Carta abierta al Presidente de la República Dominicana
Señor Presidente Luis Abinader,
Le escribo en nombre de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas integrada por 18 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, para presentar nuestra visión de cómo anda el combate a este tipo de delito en República Dominicana. Queremos apoyar al gobierno dominicano en el cumplimiento de su deber de prevenir el delito, perseguir al delincuente y proteger a la víctima.
Desde el inicio de su gobierno hemos visto un cambio en la forma en que algunas de las máximas autoridades del país abordan la lucha contra la trata de personas. Desde los primeros días de su mandato hemos notado la buena intención con la que se maneja el asunto, en especial por parte de la Primera Dama Raquel Arbaje, quien ha sido incansable en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Pero hasta ahora, señor Presidente, se ha hecho muy poco. Y la principal razón identificada por la sociedad civil de la precariedad en la lucha contra la trata es la falta de recursos públicos que permitan la actuación de la Policía Nacional, el Ministerio Público, CONANI, el Ministerio de la Mujer, además de otras estructuras gubernamentales que mantienen una interfaz con el problema.
Como sabrá, casi todo el trabajo de investigación de la trata realizado por dichas instituciones ha sido financiado por la sociedad civil, pero esto no es sostenible. Hemos tratado de explicar esta realidad a los funcionarios del gobierno. El 30 de julio de 2021 nos llenó de esperanza escuchar que el gobierno buscaría cada peso, cada centavo, para que el trabajo se realice con fondos públicos, pero hasta el momento no ha sido así.
República Dominicana no cuenta actualmente siquiera con una ley contra la trata de personas adecuada a los nuevos tiempos, y para corregir esto hemos trabajado con el gobierno en borrador desde hace casi tres años, sin embargo, no hemos logrado enviarlo al Congreso Nacional pues estamos esperando que el gobierno finalice sus trámites de revisión para que esto sea posible. Mientras se realizan tales trámites burocráticos, actualmente hay miles de personas que están siendo explotadas de diferentes formas en el país. Es necesario que el Estado priorice la mudanza en el marco legal contra la trata pero se debe hacer ahora.
Además del tema de los recursos, también existe la necesidad de reforzar, con personal especializado, los organismos públicos a cargo del combate al crimen. La sociedad civil y el gobierno han capacitado a miles de servidores públicos en los últimos años, pero, en este momento, incomprensiblemente, no hay investigadores especializados, por ejemplo, en el Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, lo que impide que ese departamento pueda llevar a cabo sus trabajos de investigación. Por otro lado, es necesario dotar a la Fiscalía Especializada (PETT) de fiscales e investigadores en número suficiente para que pueda supervisar a los fiscales provinciales, además de realizar sus propias investigaciones, especialmente en la zona de Santo Domingo.
Nos gustaría llamar su atención sobre el Servicio de Representación Legal de Víctimas (RELEVIC) que es un servicio del Ministerio Público que busca ofrecer servicios de representación gratuita a las víctimas de delitos. Si bien no es la única estructura que cuenta con abogados públicos, es la que cuenta con mayor estructura y con un liderazgo activo y dispuesto a avanzar. Sucede que ha venido atravesando numerosas dificultades debido a la falta de recursos públicos para sus actividades. Según hemos escuchado, la Fiscalía General de la Nación está considerando dar de baja este servicio, por la necesidad organizativa de racionalizar sus recursos. Sucede, señor Presidente, que sin RELEVIC la situación de las víctimas y sobrevivientes, que actualmente ya es bastante precaria, será aún más desafiante sin la posibilidad de contar con una representación judicial de calidad.
Como sabe, en 2021 República Dominicana mejoró su estatus en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre trata de personas, luego de haber sido degradada el año anterior. Alertamos al gobierno dominicano sobre los riesgos de que el país vuelva a caer en el ranking, lo que podría traer serios problemas de financiamiento en un futuro cercano. La legislación estadounidense en la materia obliga a los países a cumplir con medidas mínimas para combatir la trata de personas, y los países que no cumplen con tales requisitos pueden verse impedidos de recibir inversiones del gobierno estadounidenses o de bancos de cooperación internacional.
El hecho es que las víctimas de la trata de personas en nuestro país se encuentran desatendidas en este momento. A pesar del deseo expresado por su Excelencia y otros miembros de su gobierno, las palabras no se han hecho realidad, y hoy vivimos un período particularmente delicado, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia del sector turístico para la economía nacional, y cómo puede verse afectado por la endémica violencia nacional y transnacional que asola el país. Necesitamos que los discursos se materialicen en acciones prácticas a favor de nuestra población más vulnerable, y en ese sentido necesitamos que el Jefe del Ejecutivo determine que el gobierno realmente priorice la atención a este tema que ha causado sufrimiento a tantas personas.
Como siempre, la sociedad civil está disponible para usted y su gobierno, para ofrecer la asistencia necesaria. Nuestra misión es apoyar a las entidades públicas en el combate a la trata de personas, y estaremos atentos al llamado del gobierno, para que juntos tomemos las acciones necesarias para minimizar el sufrimiento del numeroso contingente de nacionales y extranjeros que necesitan con urgencia el apoyo del Estado dominicano.
Saludos,
José Monteiro
Coordinador-General
Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas