Honorable Señor Presidente Luis Abinader
Le escribo una vez más, en nombre de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, para felicitarlo por haber tomado una posición tan firme a favor de la pronta aprobación de la nueva ley contra la trata de personas. Como usted sabe, la ley vigente ya no es funcional para atender las actuales demandas dominicanas, pues está desfasada y no cuenta con instrumentos modernos para combatir eficazmente el delito. Sus palabras, hace exactamente un mes, nos sirvieron de aliento, pero debo decirle que desde el mundo real, en las calles y barrios de nuestro país, tales palabras no han significado cambios en la realidad objetiva del sufrimiento al que son sometidos quienes viven situaciones críticas de vulnerabilidad.
Le digo esto porque, desde su anuncio aún esperamos la promulgación de la misma. Por parte de la sociedad civil estamos expectantes ya que han pasado 30 días desde su pronunciamiento, y hasta el momento el proyecto aún no ha salido del Poder Ejecutivo.
Debemos confesar que estamos muy ansiosos, aunque reconocemos que hay que respetar los tiempos del gobierno, lo que a primera vista sería razonable. Pero después de esperar más de tres años por trámites que no finalizan, es difícil mantener la calma, aun cuando el Presidente de la República traza una línea que debería ser seguida por todos los servidores públicos, incluidos los que trabajan en el asesoramiento legal del gobierno. Esperamos sinceramente que el trabajo se lleve a cabo y que se complete lo antes posible.
He hablado con miembros de varios organismos públicos del gobierno y del Congreso Nacional y todos, sin excepción, están de acuerdo en la urgencia de aprobar la nueva ley. No hay razón para postergar una vez más lo que ya debería ser una realidad en el país.
Para nosotros, priorizar el borrador significa revisarlo con la urgencia necesaria que el caso amerita, es decir, que los profesionales encargados de revisarlo lo hagan de inmediato. Pero nos parece que debe haber otro entendimiento por parte de algunas estructuras públicas que están subordinadas a su despacho.
La trata de personas está catalogada como una forma de esclavitud moderna y, según el último informe de las Naciones Unidas, en la actualidad hay más de 50 millones de personas esclavizadas en el mundo. Según el mismo informe, hay una persona esclavizada por cada 150 personas en el mundo. La situación es grave, señor Presidente, y necesitamos de usted para que se adopten las medidas necesarias para que el texto de la nueva ley sea enviado con urgencia al Congreso Nacional. Y le pedimos más: que anime a los diputados y senadores a priorizar también las discusiones en torno al proyecto de ley, para que podamos salvar a personas que, sin una nueva ley, nunca se salvarán.
Y tales personas son en su mayoría mujeres y niñas, que en el mismo momento en que escribo estas palabras están siendo sometidas a todo tipo de sufrimiento. Están siendo abusados por las pandillas y violadas en todos y cada uno de sus derechos humanos fundamentales. Perdieron su capacidad de moverse libremente, perdieron sus documentos que permanecen en poder de los delincuentes, perdieron el control de sus vidas, perdieron su dignidad. Y son personas con nombre, apellido, familia y un futuro, que depende fundamentalmente de las acciones que adopte, para bien o para mal. La ecuación es simple: cuanto más se tarde en tener una ley moderna contra la trata de personas, mayor será la responsabilidad que tenemos sobre las consecuencias. Nos hacemos corresponsables del destino de estas personas.
Señor Presidente, durante los años que llevamos esperando que se completen los interminables trámites para la aprobación de la ley hemos suplicado que se le dé al asunto la importancia que se merece, pero hasta ahora tales esfuerzos han resultado infructuosos. Durante los aproximadamente 40 meses que llevamos esperando que culmine el proceso, hemos sido testigos de primera mano de las drásticas consecuencias que tal demora tiene en la vida de las víctimas, reales o potenciales. Necesitamos que el Presidente de la República una vez más ayude a estas y estos dominicanos.
Junto a la modificación de la ley, se requiere la aprobación de una fuente de recursos que permita la lucha contra el delito y la protección de la víctima. Estamos seguros de que el texto que se aprobará es mucho mejor que el actual, pero sin los recursos adecuados, lo que quedará es la letra muerta de un marco legal ineficaz, ya que los policías, fiscales, jueces, psicólogos y trabajadores sociales necesitan fondos del presupuesto público para que puedan dar la debida ejecución a la ley. Como país hemos pecado muchas veces en este punto, y esto se puede ver en ejemplos recientes de los últimos planes nacionales de acción contra la trata de personas, que fueron bien diseñados, pero mal ejecutados, por falta de fondos. La nueva ley correrá la misma suerte si no se garantizan los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos para la realización del trabajo.
Si bien es difícil mantener la calma dada la historia reciente de frustraciones, los miembros de la sociedad civil una vez más alzan sus voces en nombre de quienes viven en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, mientras le claman que una vez más, Presidente, haga lo mismo. Me hago eco de las palabras de la magistrada Yeni Berenice, en su intervención en el acto de promoción de la ley que realizamos ayer: ‘‘siempre que una persona es objeto de trata, todos nos reducimos como seres humanos’’.
No permita que nos rebajemos como sociedad.
José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas.