La mirada a cada año con expectativas de cambios en nuestra sociedad y la formulación de metas corre el riesgo de que se pierda el sentido de continuidad existente en los procesos sociales en términos estructurales.
Desde la perspectiva de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, el año 2023 fue un año muy difícil en el que se incrementó la desigualdad social, el ejercicio de violencia, violaciones de derechos, acceso a vivienda y hábitat digno y exclusión social.
Las intervenciones sociales que se desarrollan con miras a una “modernización” del espacio urbano en las principales ciudades del país generaron la exclusión de una proporción significativa de familias que fueron desalojadas y sus viviendas destruidas, pasando así las festividades navideñas en la tristeza y el abandono, junto a ello los pequeños negocios que son el sustento de muchas familias.
Esta práctica de exclusión social presente en las políticas urbanas que se desarrollaron en el año 2023 y años anteriores se plasmó igualmente en la zona fronteriza. El cierre de la frontera por varias semanas provocó el quiebre de los pequeños negocios de muchas familias residentes en las distintas provincias fronterizas generándose un panorama desolador en varias comunidades de esta zona.
La presencia de estas prácticas junto a muchas otras donde la injusticia social se convierte en cotidianidad demuestra la falta de una priorización del componente humano y social en el modelo de desarrollo que se aplica.
La seguridad ciudadana, preocupación importante de gran parte de la población, tiende a focalizarse desde la criminalización de la juventud pobre, desconociéndose sus raíces en tejidos sostenidos en el poder, corrupción e impunidad.
Lo mismo ocurre con el respeto a los derechos humanos. El año 2023 se caracterizó por la ocurrencia continua de violaciones de derechos humanos hacia los grupos más vulnerables: jóvenes, personas de la comunidad LGTBIQ, con condiciones de discapacidad, mujeres y la población migrante haitiana. El esfuerzo por obtener una ley antidiscriminación que establezca un régimen de consecuencias para las prácticas discriminatorias y de violencia fue en vano.
El ejercicio de los derechos humanos, de la niñez-adolescencia, mujeres y de todos los grupos vulnerables no son una prioridad y no cuentan con un sistema de protección y educación que facilite su consecución. Al contrario, se distorsionan y se consideran como “privilegios” o “favores”.
Las escenas de niños, niñas, mujeres migrantes captadas de forma violenta en operativos migratorios en las calles, con casos de niñez no-acompañada, así como de mujeres embarazadas son frecuentes y consideradas como “normales”.
La indiferencia ante las violaciones de derechos humanos en el país es altamente preocupante, al igual que ante la violencia de género, abuso sexual y maltrato hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Los relatos de feminicidios con sus secuelas de orfandad en población infantil y adolescente, así como de continuas situaciones de incesto, abuso y acoso sexual, son parte de una narrativa social de sumisión e inercia.
La seguridad ciudadana, preocupación importante de gran parte de la población, tiende a focalizarse desde la criminalización de la juventud pobre, desconociéndose sus raíces en tejidos sostenidos en el poder, corrupción e impunidad.
El 2024 es un año electoral, esta realidad anteriormente descrita sufre el riesgo de mantenerse e incrementarse desde el silencio, complicidad, impunidad o en el peor de los casos manipulada desde discursos politiqueros que como siempre caen en el vacío.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY