Cada noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos hace un llamado a la conciencia colectiva frente a una crisis que exige atención prioritaria y una acción decisiva en nuestra sociedad. Las cifras de la Procuraduría General de la República revelan una realidad desgarradora: diariamente, unas 21 mujeres en promedio sufren agresiones físicas, reflejando un lamentable incremento del 19% en comparación con el año anterior (hasta el mes septiembre). Esta situación trasciende la reflexión; demanda una acción concreta, eficaz y sostenida.
Los indicadores de maltrato psicológico y verbal son igualmente alarmantes. Mensualmente, más de mil mujeres denuncian vivir bajo un régimen de amenazas, control, humillaciones y abusos. De enero a septiembre se registraron 9,587 incidentes de esta naturaleza, revelando un escenario desgarrador que trasciende las estadísticas, pues se trata de una crisis que amerita atención inmediata del aparato estatal.
A estos casos se suman los delitos sexuales (violaciones, acosos, incesto, agresión sexual, entre otros) con 5,568 incidentes reportados en apenas nueve meses y cada uno representa un trauma que impacta no solo a la víctima, sino que repercute en la familia, su entorno y la sociedad en su conjunto.
En total, son 15,277 casos de violencia de género registrados hasta septiembre de 2024, con un promedio diario de 57 personas afectadas, lo que evidencia el gran peso de la situación que tenemos. Detrás de cada cifra hay una historia de vida trastocada, una familia fracturada, una comunidad impactada. Ellas son nuestras vecinas, colegas, maestras, las profesionales que encontramos en cada esfera de la vida cotidiana y que contribuyen al aparato productivo nacional.
La situación nos exige construir una política de Estado que trascienda administraciones, con un enfoque integral y basado en evidencia, que enfrente las raíces estructurales de la violencia de género e intrafamiliar. No es posible continuar abordando este problema con medidas aisladas. Se necesita una transformación profunda que incluya prevención eficaz, protección garantizada y una educación que promueva cambios culturales sostenibles.
Actualmente, los métodos aplicados no muestran una tendencia a la baja en los índices de violencia de género, por lo que es imperativo repensar los mecanismos de prevención ante la violencia de género e intrafamiliar, aprovechando las nuevas tecnologías y tendencias globales en gestión de crisis sociales. De ahí que el Estado debe evolucionar hacia la creación de un centro integrado que implemente un monitoreo en tiempo real, mediante un mapeo georreferenciado de incidentes y zonas de alto riesgo, con innovación tecnológica que permita anticipar patrones de violencia y activar alertas tempranas basadas en indicadores de riesgo predefinidos, asegurando un seguimiento riguroso de las órdenes de protección y su cumplimiento efectivo, junto a programas ampliados de educación temprana, en igualdad y respeto, para una vida sin violencia.
La construcción de una sociedad segura y respetuosa requiere una visión de Estado moderna, un compromiso institucional sostenido y una acción coordinada que aproveche los avances tecnológicos para garantizar que la seguridad y la dignidad sean el estándar en nuestra sociedad.
Este noviembre, al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno dominicano debe dar un paso decisivo hacia la eficiencia y eficacia de su respuesta institucional. No podemos permitir que esta crisis continúe escalando y agravándose. La tecnología y los datos son herramientas fundamentales para la protección efectiva de nuestras mujeres. Ha llegado el momento de transformar la indignación en innovación institucional, las estadísticas aisladas en un sistema integrado de prevención, y los compromisos en resultados tangibles. La seguridad y dignidad de nuestras mujeres es un imperativo de Estado que no admite dilación.