Al iniciar la década de los noventa se realizó una reforma laboral que remplazó el vetusto Código Trujillo de Trabajo del año 1951. A partir de este momento, se consolidaron múltiples conquistas de la clase trabajadora, como, por ejemplo: Una verdadera protección a la maternidad, una ampliación de los montos comprendidos en las ya reconocidas prestaciones laborales (aviso previo y cesantía), entre otros derechos específicos e inespecíficos que dignificaron las relaciones del trabajo subordinado.

Por primera vez en su historia, la clase trabajadora empezó a contar con un amparo legal parcialmente efectivo -en comparación con el anterior-, que, en los hechos, fue dotando de sentido y alcance el compromiso realizado entre empleadores y asalariados, proporcionándole realce a las relaciones obrero-patronales.

En el decurso del proceso de reforma, como después de ella, algunos sectores advirtieron con alarma que la nueva normativa sería un impedimento para la creación de nuevos empleos. Entre otras cosas, manifestaban que las pequeñas empresas desaparecerían por el peso de las nuevas cargas económicas que supondría la nueva legislación.

Hoy en día, ante la posibilidad de una reforma al actual Código de Trabajo (Ley16-92) sucede algo similar. Los mismos sectores de antaño, con nuevos portavoces, arguyen que nuestra legislación laboral fomenta la informalidad en la economía, y por ello, lo pactado en su momento, debe ser ¨mejorado¨ -con modificaciones a las modificaciones- a saber: Establecer un tope a la indemnización del trabajador cesado (auxilio de cesantía), volviendo al pasado, retomando lo dispuesto en el exánime Código Trujillo de Trabajo del año 1951 (Art. 72 y sus ordinales).

Los datos vernáculos aplastan el razonamiento de quienes piensan que los derechos laborales, en particular la cesantía, como exponen unos pocos, fomentan la informalidad, precarizan la economía de las empresas y menoscaban la creación de nuevos empleos. Veamos: en el año 1990, dos años antes de la fecha de entrada en vigor del Código de Trabajo, el desempleo abierto se situaba en el 20% de la población total y, a partir de ese mismo año, la desocupación fue descendiendo paulatinamente hasta situarse en el 13.7% en el año 2000.

Es decir, luego de la promulgación de una ley laboral que reforzó y amplió los derechos de los trabajadores, el desempleo se redujo considerablemente, contrario a lo que algunos sugerían. Este revés para quienes procuraban el naufragio del nuevo código se produjo: por el crecimiento de nuestra economía, sin más.

En la década de los noventa el PIB del país creció sostenidamente por encima del cinco por ciento anual como promedio, con incrementos que llegaron entre 1996 y 2000 a casi un nueve por ciento.

Contrario a lo sucedido en los noventa, en el año 2003 la economía dominicana sufrió un vuelco morrocotudo con la quiebra bancaria. El PIB decreció, la inflación supero el 60% anual y la moneda nacional se deprecio hasta mas no poder.

[1]Como consecuencia de este varapalo, el desempleo paso de un 13.7% en el año 2000 a un 19.2% en el año 2003, todo ello por razones ostensibles, como el cierre de empresas y la deserción de la inversión nacional y extranjera del suelo dominicano. Pasado el tiempo, la economía empezó a reactivarse a mediados del año 2005, y ya en el año 2007 la desocupación laboral se encontraba en un 14.3%.

Industrias como la construcción, minería, zonas francas o la turística, todas en su mejor momento, se encuentran colmadas de medianas y grandes empresas, todas en el sector formal de la economía, aportando dividendos a nuestro crecimiento y desarrollo económico, muy a pesar de lo previsto en el vilipendiado Código de Trabajo, incluyendo el anatemizado auxilio de cesantía.

La evidencia demuestra que la economía es lo determinante para la generación de empleos y los ejemplos aludidos prueban que una disposición normativa tuitiva no ha sido obstáculo en épocas de prosperidad para la creación de ellos. Por la misma razón, la precitada regulación nada puede hacer para evitar el desempleo en tiempos de recesión económica.

[1] Empleo y mercado de trabajo en la República Dominicana (1991-2013).