Independiente del gasto público concretado por este nuevo gobierno en Santiago, la Presidencia de Luis Abinader y Raquel Peña ha vigorizado el “capital social” de sus asociaciones civiles. Fortalece una histórica y creativa relación entre Estado y sociedad civil para implantar proyectos de progreso. Vínculo que supera el sentido centralizador que antes caída del muro de Berlín proyectaba al Estado dominicano y latinoamericano como implantador y componedor de políticas sobre la sociedad civil, para específicamente incentivar el desarrollo a nivel local.
La segunda ola de organización de las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, generadora de capital social, aconteció a partir de 1978 y perdura hasta este año 2022 (44 años). La misma transformó para bien, la ineficiente y poco rentable, vocación centralizadora del Estado dominicano. Cambios que se han pronunciado más en este gobierno. Sin embargo, las tendencias tienen excepciones, en este caso relacionadas con el impulso del desarrollo local y regional en la República Dominicana.
Evoco los buenos posicionamientos de investigadores como Manuel José Cabral, Enmanuel Castillo y Rafael Emilio Yunén, entre otros, en un significativo seminario sobre descentralización realizado en la década de los años 80 del pasado siglo XX. Participé como ayudante de profesor en este evento celebrado por la PUCMM y Asociación para el Desarrollo (APEDI). En esta actividad se recopilaron centenas de gestiones centralizadas del gobierno, que podían ser realizadas por el fructífero capital social en los municipios, provincias y regiones.
Es decir, el nuevo financiamiento del actual gobierno marca una tendencia más modernista y democrática, de robustecer el capital social de Santiago. Generar confianza del capital privado para expandir zonas comerciales y empresariales, hoteles, clínicas y ampliar el aeropuerto internacional del Cibao. Igualmente, para consolidar centros culturales, reforzar el parque central, el jardín botánico, apoyar la renovación del turismo y los puertos de la costa norte, especialmente en Puerto Plata y Manzanillo.
Todas estas y otras iniciativas de desarrollo local de Santiago y el Cibao, siempre han contando con adversarios internos y externos. Hoy, la gestión presidencial impone un ritmo más descentralizador y promotor del liderazgo territorial.
Las evidencias sobran. A más de una década que Expocibao no era visitada por presidente alguno, Luis Abinader retomó este emblemático espacio organizado por la Cámara de Comercio, para anunciar 42 mil millones de pesos de inversión al año 2025. La presidencia empoderó diversas organizaciones como facilitadoras del saneamiento, conectividad vial y remozamiento del centro histórico, entre otras.
James Coleman, Robert Putnam y Pierre Bourdieu, acreditados expertos en “capital social”, considerarían a Santiago un laboratorio de estudio. Podrían investigar aquí, este concepto y metodología que caracteriza el tejido colectivo expresado en civismo responsable, normas de conducta, compromisos, nexos y vínculos a favor del bien común.
La teoría de Putnam describe principalmente las características de las relaciones inter-individuales. Él entiende las características de la organización social, tales como las redes ciudadanas, las normas de conducta social y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para beneficio mutuo. Asimismo el capital social, facilita la vida y permite reconciliar interés individual con el interés grupal.
Una rápida revisión de este teoría traduce un llamado de atención a favor de la asociación cívica como factor clave para hacer funcionar la democracia. El compromiso cívico de la ciudadanía, entendido como vocación por los asuntos públicos, manifiesta la importancia concedida por muchos investigadores a las asociaciones. Las asociaciones emergen de las normas de reciprocidad que permiten a las sociedades funcionar armónicamente. Las redes de organizaciones sociales validadas por Putnam y otros autores hacen referencia esencialmente a las asociaciones voluntarias.
El capital social organizado en el valle del Cibao antecede históricamente a la existencia de la reconocida planificación territorial. El bien común se acuerda en el plan estratégico hace más de 25 años, pero distan más de 200 años las decenas de evidencias sostenibles de civismo socialmente comprometido. El predominio de productos como tabaco, café y banano determinó en el Cibao la propiedad minifundista. Una posesión y manejo de las vocaciones productivas de medianos territorios, que generan identidad y sentido de pertenencia, dimensiones del capital social.
El capital social acumulado por Santiago también se expresa en la participación de alcaldía, gobernación, senaduría, regidores, diputados, juntas de vecinos y decenas de entidades en el Consejo de Desarrollo Estratégico (CDES). Esta gestión presidencial asimismo, empodera organizaciones y miembros de Compromiso Santiago, espacio de coordinación facilitado por una de las primeras entidades dominicanas promotoras del capital social, APEDI.
Es revelador que muchos ministros asuman el convenio presidencial firmado en Santiago el 18 de noviembre del pasado año 2020. Coordinan sus ejecutorias con la sociedad civil. Promueven incluso, que por encima de las banderías, gobierno y alcaldía local, actúen en concurrencia.
Es decisivo el seguimiento a los proyectos de Santiago que gesta el gabinete de construcción. Vitales, los efectivos controles epidémicos del gabinete y el Ministerio de salud. Asimismo, las gestiones del gabinete social y los Ministerios de Economía, Industria, Interior y Medio Ambiente. Acciones que fortalecen las fuerzas vivas y el capital social cibaeño.