Uno de los asuntos que los que más hemos fallado como país, desde la transición a la modernidad desde mediados de los años noventa, ha sido en materia de seguridad vial. Los accidentes de tránsito son el día a día, lo más cotidiano, los que adornan nuestras intersecciones, carreteras, autopistas, postes de luz y semáforos cada fin de semana, sea en las noches o a cualquier hora durante nuestro caluroso sol tropical o bajo los temporales que de sorpresa inundan nuestras colapsadas avenidas.
Las raíces de este gran problema que tenemos las encontramos en una clara ausencia de planificación urbanística frente el inmenso desarrollismo de nuestras ciudades y el fenómeno de la masificación de los vehículos de motor como priorización del transporte privado sobre uno colectivo, eficiente y seguro. A esto tenemos que sumarle el aumento del tráfico y el tránsito en nuestras carreteras producto de la necesaria construcción de infraestructuras viales para mejorar la conectividad territorial del país. Todo lo cual ha sido realizado sin el mínimo previsión y sin poner en marcha serios planes para mejorar la seguridad vial.
También la epidemia de accidentes se debe en gran medida a la falta de educación vial y de impunidad por la violación de la ley de tránsito por parte de todos los que salimos en nuestros vehículos. Sin excepción, no es un asunto exclusivo de personas con menos recursos económicos. Es un problema común a toda la ciudadanía y reconocerlo es parte de comenzar a solucionarlo.
Al país no le faltan instrumentos normativos para tomarnos en serio la seguridad vial, pues con la ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se acierta en una amplia descripción de las conductas prohibidas y de las esperadas al momento de tomar el volante, así como también se regula la condición de los vehículos y su estado para poder circular adecuadamente en las vías públicas. Esta ley crea la Escuela Nacional de Educación Vial necesaria para prevenir las inconductas en el tránsito, así como también para diseñar las pautas para la obtención de las licencias de conducir, lo cual debe revisarse profundamente para garantizar que quienes la obtengan tengan un amplio conocimiento de las reglas de tránsito.
Actualmente estamos ante una clara degradación y relajación de las reglas de tránsito, por eso es demasiado común ver todo tipo de infracciones incluso ante los ojos de los agentes de la DIGESETT. Pareciera que hay una rendición de las autoridades ante el caos y vivimos en un estado permanente de sálvese quien pueda. Y mientras esto perdure, las inconductas en el tránsito nos seguirán desmejorando nuestra calidad de vida, así como seguiremos perdiendo vidas y el país asumiendo un costo económico enorme producto de los accidentes.
Un país que tiene como una de sus industrias el turismo y que quiere potenciarlo aún más, no puede darse el lujo de ser un cementerio vial. Ya lo estamos viendo en las noticias que llegan desde la autopista El Coral. Asimismo, el costo por accidentes de tránsito representa para el país cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto. Sí…. ¡2.5% del PIB!
En efecto, nos gastamos cerca de tres mil millones de pesos (RD$3,000,000,000.00) solo atendiendo casos de accidentes de tránsito; sin contar el costo social que suponen las lesiones permanentes e incapacidades que se derivan de estas.
Es inaplazable el mejoramiento de la seguridad vial y para ello algunas medidas tomar son:
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Ejecutar un plan efectivo de señalización de nuestras calles, al tiempo de iluminar y reparar las vías que por su uso intenso se han deteriorado;
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Reforzar a la DIGESETT y sus agentes, no para hacer el desastre que hacen como semáforos humanos; sino en su labor de fiscalización, la cual debe ser igual para todas las personas y que no haya distinción entre funcionarios, militares o “padres de familia” que son los más que siempre quedan impunes en sus inconductas;
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Regular el transporte de carga urbano e interurbano para incentivar el uso de circunvalaciones, así como horarios de entradas y salidas en los cascos urbanos;
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Reestructurar el sistema de obtención de la licencia y finalmente poner en marcha el sistema de puntos;
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Relanzar el sistema de revista de vehículos para impedir la circulación de aquellos que no cumplan con el mínimo de seguridad, especialmente para los transportes de carga o de pasajeros;
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Cumplir con el monto establecido en las multas, es decir, indexarlas al monto de un salario mínimo del sector público centralizado y ejecutar un programa de cobros de las multas. Esto es importante porque el dolor en el bolsillo es una forma de prevenir inconductas.
Tenemos que tomarnos en serio la seguridad vial, si queremos disminuir el riesgo de que al terminar de leer este artículo, saliendo como peatón o conductor, nos atropellen o seamos parte de uno de los miles de accidentes que ocurren al año.