Pasadas las elecciones y confirmada la reelección del presidente Luis Abinader, con un nuevo Congreso Nacional de súper mayoría para el partido de gobierno, entramos en lo que parecería ser un ciclo de reformas institucionales y normativa que pretende llevar a cabo el mandatario reelecto en su nuevo período.
El Partido Revolucionario Moderno que controlará el Congreso Nacional y el Gobierno no tiene excusas para no acometerse a revisar la legislación dominicana en los ámbitos que desde la proclamación de la Constitución de 2010 se vienen discutiendo.
La súper mayoría que tendrán a partir de 16 de agosto no es para hacer una fiesta y pasar el rolo sin tomar en cuenta la confluencia de intereses contrapuestos ni para embriagarse de poder, como pasó con el último gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); sino para facilitar la aprobación de leyes que permitan fortalecer la institucionalidad, ampliar la esfera de derechos de las personas y promover un ciclo económico virtuoso que nos termine de poner en la senda segura del desarrollo.
Actualmente se discuten tres reformas importantes: 1.-A la Constitución, para “poner candados”; 2.-La reforma tributaria; y 3.-La reforma al código de trabajo.
Honestamente la reforma a la Constitución es la menos importante pues para sorpresa de muchos, la Constitución de 2010 es una excelente base normativa e institucional para el Estado Social y Democrático de Derecho que aspiramos. Lógicamente que no es perfecta y por ello, más que hablar de candados, de trabas para procesos de reformas futuras y al margen de que dicha intención ameritaría un referéndum aprobatorio conforme artículo 272 de la Constitución, una reforma constitucional debe enfocarse en estos momentos en dos asunto puntuales: a) sacar la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura; y b) reformular la composición de dicho consejo dado lo farragoso que son los términos utilizados para su composición.
…supone hablar de la reforma laboral, pues si vamos a estar en un ciclo de reformas este tiene que ser integral.
No recomiendo llevar la discusión de la reforma constitucional a otros aspectos pues se abriría una caja de grillos y un proceso político del que no necesariamente se salga victorioso.
La reforma tributaria es la píldora amarga que ningún gobierno quiere pasar y que para endulzarla resulta necesario mejorar la calidad del gasto. Por ejemplo, no podemos hablar de reforma tributaria si el Congreso Nacional mantiene el dispendio de fondos vía el cofrecito o el barrilito. Tampoco se puede hablar de esta reforma si no se rinden cuentas de los gastos en el sistema educativo o la falta de mantenimiento o terminación de las obras públicas.
Mejorar la calidad del gasto, aumentar los niveles de transparencia de la Administración y combatir la evasión son aspectos indispensables para que una reforma tributaria comience a generar apoyos en los sectores medios. Y a esto se le suma el hecho de que dicha reforma no puede ser dirigida para cargar de más impuestos; sino a sentar las bases de un sistema tributario más progresivo, haciendo estudios serios que permitan eliminar las exenciones que ya no nos sirven y mantener o extender las que sí nos funcionan.
De hecho, la discusión de la reforma tributaria necesariamente conlleva pensar si deseamos mantener el actual modelo económico basado en servicios o si podemos movernos en una dirección de más industrialización e incentivo a la innovación y al asentamiento de firmas digitales en el país. Y esto último igualmente supone hablar de la reforma laboral, pues si vamos a estar en un ciclo de reformas este tiene que ser integral.
Un problema que como país hemos tenido es que se hacen las cosas a medias, con parches y creando anomias o nuevos conflictos jurídicos e institucionales por la falta de integralidad de las modificaciones que se vienen haciendo.
En el 1992 se promulgaron el Código de Trabajo y el Código Tributario. Ambas reformas en este nuevo ciclo deben venir juntas y al mismo tiempo las modificaciones necesarias a la ley de seguridad social en tanto que el sistema de pensiones y de seguros de salud amerita ser revisado integralmente para el beneficio de los trabajadores y los usuarios, al tiempo de garantizar más competencia y mejores servicios que reditúen en beneficio de las empresas de cada sector.
32 años después de estas grandes reformas, toca pues, volver a ellas y asumir el reto de pasarlas para mejorar la calidad de vida de todas las personas y finalmente caminar firmes hacia los objetivos constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho que definimos en el 2010.