan sobre el riesgo de “posible incremento de los efectos adversos asociados al cambio de las moléculas”. Y condicionan la introducción de fármacos biosimilares siempre que cumplan con una serie de normas que en la práctica resultan excluyentes.
Por el otro lado, el traspaso del Programa a la Seguridad Social, en las actuales circunstancias, tiene sus pros y sus contras. Reduciría la fragmentación de los servicios y la inequidad social, habida cuenta de que ya el Seguro Familiar de Salud (SFS) cubre una parte de los tratamientos de alto costo, pasando el afiliado al Programa cuando se agota su cobertura.
Pero todos coincidimos en que esa posibilidad estaría condicionada al aumento de los fondos y a la identificación de las nuevas fuentes de su financiamiento, a fin de resguardar el necesario equilibrio financiero del Plan Básico de Salud (PBS), en que se sustenta el derecho universal al cuidado de la salud de todos los afiliados.
Si el Programa de Medicamentos de Alto Costo pasara a la Seguridad Social sin un fuerte incremento del presupuesto actual, habría que reducir muchas prestaciones que ahora tienen cobertura garantizada para dedicar esos recursos a satisfacer esa mayor demanda, lo que atentaría contra los derechos adquiridos de la población afiliada.
Los contras consisten en que una transferencia, pura y simple, incrementaría su costo y reduciría la cobertura del Programa, ya que: 1) las ARS recibirían el 10% del monto por su administración; y 2) se perdería la posibilidad de realizar compras conjuntas con otros países de la región a través de la OPS y de mecanismos como COMINSCA, donde es posible reducir los costos aprovechando las economías de escala.
El trasfondo del problema sigue siendo el financiero, dentro o fuera del SDSS. Lo cierto es que se trata de un problema social de salud que genera grandes incertidumbres y dolores de cabeza a la población, especialmente a las familias más pobres y vulnerables. Cualquier familia afectada, incluso de la clase media, necesita de la protección oficial, sí o sí, para sobrevivir y evitar caer en la pobreza extrema.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) valora el fortalecimiento oficial del Programa. Y al mismo tiempo le solicita el presidente, Luis Abinader, un mayor esfuerzo en eliminar más gastos superfluos o no prioritarios, a fin de alcanzar la cobertura universal del programa a favor de toda la población afectada.