“Los Estados liberales han tenido mucho éxito a la hora de generar crecimiento económico a largo plazo, pero el PIB no puede considerarse la única medida del éxito. La distribución de ese beneficio y el mantenimiento de un nivel de ingresos y de la igualdad de riqueza es importante tanto por razones económicas, como políticas. Si la desigualdad se vuelve extrema, la demanda agregada se estanca y aumenta el rechazo político al sistema.”.
(Francis Fukuyama: El Liberalismo y sus Desencantados).
Vivimos en una sociedad marcadamente monopolizada por las elites. En pocas formaciones sociales la incidencia de las elites es tan pronunciada y profusa, de un calado que dominan todos los intersticios de la vida económica, institucional. No actúan solo para sus intereses genuinamente económico, sino, que influyen y determinan la alternabilidad o no, en el sistema político dominicano. Verbigracia: los actores económicos realizan más encuestas políticas que los mismos partidos “negocian” leyes con ostensibles privilegios para ellos, por encima de la sociedad, de lo colectivo: la Ley 87-01 de Seguridad Social.
La estructura de pesos y contrapesos en nuestro país están definidas en la base constitucional, empero, la autonomía de las elites desdibuja la configuración normativa. La ausencia de control es la norma, allí donde las castas tienen intereses. Una parte de la elite deberá asumir un nuevo comportamiento, un nuevo compromiso, para hacer posible que el sistema de partidos en la República Dominicana tenga que ser repensado y con ello, la cantidad de partidos existentes oficialmente.
Un sistema de partidos se puede definir como el conjunto de partidos políticos que establecen una serie de relaciones, en gran medida estable, en el seno de una sociedad. En nuestro país tenemos un sistema de partidos competitivo, que en gran medida ha sido bipartidista y pluripartidista. Del 2008 al 2016, el PLD se convirtió en un partido dominante. Ahora, en el 2024 se vislumbra que tres partidos competirán: PRM, PLD y FP. Vale decir, estamos frente a un tripartidismo, aunque uno de ellos gane en la primera vuelta y dos alcanzaran entre un 15 y 30% de los que votarán.
Sin embargo, aunque se advierte ese tripartidismo y no se objetivizan alianzas a nivel presidencial en una primera vuelta entre los tres partidos referidos, tenemos en el escenario político 26 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral. 23 de esos partidos forman parte de lo que hoy denominamos “partidos Pymes y MiPymes”. Ya no es dable denominarlos emergentes porque son tan tradicionales en el tiempo y en la forma de hacer política, que la mayoría quedan más estigmatizados con respecto a los grandes, que no se diferencian ideológicamente cuasi en nada. Al contrario, hoy la lucha electoral es cual se presenta más conservador. El pragmatismo es subrayar, anotar y robustecer el ala conservadora que se opone a la marcha de la historia, que es inevitable, inexorable.
Somos actualmente el séptimo país latinoamericano con más partidos políticos y cuando lo medimos por el ranking de la densidad poblacional, pasamos a constituir el cuarto peldaño en la escalera de la disonancia partidaria, que tiene que ver en gran medida con:
- La calidad de la democracia,
- La fatiga de la democracia,
- La fragilidad y debilidad institucional de cada país,
- El peso del clientelismo en el Estado,
- El rol de la burguesía como clase gobernante (la consciencia de clase),
- La polarización, fractura del poder y la sociedad.
- El peso de la legalidad y legitimidad en las relaciones de poder.
¿Cuáles son los países en América Latina que más partidos tienen?
- Haití: 105.
- Venezuela: 41.
- Argentina: 38.
- Brasil: 32.
- Guatemala: 28.
- Paraguay: 27.
- República Dominicana: 26.
- Perú: 21.
- Costa Rica: 17.
- Chile: 17.
- Nicaragua: 15.
- Colombia: 13.
- Ecuador: 12.
- Bolivia: 12.
- México: 10.
- Uruguay: 10.
- El Salvador: 10.
- Honduras: 7.
- Panamá: 5.
Hay una estrecha relación, una alta correlación, entre el número de partidos y el coeficiente de densidad ocupacional público. Venezuela, Argentina y República Dominicana son los tres países con la densidad pública ocupacional más alta, tanto desde la perspectiva del número de habitantes, como del número de electores en sus patrones electorales. Actualmente, tenemos en la sociedad dominicana 720,000 empleados públicos. Los 26 partidos y los más de 100 movimientos y agrupaciones no se caracterizan por su diversidad ideológica, programática y visiones. Del núcleo de los 26 partidos, solo 3 tienen cartas distintivas, diferenciadoras, con categorías como: sexo, religión, orientación sexual, tres causales y lo relativo a como vemos la política exterior, sobre todo, lo relacionado con Haití.
Esos “Micropartidos”, más que expresar la diversidad en el espectro político, significa para muchos actores la manera de vivir en la plutocracia, sin tener que arriesgar nada. Tener un partido político oficializado constituye la “mejor cartera de inversión” a corto, mediano y largo plazo. De ahí es que vemos la gran demanda de solicitud ante la Junta Central Electoral para su reconocimiento.
Tenemos decenas de partidos que nunca han ido solo a una carrera por la presidencia, es más, ni siquiera para las elecciones municipales. Por eso, en medio de una sociedad con una profunda anomia, nos encontramos con “pastores de las iglesias” que hablan de todo, menos de la fe y sus feligreses. Cuando observamos esa presencia “pastoril”, es la nueva visibilidad partidaria para erigirse en actores, que luego devendrán en parte de la negociación del apoyo y el escalón en el horizonte de los “beneficios y la simbología social”. Solo tenemos que ver la rueda de prensa del CODUE para analizar el discurso del Presidente del pasado 27 de febrero.
26 partidos en nuestro país, tiene que ver en gran medida con la visión del despojo político cuando se llega al poder con la cultura política de nuestra sociedad, con el enorme síndrome de ser cabeza de ratón y no cola de león, con ver la política en el plano meramente personal, con sus intereses y al mismo tiempo, el papel del Estado como fuente de empleo. Solo dos divisiones en los últimos 50 años se han dado por diferencias ideológicas y de visiones distintas del rol de la política. Todas las demás son por diferencias personales y las adicciones al poder.
En nuestra sociedad, el mercado laboral de la Administración pública es de 15.31% con respecto al universo total de la empleomanía, esto es, empleo formal y el empleo informal. Ambos son 4.7 millones de personas laborando. Tenemos alrededor de un 55% de empleos informales. Solo 2,200,000 son formales. Esto quiere decir que el empleo público representa un 31.3% de los empleos formales y con respecto a la totalidad, se ubica en un 15.31%.
Lo asombroso es que en la Administración pública el promedio salarial es de RD$36,000.00 y en el sector privado son RD$28,000.00, lo que indica el peso del capital intelectual y el grado de competitividad del capital humano en el sector que más crea riqueza. Por eso es la enorme fuga de cerebros que contemplamos hoy, donde la fisonomía del perfil sociodemográfico de los migrantes dominicanos ha variado significativamente en los últimos 15 años. Una ola de jóvenes se esparce por todo el territorio del planeta en búsqueda de que su talento, su grado de empleabilidad, sea reconocido, al tiempo que esto se traduzca, se verifique, en su bienestar, nivel y calidad de vida.
Que estemos en el ranking de países con más partidos políticos no nos debe vanagloriar ni constituir un orgullo. Muy al contrario, es un reflejo poco cualitativo como sociedad y un ejemplo referencial negativo para las futuras generaciones, pues una sociedad donde hallan más políticos profesionales, que profesionales produciendo, no logra alcanzar su desarrollo. El Estado, que es la sociedad políticamente organizada, conjuntamente con la sociedad civil, debemos de aunar esfuerzos a fin de diseñar barreras de entradas para conformar un partido político y rigores más significativos para mantener su vigencia. Debemos derrotar el carnaval de la plutocracia con los sueldos y privilegios que tienen los actores políticos (legisladores, alcaldes, regidores). Vivimos en una sociedad donde el 65% de la población es pobre y vulnerable. En la pirámide de la estratificación social, solo un 35% se encuentran entre clase media-media alta y alta.
La cultura política tiene que ser subvertida en nuestra sociedad. La cultura política, al decir de Cristina Purga, Jacqueline Peschard y Teresa Castro, “es el conjunto de imágenes, concepciones, valores y juicios que la población tiene sobre las instituciones y los actores políticos; en el ámbito subjetivo de la política, el cual juega un papel importante en la manera como efectivamente funcionan las instituciones”. Tenemos que cualificar porque la cantidad aquí no ha devenido, no ha operado, con la dialéctica de la transformación en calidad, sino en entropía y ejemplo referencial pasmoso. ¡Los políticos no se retiran y al final no sabemos, en su inmensa mayoría, de que viven, porque no tienen cuasi nada a su nombre!