Ha llegado el año de las elecciones. Una reunión entre los respectivos presidentes de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral acaba de ocurrir y sirve como señal de lo que marca al 2024.
Muchos números salen a relucir. Para estas elecciones habrá 4,420 recintos disponibles, los cuales albergarán 17,317 colegios. El próximo 18 de febrero 8,103,291 dominicanos podrán ejercer su derecho al voto en los sufragios municipales. Ese día se definirá quiénes ocuparán cargos en los 158 municipios y 235 distritos municipales con que cuenta el país.
Superada esa primera etapa, el 19 de mayo es la fecha escogida para realizar las elecciones presidenciales y congresuales, que incluyen las diputaciones de ultramar. Además, se ha previsto una eventual segunda vuelta el 30 de junio, de ser necesaria.
Con aumento de la cantidad de personas habilitadas para votar, tanto en el país como en el exterior, las mujeres lideran el registro electoral. Son 4,163,097, lo que representa un 51.28%. En tanto, la cantidad de hombres es 3.955.117, representando un 48.72%.
Otros números que debieran llamar la atención están relacionados con un grupo etario muy importante: el de los electores entre 31 y 40 años. Se trata del grupo más numeroso. Está compuesto por 1,650,215 personas habilitadas para ejercer el voto, de acuerdo con los datos ofrecidos por la JCE.
La democracia, como se ha dicho muchas veces, se mejora con la participación. En atención a ello, se enfatiza en la importancia del voto como mecanismo de participación electoral. Por eso suele hablarse de “grandes avances” en la democracia dominicana.
Aunque hace mucho tiempo que se ha planteado, sigue siendo tarea superar el enfoque que limita a cada cuatro años la participación real de la ciudadanía en el ejercicio democrático. Anhelos como la “revocación de mandato” siguen siendo tareas muy en el horizonte de los avances de nuestra democracia. El hecho de que la actual gestión de gobierno, por ejemplo, haya revocado decisiones que han recibido el rechazo de la población, ¿podría servir para que también la población se vaya entrenando de cara a aprender a revocar decisiones electivas?
Soñar con que, como en ciertas partes del mundo, una candidatura se vaya a la deriva por atreverse a plantear la idea de reducir la carga impositiva, ¿hasta cuándo seguirá siendo mucho más que utopía en República Dominicana? ¿A quién le conviene que el común de la gente prefiera la informalidad como norma para la inmensa mayoría de las transacciones comerciales?
Alguien podría argumentar que se hace necesario entender los plazos. De todos modos, dos características en común tienen el largo, el mediano y el corto plazo: todos comienzan con un primer paso, y también inician en el mismo momento. Visto eso, ¿cómo hacer para que la mejora de nuestra democracia sea asumida con ritmo y plazos que alimenten la esperanza?
Para ello vale celebrar que hayamos logrado avances orientados a regular el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos o formar parte de ellos. Pero ¿beneficia eso por igual a toda la ciudadanía? ¿O se trata del medio que muchos han encontrado para obtener beneficios tan particulares que dañan, en lugar de mejorar, nuestra democracia?
Quizás eso ayude a entender la pertinencia de vincular el ejercicio democrático, así como la mejora de la democracia, con las reales posibilidades de cada candidatura para asumir el servicio público con apego a sus cuatro dimensiones clave: estratégica, económica, operativa y social.
Conviene recordar que la idoneidad de quien aspira al servicio público ha de estar referida a su capacidad para atender el día a día mientras dedica esfuerzos a la construcción de una nueva realidad. Y eso no se logra sin enfoque estratégico. Alguien podrá parecer y hasta ser muy honesto, pero de poco sirve sin claros criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad en la gestión de los recursos.
Pero, además, aspectos como la construcción de consensos de cara a alcanzar objetivos e introducir innovaciones, o como el fortalecimiento de capacidades de servidores y ciudadanos son aspectos determinantes, si de verdad se desea mejorar la democracia e impulsar desarrollo humano.
Tomar en cuenta estos criterios a la hora de elegir sería excelente vía para mejorar la calidad de la democracia dominicana.