El pasado 25 de noviembre hace 63 años sucedió uno de los crímenes más horrendos cometidos en la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo con impacto nacional e internacional, el asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal y de Rufino de la Cruz.
Un crimen de Estado ordenado por el tirano y ejecutado por el servicio secreto. Durante los 30 años de tiranía trujillista las personas no disponían de sus vidas ni de ningún tipo de derechos humanos. Las niñas, adolescentes y mujeres dentro de ese marco de violencia e inseguridad tenían el agravante de la desprotección sobre sus cuerpos, los cuales se convertían en objetos cosificados a disposición del tirano, su familia y su circuito gubernamental.
Los abusos sexuales eran ejercidos desde quien presidia el Estado y las instituciones, como por sus allegados en total legitimidad social convirtiéndose el fenómeno de las violaciones sexuales en asuntos privados del “jefe” y los hombres que le rodeaban con apropiación total de las niñas, adolescentes y mujeres desde la justificación con frases como “las mujeres del jefe” o “las que vivían con el jefe”. Fenómeno legitimado socialmente vendido en el imaginario cultural como espontaneo y aceptado por la población femenina, siendo todo lo contrario. Miles fueron víctimas de violaciones y crímenes. Los feminicidios no se denunciaban ni se judicializaban, aceptados como “normales” igualmente las golpizas que los hombres le propinaban a las mujeres y su asesinato. Un problema intimo en el que el sistema de justicia no intervenía, “asuntos pasionales”.
El camino al cambio de esta realidad debe iniciar con legislaciones y políticas dirigidas a erradicar sus cimientos en los ámbitos institucionales, sociales y culturales.
Con la conmemoraación del 25 de noviembre en el ámbito nacional e internacional se recuerda a las Hermanas Mirabal, su trayectoria profesional-social, incidencia política y la represión vivida con continuos encarcelamientos, maltrato, vejaciones para terminar con sus vidas. Es una fecha en la que también se visibiliza la realidad de inseguridad, desprotección y violencia que vive cotidianamente la mayoría de la población femenina, victima del ejercicio de la violencia sexual y física por las personas más cercanas, familiares, parejas y exparejas.
La incidencia de la tiranía trujillista y su aparato ideológico-cultural se perpetua en la sociedad dominicana, sostenido en el fomento de la masculinidad violenta, las complicidades entre sistema de justicia y criminales con un débil proceso de investigación y persecución de la violencia de género y la apropiación del cuerpo de la población femenina.
El predominio del poder masculino en términos micro y macro territorial en el ámbito nacional continúa, así como la normalización de la disposición y cosificación del cuerpo de las niñas, adolescentes y mujeres desde el acoso, abuso sexual, incesto y violencia. La apropiación pública del cuerpo de la población femenina se muestra en el sistema de salud, educación y en todos los ámbitos sociales. No se les permite ejercer libremente sus derechos y decisiones sobre su cuerpo bajo la amenaza de expulsión y exclusión del sistema educativo, la negación del derecho a la salud integral en caso de tomar la decisión de interrumpir un embarazo fruto de una violación y la sanción social por “putas”, “cueros” o “aborteras”. Igualmente, se les niega el acceso a una educación sexual integral que le ofrezca herramientas para frenar el acoso, abuso y violencia de las que son víctimas continuamente.
El camino al cambio de esta realidad debe iniciar con legislaciones y políticas dirigidas a erradicar sus cimientos en los ámbitos institucionales, sociales y culturales. La integración de la despenalización del aborto en las tres causales en el código penal favorece a disminuir los riesgos de las secuelas de los abortos clandestinos para interrumpir embarazos fruto de violaciones e incestos. Junto a ello efectividad en las políticas dirigidas a la violencia de género para frenar el acoso, abuso y violencia que ofrezca garantías a las victimas de violencia de género en todos sus ámbitos con prioridad en los derechos humanos y al acceso a slos servicios y justicia.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY