En una sociedad democrática el horizonte de la convivencia está orientado en función de unos valores humanos, como una aspiración de desarrollo de relaciones marcadas por el respeto mutuo, tanto en la vida privada como pública. Por lo tanto, la vida en sociedad supone un permanente desafío formativo, de diseño y aplicación de normas, lo cual implica una responsabilidad compartida: El Estado, a través de sus instituciones y los proyectos de gobierno con sus políticas públicas son fundamentales. Pero, no menos importante es el rol de las familias, las organizaciones comunitarias: clubes deportivos y sociales, asociaciones de productores, cooperativas, ONG, iglesias, en fin, ese entramado social que incide en nuestra forma de ver el mundo, situarnos y actuar en él.
Sim embargo, la resulta preocupante que los diferentes gobiernos y los sectores económicos no comprenden esta situación. Es decir, la necesidad de establecer relaciones constructivas con el tejido social en función del interés común. Por lo general, predomina, por un lado, un enfoque Estado-céntrico de las políticas públicas; la lógica del mercado con una franca indiferencia hacia el ámbito cultural y las instituciones de servicio social; el sentido corporativo y clientelar, entre otras visiones de la gestión públicas que generan serios problemas de gobernanza. Mientras que, por otro lado, es muy reducido el aporte económico destinado a labor social por parte del empresariado.
Una oportunidad de hacer algo diferente la tenemos las Casas Comunitarias de Justicia, institución con presencia en 8 demarcaciones municipales y el Distrito Nacional en la República Dominicana. Esta entidad social está dedicada a promover el acceso a la justicia, la convivencia pacífica y la prevención de la violencia en sectores vulnerables. Con quince años de servicio en los sectores populares, esta institución ha atendido a más de medio millón de personas aplicando un enfoque de resolución de conflictos. Su labor cotidiana de educación ciudadana, mediación familiar, escolar y comunitaria, conciliación, formación de mediadores escolares, fortalecimiento de organizaciones comunitarias, juveniles y de mujeres, hoy está a punto de llegar a su fin por falta de recursos.
Lo cierto es que las Casas Comunitarias de Justicia desempeñan una función estratégica en nuestra sociedad, donde el machismo, el autoritarismo y la violencia se combinan con situaciones de exclusión y pobreza constituyendo problemas centrales. Queda claro, entonces, que estas problemáticas desbordan las acciones gubernamentales y demandan pensar y actuar en red y no de manera unilateral.
Por consiguiente, ahora se ha presentado la ocasión que permite aunar esfuerzos entre el Estado, el sector empresarial y el conjunto de la sociedad para apoyar las Casas Comunitarias de Justicia, como parte de las políticas que buscan mejorar la calidad de la convivencia en la familia, la comunidad y el conjunto de la sociedad.
Sin dudas, el desarrollo de la vida democrática supone que gobierno central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil se coordinen e impulsen de manera conjunta iniciativas y políticas orientadas hacia el reconocimiento de derechos, la formación ciudadana y el bien común. Hoy, las políticas públicas demandan ser pensadas y articuladas para lograr mayor efectividad. Las Casas Comunitarias de Justicias son una excelente oportunidad para demostrarlo.