Como se sabe, el caos en el transporte terrestre dificulta la movilidad vial efectiva y, al mismo tiempo, afecta el desarrollo económico y social de nuestro país.
En tal sentido, la ley No. 63-17, creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), organismo rector de las Políticas Públicas del sector transporte, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Según la referida Ley, el INTRANT absorbió las funciones del Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), al Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART) y a la Caja de Pensiones y Jubilaciones de los choferes del transporte público.
Por su parte, el Estado Dominicano, a través del INTRANT, tiene la responsabilidad de planificar, organizar y supervisar la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, rol que no ha ejercido dicho instituto desde su creación.
Según la ley 63-17, el INTRANT está llamado a promover un cambio progresivo y sostenible de las diferentes modalidades de transporte terrestre que operan en nuestro país, por una modalidad de transporte masivo y colectivo que garantice una movilidad terrestre más segura, confiable, humana, económica y eficiente.
Asimismo, el INTRANT debe crear las condiciones necesarias para atraer a los agentes económicos interesados en invertir en el sector de la movilidad y el transporte terrestre, estimulando y apoyando el desarrollo empresarial de los proveedores de dichos servicios en coordinación con los ayuntamientos y los distritos municipales de sus respectivas demarcaciones geográficas.
Desde nuestro punto de vista, el señor Milton Morrison, director del INTRANT tiene que involucrar y comprometer a los ayuntamientos y a los distritos municipales en la planificación, organización, supervisión y control del tránsito terrestre sin ningún tipo de excusas.
Además, el INTRANT está llamado a implementar normas y reglas claras, confiables y efectivas que faciliten el tránsito terrestre a nivel nacional, como ha venido ocurriendo en los últimos 30 años en el Distrito Federal (DF) de México, en Cáliz-Colombia y en la República de Costa Rica, entre otros.
Por lo que se conoce, la educación vial a temprana edad en los centros educativos públicos y privados favorece que los alumnos conozcan la ley de tránsito y, éstos/as a su vez, se conviertan en educadores de sus padres y/o tutores sobre la forma cómo éstos/as deben conducir en las vías públicas.
En tal sentido, el INTRANT bajo la gestión del señor Milton Morrison, debe revisar y fortalecer el acuerdo que tiene la institución que él dirige con el Ministerio de Educación de República Dominicana (MIRED), cuyo propósito es capacitar a técnicos regionales, distritales, docentes y estudiantes sobre Educación Vial en el área curricular de Ciencias Sociales del sistema educativo dominicano.
Por su parte, el acuerdo entre el MIRED y el INTRANT, debe incluir los recursos económicos, humanos y logísticos necesarios, para impartir educación vial en todos los centros educativos públicos en el próximo año escolar 2024-2025, haciendo uso del 4% del PIB del Presupuesto Nacional asignado a la Educación Primaria y Secundaria.
Asimismo, el INTRANT debe formalizar acuerdos con los gremios de transporte y los empresarios del área, con las juntas y federaciones de juntas de vecinos y con los propietarios de los medios de comunicación de radio y televisión, con el propósito de compartir y difundir mensajes cortos sobre la Ley de Tránsito Terrestre de nuestro país y, su consecuente Régimen de Consecuencias.
De su lado, el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana refiere que, “el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito es del 2.21% del PIB anual, ascendente a RD$60,000 millones de pesos al año, sin considerar el impacto económico y social de los accidentados” (PENSV-2017-2020 y MOPC, 2019).
En tal sentido, la Psicología Social asocia el caos en el transporte terrestre en los países en vías de desarrollo como el nuestro con la mala calidad de educación, la falta de aplicación de un Régimen de Consecuencias a los conductores y a los transeúntes violadores de la Ley de Tránsito.
Sólo para que usted tenga una idea de la gravedad del caos en el transporte terrestre, en el año 2023 murieron unas 1, 989 personas en los accidentes de tránsito, según lo reportado por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país
Enfrentar el caos en el tránsito terrestre en nuestro país, requiere de Voluntad Política al más alto nivel, consenso e involucramiento de todos los sectores y actores claves vinculados al negocio del transporte, así como a los ayuntamientos y a los distritos municipales, ya que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública.
.“No se necesita un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico” (Aristóteles)