La semana pasada tuiteé una sorprendente noticia de una huelga que se ha convocado en Santa Cruz, la importante ciudad de Bolivia, presionando al gobierno para que se adelante el censo nacional. Hay que imaginarse la relevancia que la sociedad boliviana le asigna a la actualización de las estadísticas demográficas que les lleva al empresariado de esa región a exigirle al gobierno que priorice el empadronamiento de la población un año antes de lo ofrecido por el ejecutivo.

En República Dominicana la situación es diametralmente opuesta. Los Censos son entendidos como uno de los rituales inútiles de la gestión pública. A pesar de toda la publicidad multimillonaria que se gasta cada diez años cuando nos toca abocarnos a la titánica tarea de encuestar casa por casa, poquísima gente asocia la actualización de los datos poblacionales a políticas públicas. Es una de esos montajes que desde Trujillo se repiten bajo el amparo de la ley, pero que el pueblo no logra identificar el beneficio real que le aporta.

Se sabe que la JCE lo utiliza para definir como se distribuye la cantidad de congresistas y concejales por cada demarcación. A parte de ese uso muy puntual, no se conoce otro momento en el cual el Gobierno Dominicano recurra a las informaciones recogidas en el Censo. Lo más parecido al levantamiento estadístico para el diseño de políticas públicas ha sido el Estudio Socioeconómico de Hogares el cual ha servido para la construcción de la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Es decir, que ni para eso sirven los datos del Censo.

Quienes hemos tenido la ocasión de realizar investigaciones sociodemográficas en el país hemos recurrido a las informaciones oficiales de los censos. Resulta un instrumento insustituible. Pero la tradición chapucera e improvisada con la cual se gestiona la cosa pública en el país nos evidencia que el uso que se le da a las estadísticas es casi nulo.

Una nación en la cual se promulga una ley sobre una Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2030 y el mismo poder ejecutivo la engaveta. Un país en el cual todos las personas que admiramos a Miguel Ceara Heatton reconocimos como un ascenso su promoción de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a Ministro del Medio Ambiente. No sé en cuál otra nación se asuma como más importante una posición que la otra. La dura realidad es que el MEPID si no fuera por las declaraciones valientes y contracorriente del actual incumbente fuera un ministerio completamente anodino.

El análisis de la inversión pública nos refleja, sin dudas, el escasísimo aporte de la planificación y los diagnósticos a profundidad en la prioridad asignada a las ejecutorias públicas. Valen más las encuestas de opinión, los sondeos y los lobbies que cualquier estudio en base a datos. El presidente actual llega a cada localidad con un macuto de promesas que no tienen más respaldo que las posibilidades de generar expectativas electorales en la ciudadanía.

Las 3 obras de más alcance que anunció Luis Abinader en su discurso inaugural (el Puerto de Manzanillo, la Autopista Ambar y el Polo Turístico de Pedernales) a duras penas estarán iniciadas al terminar su período. Sin embargo, obras como el monorriel de Santiago, el muro fronterizo y la extensión del Metro en el Distrito Nacional, obras que ni siquiera aparecían en el Programa de Gobierno del PRM, marchan a todo ritmo fruto de las prioridades que establecen los cálculos electorales del asesor Vengoechea.

La improvisación y la discrecionalidad presidenciales que alcanzaron la modalidad de caricatura con las visitas sorpresas de Danilo Medina, distan mucho de ser nuevas. Para las nuevas generaciones vale recordar que la ampliación a dos carriles de la  Autopista Duarte, obra que en su momento fue la de mayor presupuesto en toda la historia dominicana, se inició en la campaña del 1994 como respuesta del presidente Balaguer a una oferta de campaña que acababa de hacer Peña Gómez como candidato opositor.

Sin consultar a ningún funcionario, dispuso que de inmediato se iniciara la movilización de tierras sin existir planos, ni presupuesto, ni evaluación de impacto ambiental ni de ningún tipo. El mensaje proselitista estaba por encima de todos los requisitos legales e institucionales: mientras el PRD ofrece, Balaguer ejecuta.

En ese contexto de vulgarización de la planificación y los diagnósticos como precedentes para el diseño de políticas públicas, inversiones y ejecutorias, nos encontramos con la celebración del X Censo Nacional de Población y Vivienda. El estudio estaba llamado a pasar con la misma insignificancia con que han pasado los anteriores. Una actividad tan ajena a la población como el Te Deum que todos los años se celebra el día de San Judas Tadeo patrón de la Policía Nacional.

Para la gran mayoría de la población resultará mas o menos igual de ajeno a las veces anteriores. Sin embargo, la pródiga e inagotable imaginación de los Vincho le asignó una impronta mediática inusitada. A fuerza de redes sociales y declaraciones temerarias se difundió la especie de que se trata de un esfuerzo por nacionalizar un millón de haitianos.  Si no viviéramos en el contexto de crispación que esos sectores auspician con el cuco de la fusión, la salida de los estos “nacionalistas” debería provocar risa.

Ante la irracional campaña de esos sectores extremistas, los sectores progresistas se han visto precisados a salir al frente llamando a apoyar el Censo. Haciendo énfasis en la importancia teórica de ese ejercicio estadístico, se le hace un reconocimiento al personal técnico de primerísima calidad que ha estado laborando en la elaboración del cuestionario y en el montaje de la actividad. Al mismo tiempo se le hace frente a esa máquina generadora de fábulas y paranoias seudopatrióticas que generan los neotrujillistas en República Dominicana.

El esfuerzo realizado, los recursos invertidos y la importancia de contar con estadísticas actualizadas hacen válida la ocasión para llamar a que hagamos de la planificación basada en el análisis de los datos levantados, un instrumento imprescindible para el desarrollo. No es para nada un ejercicio del azar que la etimología de la palabra Estado se asocie a la estadística. No resulta completamente infundado decir que sin datos no hay Estado.