El presidente Abinader merece aplausos por su sobresaliente gestión en materia de la independencia del Ministerio Publico, el manejo de la pandemia, sus iniciativas para fortalecer la institucionalidad y la transparencia y las medidas de protección social. Digno de igual encomio, porque demuestra un serio compromiso con la equidad social, sería el propuesto proyecto turístico para Cabo Rojo. Por su trascendencia para el desarrollo de la región más pobre del país la comunidad ambientalista debe cooperar y bajo ningun concepto entorpecer tan anhelado proyecto.
Tal conclusión brota sin tapujos ante una reciente nota de Diario Libre (4/5/22) sobre los hallazgos del estudio ambiental del proyecto de marras. El reportaje en cuestión dice que “la ejecución en vía rápida del plan de desarrollo de Pedernales, el proyecto provincial más ambicioso del gobierno actual, literalmente pende de un hilo cuando choca con la realidad medioambiental que tiene que atender y, sobre todo, respetar”. Lo que esto deja entrever es que las posibles objeciones de los expertos ambientales podrían descarrilar un proyecto pensado para redimir las esperanzas regionales. Cuando se examinan los antecedentes, sin embargo, se verá que esta conclusión es injustificada por exagerada y mal fundada.
El citado estudio busca convencer al Ministerio Ambiente de expedir la licencia a la primera fase del proyecto relativa a la construcción del muelle. Sorprende que los hallazgos fueron presentados en la Gobernación de Pedernales a la poblacion cuando era más pertinente que fuera a los técnicos del Ministerio y/o las comisiones ambientales de la UASD y la Academia de Ciencias. Los asistentes a la presentación no tienen el suficiente conocimiento como para poder evaluar correctamente los resultados. Por suerte asistieron también algunos ambientalistas que, como en el caso de la Dra. Yolanda Leon del Grupo Jaragua, apuntaron algunas deficiencias e imprevistos.
La presentación fue realizada por un grupo de “científicos especializados” que trataron de “forma neutra” los diferentes aspectos del estudio. Se concentraron en identificar las decenas de especies protegidas y/o amenazadas que fueron localizadas en el área del proyecto, la falta de agua potable suficiente y las dificultades que presenta la configuración actual de los terrenos, “dejando claro con los datos que el panorama requerirá de mucho cuidado con las prácticas de desarrollo”. Por suerte se ha aclarado que el proyecto ya ha incluido un Programa de Manejo que dará las respuestas necesarias.
De entrada, conviene resaltar que el 70% de la provincia de Pedernales está protegido bajo las disposiciones de la Ley No.202-04 que establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, esta forma parte de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO decretada en el 2002 y en ella aplica la Convención Ramsar sobre la conservación de los humedales. Pero para un observador medianamente informado tanto los hallazgos del estudio como los comentarios citados en el reporte de DL deben considerarse inconsecuentes. Si tales obstáculos no se analizan debidamente podrían convertirse en valladares entorpecedores.
Lo primero es lo dispuesto por la Ley 202-04 respecto a la delimitación de las áreas protegidas de la comarca (ver gráfico). Ella establece que el área del proyecto de Cabo Rojo esta designada en la Categoría VI de la citada ley como Paisaje Protegido, la categoría de menor restricción de uso de las seis existentes. Sobre el uso del Paisaje Protegido la ley dice: “Los objetivos de manejo de esta categoría incluyen: mantener paisajes característicos de una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio natural y cultural y de las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y del ecoturismo”.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la agencia que traza a nivel mundial las pautas de protección de los recursos naturales, dice que la Categoría VI debe tener como objetivo: “Proteger los ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de forma sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse mutuamente. De manera que tanto la UIC N como la Ley 202-04 permiten el uso de un Paisaje Protegido para extraer beneficios económicos de su explotación, siempre que esos usos sean compatibles con la conservación.
En la ley la Categoría VI Paisaje Protegido tiene a su vez varias subcategorías: A. Vías Panorámicas, B. Área Nacional de Recreo y C. Corredores Ecológicos. La subcategoría B: Área Nacional de Recreo representa la subcategoría de menos restricción de uso de acuerdo con las definiciones internacionales. Dentro de esta subcategoría se establecen cuatro polígonos y el proyecto estará ubicado en el Polígono 1 correspondiente a la Playa de Cabo-Pedernales. (La playa de Bahía de las Águilas está en el Polígono 2.) No es cierto entonces que el proyecto esta ubicado dentro del Parque Nacional Jaragua, una categoría de protección de mayor restricción de uso. De manera que el proyecto no entra en conflicto con las restricciones de ninguna de las designaciones anteriormente citadas.
En relación con las especies endémicas y amenazadas las consideraciones presentadas no tienen gran importancia. Si bien la información es buena, cualquier molestia o daño que el proyecto pueda causar a la flora y fauna del lugar debe ser visto como tolerable. El proyecto esta planeado para que cubra una extensión de 38 millones de metros cuadrados, lo cual representa apenas un diez por ciento del área del adyacente Parque Nacional Jaragua. Por la conectividad de los ecosistemas, este ultimo tambien alberga esas especies y, en consecuencia, el proyecto no liquidaría las especies amenazadas ni ninguna otra identificada. Aun si el Programa de Manejo no las protegería, lo único que pasaría es que se desplazarían hacia el interior del Parque y nada más.
De mas potencial gravedad es la no disponibilidad de agua en cantidades suficientes. Son varios los lideres comunitarios de Pedernales que afirman su escasez y la bióloga Yolanda Leon tambien opina que no habrá agua suficiente para un acueducto. En las inmediaciones de Cabo Rojo no existe ningún rio, pero INAPA ha realizado los estudios sobre las posibilidades de los recursos subterráneos. Sobre este asunto se debe tener en cuenta lo que dice el Plan Maestro de Pedernales que dirigió el destacado Arq. Cristobal Valdez en el 2015.
“Los futuros déficits de agua que pudiesen ocasionarse por un crecimiento progresivo de complejos hoteleros, sólo pueden ser enfrentado a partir de las dos fuentes principales que se presentan en la zona: el agua superficial del Río Pedernales y la parte profunda del acuífero cárstico del Mioceno. El Río Pedernales cuenta con la ventaja de requerir una explotación sencilla y poco costosa, pero tiene la desventaja de ser vulnerable a la contaminación, a los procesos de degradación de las tierras de la cuenca alta, y a las condiciones climáticas, y cuenta con un caudal insuficiente frente a un crecimiento de la demanda. El acuífero cárstico del Mioceno cuenta con la ventaja de tener un recurso poco explotado, de buena calidad, en cantidad suficiente y de agua sostenible, pero tiene la desventaja de requerir de investigaciones preliminares sobre el acuífero profundo, pozos profundos, bombeo, e investigaciones costosas, y de ser un recurso vulnerable a la contaminación y la intrusión salina en su parte superficial.”
De cualquier modo, el recurso de la desalinización está disponible y puede dar al traste con las objeciones que por motivo del agua puedan presentarse. En materia de disposición de desechos solidos la opción del reciclamiento es ya usada en el país (por el Grupo Punta Cana) y no presenta ningun obstáculo insalvable. Lo mismo puede decirse de la disposición de las aguas residuales. En todos estos casos existe la tecnología para que no sean graves problemas.
Los ambientalistas deben recordar que fueron ellos, a través de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, quienes en el 1994 propusieron el proyecto “Ciudad Turística Cabo Rojo”. (La propuesta fue reiterada en el 2002.) Fueron ellos quienes propusieron el lugar para detonar el desarrollo turístico de la zona. (Solo por eso las aprobaciones del Ministerio Ambiente implícitas en su permisos ambientales no deben esperar.) Además, deberán sospesar el mensaje implícito en el grafico que acompaña este texto, haciendo el máximo esfuerzo por armonizar los requisitos de la conservación ambiental con las necesidades de los carenciados. La comunidad ambientalista, consciente de su trascendencia y del nivel de prioridad que le otorga el presidente Abinader, debe ahora impartir publicamente “la miel de su amor” al proyecto de Cabo Rojo. De paso estaría tambien solidarizándose con los más pobres del país.
Mas allá de estas consideraciones ambientales, debemos admitir que son remotas las posibilidades de que el proyecto arranque durante esta gestión de gobierno. Aunque se haya dicho que hay seis cadenas hoteleras interesadas en desarrollar hoteles, la bióloga Leon ha dicho que no ve las evidencias de que esas cadenas vayan a construir hoteles. No ha habido ninguna declaración publica al respecto ni hay evidencias de que comenzaran en junio. Si es ahora cuando los estudios ambientales del proyecto están revelándose no luce posible que ya las cadenas tengan los permisos del Ministerio Ambiente. Cualquier potencial inversionista hotelero preferirá esperar a que el aeropuerto este casi terminado para acometer cualquier proyecto de construcción. Y ni siquiera se ha comenzado el desarrollo de ese proyecto.
Con el desarrollo de Cabo Rojo se justifica la impaciencia porque “la hora del sur” no acaba de llegar. Hoy día se interpone que la situación fiscal de este año esta mediatizada por la necesaria mitigación de la inflación y los impactos negativos de la guerra en Ucrania. También que para la terminación de la presa de Monte Grande se está pidiendo al Congreso la aprobación de un gran préstamo. Pero para impulsar a Cabo Rojo, la que pudiera ser la obra cumbre del presidente mejor valorado de América Latina, el gobierno no debe titubear y recurrir a fuentes externas de financiamiento como la del BCIE y del BID, cuyos ejecutivos han ofrecido ayuda. Sí el financiamiento externo fue necesario en el caso de Puerto Plata la justificación con Cabo Rojo es mayor por estar en la región más pobre del país.