En la entrega anterior presentamos una panorámica general de la industria de las cirugías estéticas en la República Dominicana, los factores que en mayor medida contribuyen a su auge, y los riesgos de complicaciones y muertes asociados a estos procedimientos. En esta entrega abordamos el problema de la falta de regulaciones y la irresponsabilidad histórica de las autoridades, que permiten a muchos proveedores y centros operar con impunidad, a pesar de no contar con las condiciones y acreditaciones necesarias.
Complicaciones, impunidad y falta de datos
Más allá de las 93 estadounidenses muertas y las docenas que sufrieron complicaciones en la última década y media, según estudios publicados en EEUU, nadie sabe cuántas mujeres dominicanas o de otras nacionalidades han muerto o sufrido complicaciones severas por procedimientos estéticos practicados en el país. A excepción del dato citado en el Segundo Estudio y Diagnóstico del Turismo de Salud, que registra un 20% de complicaciones post-quirúrgicas, las informaciones sobre complicaciones y muertes son escasas y fragmentarias, y se limitan a las aportadas por los estudios extranjeros, reportajes periodísticos, sometimientos judiciales de médicos e información anecdótica. No existen cifras confiables, recopiladas y avaladas por organismos responsables, particularmente el Ministerio de Salud Pública.
Es importante tomar en cuenta que las complicaciones incluyen una gran variedad de situaciones, algunas de las cuales no requieren hospitalización inmediata y pueden aparecer meses o hasta años después de la intervención -como el caso de las jóvenes nulíparas a las que le hacen abdominoplastias y que, cuando posteriormente se embarazan, enfrentan problemas porque el vientre no se les distiende adecuadamente para acomodar el embarazo. O las mujeres que sufren de coito doloroso crónico luego de hacerse la vaginoplastia, debido al apretamiento exagerado de la vagina.
En el 2019, el director de la residencia en cirugía plástica del hospital Salvador B. Gautier ofreció unas declaraciones espeluznantes sobre las complicaciones que se atienden en ese centro de enseñanza:
“… en el área de cirugía plástica del hospital Salvador B. Gautier se reconstruyen cada semana entre 8 y 10 pacientes. Así lo informó el director de la residencia médica del establecimiento de salud, Severo Mercedes, quien dijo que están “inundados” de ese tipo de pacientes que les llegan drenando de los glúteos y lo atribuye al intrusismo, que asegura es alto en el país.
Dijo que, además de ese problema, está el uso de biopolímeros con lo que definió como el boom de la “nalgomanía”… Mercedes asegura que muchos médicos ejercen la cirugía plástica sin estar especializados y sin la autorización (correspondiente)… dijo que el centro clínico donde se practique ese tipo de procedimiento debe estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública y el cirujano plástico debe haber pasado por una escuela de postgrado, con un mínimo de dos años de cirugía general y tres de cirugía plástica.”
El problema del intrusismo, que se refiere a personal de salud que realiza procedimientos para los que no están formados o certificados, incluye gineco-obstetras que hacen cirugías genitales, cirujanos generales que hacen levantamiento de glúteos, implantes de mamas y otros procedimientos, dentistas que inyectan ácido hialurónico en los labios, etc. A eso se suman los gimnasios, salones de belleza y centros de cosmiatría donde personal sin formación médica inyecta todo tipo de fillers, aplica botox, etc.
Como veremos en la próxima sección, recientemente las autoridades de salud empezaron a aplicar algunas regulaciones al sector en el marco de los esfuerzos gubernamentales por fomentar el turismo de salud, aunque la cultura de la impunidad sigue siendo muy fuerte en el país. Por ejemplo, todos los médicos que figuran en los reportajes periodísticos consultados para este trabajo y que han sido denunciados y/o sometidos a la justicia por causar lesiones severas y hasta múltiples muertes, siguen practicando sin ninguna restricción al día de hoy. Todos promocionan sus servicios en internet y, como pude confirmar con una simple llamada telefónica a sus consultorios y clínicas, todos ofrecen servicios a pacientes nacionales y extranjeras.
Esto incluye al Dr. Edgar Contreras, el caso paradigmático de malapráctica médica e impunidad oficial en el país, que ha sido sometido a la justicia innúmeras veces por pacientes afectadas o familiares de pacientes muertas, y que ha sido denunciado reiteradamente por Nuria Piera a lo largo de 26 años de ejercicio periodístico. “Solo entre los años 1998 y 2015, el equipo de N Investiga ha presentado unos 10 reportajes de denuncias de malas prácticas médicas, cicatrices, amputaciones e incluso muertes contra el cirujano plástico, Edgar Contreras”, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado medidas definitivas (cierre de clínica, retiro de exequatur, sometimiento judicial).
El problema de la impunidad no solo se refiere a las autoridades judiciales o de salud pública, que han autorizado una y otra vez la reapertura de clínicas cerradas por no cumplir con los requisitos y estándares mínimos, aun después de la ocurrencia de muertes por mala práctica médica, sino también a las sociedades médicas, que a veces ponen los intereses de sus colegas por encima de los de sus pacientes. Por ejemplo, cuando en el 2015 murió una de las varias pacientes fallecidas en la clínica del Dr. Edgar Contreras y el Ministerio de Salud Pública le suspendió temporalmente el exequatur, el Colegio Médico Dominicano salió en defensa del cirujano y envió una carta a la Ministra de Salud oponiéndose a tal medida, por considerar que “no se cometió negligencia según la necropsia realizada a la paciente”.
Asimismo, tras publicarse el pasado mes de enero la advertencia de la embajada de EEUU, el presidente de Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) restó importancia al estudio de la CDC y resaltó el buen ejercicio de la cirugía plástica en el país, afirmando que las complicaciones son mínimas. También lamentó que sea noticia el tema “y se atente contra la industria del turismo de salud dominicana, a pesar de los niveles de calidad que exhibe, con una tasa de incidencia en complicaciones posoperatorias por debajo del promedio mundial” -afirmación que no estuvo acompañada de ninguna cifra o dato que la avale-.
El fomento del turismo de salud y el futuro de las cirugías plásticas
La República Dominicana es actualmente el principal destino de turismo de salud del Caribe, el segundo de Latinoamérica y el número 19 del mundo. Sin embargo, a diferencia de otros países, RD no tiene un marco regulatorio específico para el turismo de salud, y las políticas estatales han priorizado el fomento de las inversiones más que la protección de las pacientes. No es de extrañar que, al margen de las necesarias regulaciones y acreditaciones, el turismo de salud se beneficie de los incentivos que concede la ley 158-01 sobre Fomento al Desarrollo Turístico, que otorga privilegios impositivos ultra generosos a los inversionistas privados, quienes quedan exonerados del ISR, impuestos a la transferencia de inmuebles, aranceles aduanales, ITBS, etc. Es decir, que los contribuyentes dominicanos subsidiamos los ingresos de las cirugías plásticas, un negocio que crece aceleradamente con escasa fiscalización oficial.
Recientemente han surgido dos circunstancias que podrían augurar una mejora en la regulación del sector, con la consecuente reducción de las complicaciones de salud que sufren las pacientes y la impunidad de los proveedores que incurren en malaprácticas. La primera es la publicación del estudio de la CDC y las consecuentes presiones de los EEUU a las autoridades dominicanas para que cumplan su rol de regulación y sanción, lo que según el Viceministro de Garantía de Calidad del Ministerio de Salud Pública, “sirve como punto de partida para incrementar la mejora contínua de este tipo de procedimiento médico”.
La segunda circunstancia, y la más importante, es el enorme crecimiento del turismo de salud en los últimos años, del que se lucran centenares de médicos dominicanos además de clínicas, laboratorios, empresas farmacéuticas, hoteles, casas de recuperación, etc. La necesidad de proteger este negocio y asegurar su crecimiento continuado -quizás más que el interés en preservar la salud y la vida de las mujeres- ha despertado el interés de las autoridades en la regulación del sector, aunque su accionar sigue siendo todavía tímido.
La expansión y modernización del turismo de salud recibió su mayor impulso con el Decreto 787-21 emitido por el presidente Abinader, que “instruye al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y al Ministerio de Turismo elaborar, previa realización de los estudios pertinentes, las políticas y estrategias tendentes al desarrollo sostenible del turismo de salud y bienestar”. Desde la emisión del decreto, diversos organismos oficiales, junto a asociaciones privadas como la ADTS y Sodocipre, han estado coordinando actividades dirigidas al desarrollo del sector, incluyendo la promoción de diversas iniciativas público-privadas.
Según el estudio de la ADTS, los ingresos del país por turismo de salud fueron de 265 millones de dólares en el 2018, aumentando a más de 1.321 millones de dólares en el 2022. Y aunque la mayor cantidad de pacientes que vienen al país por turismo de salud buscan servicios odontológicos, son las cirugías y procedimientos estéticos los que aportan los mayores ingresos. Para el 2022 la inversión en infraestructura de salud era de unos 500 millones de dólares -cifra que debe haber aumentado considerablemente desde entonces- y el número de casas de recuperación ha crecido tanto que ese año se estableció la Asociación Dominicana de Casas de Recuperación, que ofrecen servicios a las extranjeras que vienen a operarse y no tienen parientes donde alojarse.
El presidente de la ADTS afirma que en los próximos años se invertirán más de 20,000 millones de pesos en el sector de turismo de salud, incluyendo “centros de salud con hoteles y áreas comerciales, implementación de tecnologías para interconectar los sectores farmacéutico, prestador y asegurador con la finalidad de eficientizar los servicios, entre otros proyectos”. Se espera que para el 2028 el país reciba medio millón de pacientes internacionales, lo que representa un crecimiento del 47% en relación al 2022. Para el logro de estos objetivos es necesario adecuar el sector a las normas de calidad locales y obtener las acreditaciones internacionales que avalen los centros de salud y los prestadores de servicios. Por esa razón a finales del mes pasado,
“El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, anunciaron la puesta a disposición del Sello de Calidad para el Turismo Médico, basado en protocolos y estándares reconocidos internacionalmente, que buscan elevar la confianza en los servicios de atención en las clínicas y centros de salud del país. La iniciativa, realizada mediante alianza público-privada con el apoyo de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), tiene por objetivo fortalecer la calidad de la oferta para la captación de pacientes y la promoción del país como destino seguro para el turismo de salud y bienestar.”
La divulgación de informaciones como las de la investigación de la CDC y los demás estudios realizados en EEUU y publicados por la prensa de ese país -a veces con titulares muy sensacionalistas- constituye una amenaza importante a los planes de inversión y expansión del turismo de salud en todos sus segmentos, no solo el de las cirugías plásticas. De ahí la expectativa de que, para proteger su crecimiento, las autoridades se vean precisadas a regular de manera más efectiva los centros de cirugía y de estética, así como los prestadores de dichos servicios.
En conclusión, en República Dominicana no hay un solo médico o dueño de clínica preso por malapráctica médica, a pesar de las muchas complicaciones y muertes denunciadas a lo largo de los años. Esta situación obliga a preguntarnos: más allá de los intereses económicos en juego, ¿las autoridades y la opinión pública hubieran aceptado este estado de cosas si se tratara de pacientes hombres (de los cuales solo he encontrado una muerte reportada, por complicaciones de reducción mamaria)? Nótese que lo mismo aplica en el caso de las muertes maternas y los feminicidios: ¿toleraríamos como sociedad esta enorme cantidad de muertes prevenibles, año tras año, si los muertos fueran hombres? ¿Por qué se toleran cuando las muertas son mujeres?
El fenómeno de las cirugías y demás procedimientos estéticos -y de la industria de la belleza en sentido general- no es un asunto intrascendente, de simple “coquetería femenina”, sino un fenómeno social y económico complejo con múltiples implicaciones para la salud física, mental y social de las mujeres. Es hora de que empecemos a darle la importancia que merece.