Corresponde a la justicia dominicana a través del debido proceso, establecer las responsabilidades legales y penas que correspondan y se deriven del voluminoso expediente de corrupción del caso Medusa. Por tanto, cualquier valoración debe hacerse con el cuidado que corresponde, porque simplemente no se puede hablar con ligereza de lo que no se conoce en detalle. Aquí, por consiguiente, quiero delinear algunos apuntes que, desde la perspectiva de la teoría económica institucional, pueden ser útiles para entender las posibles implicaciones del caso en el futuro de la política dominicana y su relación con la creación o destrucción del potencial de desarrollo económico del país.
Corrupción sistémica. El caso medusa de seguro no será el último expediente de corrupción que veremos en los meses por venir y quizá tampoco será el más grande. No obstante, posiblemente sea el caso más complejo de corrupción política de la historia de nuestro país, por la escala y alcance del tinglado en principio creado como parte de la red de corrupción definida en el expediente acusatorio. No sólo se trata de un caso de corrupción desde el ejercicio del poder político, sino también que sus tentáculos llegan al sector privado y en algunos casos a lo más granado del mismo. Habitualmente un expediente de corrupción, al margen del rigor técnico y jurídico con que se construya, se ha limitado a la administración política del estado durante la cual se ejecutó. El expediente del caso medusa ha llegado con sus tentáculos hasta el nuevo gobierno tocando la misma Presidencia de la República. La justicia se encargará de dilucidar responsabilidades, pero lo cierto es que se abren interrogantes importantes sobre ejercicio de la política y la impunidad que muestran a destajo la vulnerabilidad institucional de nuestra sociedad. El caso de alguna forma toca diversos núcleos del sector privado, muestra el carácter sistémico de la corrupción y su envergadura, así como el hecho de que no sólo los políticos participan de la dinámica de la corrupción, con sus acólitos en el sector privado protegidos por las estructuras y redes que se crean para erosionar sistemáticamente el erario. El expediente del caso medusa muestra más allá de cualquier valoración de este, el carácter sistémico y estructural de la corrupción política en nuestro país.
Instituciones extractivas. En “Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Por qué fracasan los países”, (título completo 2012), sus autores (Daron Acemoglu y James Robison) analizan las causas de la desigualdad desde el punto de vista de su causalidad institucional, es decir, abordan los problemas del desarrollo desde el punto de vista del papel que desempeñan las reglas de juego en la vida económica de las sociedades. En esencia se plantea que las sociedades con instituciones inclusivas favorecen el progreso, la igualdad y la distribución de la riqueza sobre la base de un mejor funcionamiento institucional que entre otras cosas incluye el respeto a las instituciones y los sistemas de justicia basados en el cumplimiento de las leyes y en las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Por otro lado, las sociedades con instituciones extractivas están diseñadas para que una élite (política, social o económica o del tipo que fuere) concentre en sus manos la generación de riqueza, ante un prácticamente nulo funcionamiento de las instituciones y con sistemas de justicias y responsabilidad que más bien promueven la impunidad y protegen a las élites. El referido libro está lleno de ejemplos y datos que muestran el papel diferencial de las instituciones que funcionan en sociedades con modelos inclusivos de desarrollo institucional, con respecto a la pobreza y desigualdad que impera en sociedades con modelos extractivos de desarrollo institucional. Las consideraciones anteriores le dan un nuevo sentido a la noción de estado fallido, surgida un par décadas atrás para explicar el enorme deterioro institucional, político, económico y social de sociedades colapsadas por la ausencia de institucionalidad.
La lectura de “Por qué fracasan los países” me recordó inmediatamente uno de los libros que más me han influenciado: “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico” de Douglas C. North, premio Nóbel de economía de 1993. La premisa de North es el punto de partida para comprender el peso del desarrollo de las instituciones políticas en el desempeño económico de las sociedades. Países con institucionalidad fuerte (reglas de juego respetadas con todo su andamiaje de soporte) esencialmente tienden a ser más prósperas, inclusivas y desarrolladas que aquellas con un bajo nivel de desarrollo institucional. El sistema de justicia, los valores y el cumplimiento y reforzamiento de las normas jurídicas y políticas es fundamental para asegurar que las instituciones democráticas impacten en el desarrollo económico, la prosperidad y la inclusión social.
Negociar la exclusión no es exculpación. De repente en el caso medusa las personas quieren colaborar con la justicia para ser eximidos de cualquier responsabilidad penal. Otros tantos están dispuestos y de hecho devuelven el dinero obtenido de su participación directa o indirecta en el tinglado de corrupción descrito en el expediente del caso. Es bueno recordarles a las personas, empresas y grupos de interés beneficiados que negociar o devolver el dinero no exculpa al menos en términos éticos, su responsabilidad y actuación. Hacerlo no tiene el poder de las indulgencias medievales y con ello no se gana la entrada al cielo, aunque aquí se evite ir a la cárcel. Usted sigue siendo responsable de dolo y si bien le asiste el derecho de enmendar su conducta, en una sociedad con instituciones extractivas nada impide que usted continue con la práctica. Por esa razón para los que negocian y llegan acuerdos sería interesante algún tipo de veto temporal de participación en la vida pública o de impedimento de participación en licitaciones del Estado. Pero eso no ocurrirá.
Neo-clientelismo y cambio de élites políticas. Por supuesto, que en una sociedad en la que por décadas se pactó la impunidad (en 1978 con el borrón y cuenta nueva), participar del arreglo institucional extractivo que ha permitido la corrupción por parte de las élites políticas de turno, es considerado como una prerrogativa del poder político. El estado es visto como un gran botín que debe ser repartido a través de prácticas clientelares, que en el pasado tomaban la forma (y la siguen tomando) de empleos en ministerios y organizaciones púbicas con nóminas abultadas y supernumerarias, que más bien promueven la ineficiencia del accionar de las instituciones. Ahora bien, el reparto del botín público está tomando una nueva forma de práctica clientelar gestada ya desde hace un tiempo: un tipo de neo-clientelismo, que por un lado consiste en el reclutamiento de nuevos actores sociales y que por otro tiene como efecto la creación de actores políticos flotantes. Desde el punto de vista del reclutamiento este no ocurre únicamente por el lado de la demanda, también ocurre por el lado de la oferta y consiste en la compra/venta de la popularidad: artistas en principio, personajes de la farándula luego y actualmente personajes del extraño mundo de las redes sociales y las multiplataformas.
El resultado es una pseudo-élite de personajes flotantes que no tiene nada que ver con el transfuguismo tradicional de la política y que más bien lo alimenta, con la emergencia de liderazgos autónomos con una muy limitada o casi nula formación no sólo política o económica, sino con la total ausencia de cualquier forma de cursus honorum político o social. Estos personajes no tienen reparos en pasar de una formación política a otra, ya que su principal activo es la supuesta popularidad, conexiones o imagen representacional que llevan a los partidos políticos. Les interesa ser parte de las élites gobernantes de turno, perpetuarse y mutar con ellas, dado el efecto protector que de alguna manera confiere el ejercicio del poder político. Esto puede ser terrible para el futuro político de la sociedad dominicana, ya que se combina con un mensaje ambiguo que no diferencia entre idoneidad y popularidad, entre conocimiento y desconocimiento. Al final el cambio de las nuevas élites gobernante en lugar de promover la transformación política e institucional tiende a perpetuar el arreglo institucional extractivo que les permitirá medrar en la cosa pública. Los partidos políticos deben tomarse muy en serio su futuro y la calidad de su liderazgo. Resaltando excepciones, el semillero de los próximos años deja mucho que desear y en las raíces del caso medusa es posible encontrar los efectos perniciosos de un liderazgo emergente que no cuenta con las calidades para encausar al país por la senda del desarrollo institucional.
La máquina del tiempo. Ya conocemos el futuro de continuar en un modelo institucional extractivo que promueva el desarrollo de élites (del tipo que sea), en detrimento del interés colectivo. Basta con asomarnos al lado occidental de la Isla, a la hermana República de Haití, para ver el futuro. Haití no es el pasado si no la promesa de un futuro probable y devastador de no ser capaces de profundizar y transformar las instituciones democráticas para que funcionen a favor del interés colectivo. Las señales advierten de tormentas futuras. Lo ocurrido con el sistema de educación pública dominicana después de asignarle el 4% del PIB debería preocuparnos profundamente. Expedientes como el caso medusa son sintomáticos de un problema mayor que tiene el potencial de hacer inviable la convivencia pacífica y democrática en una sociedad que requiere mayor inclusión social para enfrentar sus retos en desarrollo económico, innovación y transformación productiva, seguridad ciudadana, energía, cambio climático, producción sostenible, sólo para mencionar algunos de esos desafíos. Pensamiento de corto plazo, incapacidad para pensar colectivamente, corrupción desenfrenada, pero sobre todo impunidad, son los ingredientes que le dan forma al futuro probable que nos muestra la máquina del tiempo.
La luz tenue al final del túnel. El trabajo de la Procuraduría General de la República luce serio, pero me temo que insuficiente para que en los próximos 24 meses se puedan llevar a feliz término los expedientes encausados. Si quieren una lucha efectiva contra la corrupción deberán centrar esfuerzos y capacidades, pero sobre todo asegurarse que los expedientes no tengan grietas técnicas y legales que luego los hagan inviables en los tribunales, porque entonces tendremos un efecto bumerán que fortalecerá la impunidad y que nos pondrá más cerca de la senda probable del futuro indicado por la máquina del tiempo que tenemos al lado. La luz es tenue y se hará más clara en la medida en que las actuaciones institucionales estén muy bien articuladas y lleguen a término en los próximos meses.
La apuesta por el desarrollo de las instituciones. El escenario de corto y mediano plazo es favorable para que el país avance en su institucionalidad democrática. Para ello es muy probable que el presidente Luis Abinader disponga de cuatro años adicionales en lo que afiance su compromiso con el funcionamiento de nuestras instituciones, pero tiene que dar señales claras de que el cambio de liderazgo político operado en 2020 es la antesala de una nueva forma de hacer política y que efectivamente se profundiza en el desarrollo de nuestras instituciones. Por el lado de la política económica no tiene que preocuparse ya que el gobierno actual no desarrollará una política económica cualitativamente distinta a lo ya conocido. Afortunadamente tal parece que se ha desistido de una reforma constitucional, que lejos de sumarle méritos le resta. Dejar el poder sin ser el único presidente que en los últimos veinte años no reforme la constitución de la República, es ya un logro que la sociedad dominicana le agradecerá y que envía un mensaje correcto en materia de desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones.
Finalmente, el reto es tomarse en serio la ruta del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, el fin de la impunidad más allá del enfoque de la lucha contra la corrupción, para así tener más probabilidades de evitar el futuro probable que la máquina del tiempo nos ha mostrado. El caso medusa no es un simple expediente de corrupción política, es la expresión de una problemática sistémica, de un arreglo institucional extractivo basado en la impunidad pactada. Su resolución en los tribunales es una parte importantísima de la ecuación, pero en el otro lado de la igualdad se encuentra el reto de la renovación del liderazgo político dominicano. Los partidos políticos deben trabajar en la formación y en la educación política de su militancia para contar con un mejor semillero para el futuro.