El presidente de El Salvador se parece al estudiante que cuando es bueno en una asignatura exhibe orondo las bellas notas que saca en ella, pero calla que se quema en todas las otras.
Sin embargo, cabe reconocer que después que se estableció el estado de excepción en El Salvador, el 27 de marzo 2022, la criminalidad en ese país se ha reducido prácticamente a cero. ¡Pero a qué precio! Más de 66,000 personas han sido arrestadas (el uno por ciento de la población del país). Muchos de estos arrestos han estado basados en simples sospechas de colaboración con los grupos criminales o en denuncias anónimas.
Desde entonces, las organizaciones humanitarias salvadoreñas han recibido alrededor de 8,000 denuncias de detenciones arbitrarias.
De manera que al éxito de esta cruzada contra la criminalidad (haber convertido El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina, después de haber sido uno de los más violentos del mundo), hay que agregar la supresión de las garantías constitucionales de los salvadoreños por un largo período.
Es pues una seguridad que tiene un alto costo político y social, y que más temprano que tarde le pasará factura al presente gobierno.
Por el momento, el hombre es muy popular en El Salvador y hasta fuera de allí, sobre todo entre los sectores más conservadores de los países de la región. Esto no me sorprende. Después de doce años de guerra civil y veinte años de violencia provocada por las bandas de criminales, es lógico que sea percibido como un redentor. Por demás, aunque este joven mandatario es todavía un pichón de dictador, todos los dictadores han sido muy populares, Hitler, Mussolini, Franco, Trujillo, Papa Doc… Pero también todos han encontrado su justo sitial en el zafacón de la historia.
Hasta ahora, la única realización del presidente Bukele ha sido frenar la violencia de las maras. Es por esa razón que durante la presentación del balance de su gestión el pasado mes de junio, se limitó a asegurar (con el dramatismo que lo caracteriza) que ha derrotado a las pandillas, que reducirá la cantidad de municipios y de diputaciones y que continuará combatiendo la corrupción. De esto último conocemos bastante en la región, gobiernos que desempolvan viejos expedientes de corrupción de pasadas administraciones, pero que están imposibilitados de combatir su propia corrupción. Y el del señor Bukele no me parece ser una excepción.
Paso a comentar el resultado de su gestión en el plano económico y social.
En tres años y diez meses (de junio de 2019 a abril de 2023), el gobierno salvadoreño ha manejado alrededor de $30,000 millones de dólares (incluyendo deuda y donaciones), pese a ello, la economía del país empeora y las condiciones de vida de los salvadoreños no cesan de deteriorarse.
Las propias cifras oficiales, tomadas del Banco Central de Reserva de El Salvador, rinden cuenta del pobre desempeño de la economía durante el referido período. Hasta febrero de este año, el Índice de Volumen de Actividad Económica fue de -0.1%. Y entre enero y abril de este mismo año, las exportaciones se redujeron un 4.6%. También disminuyeron los ingresos tributarios en un 2.6%.
Las importaciones de materias primas disminuyeron en un 19% y las de bienes de capital también se redujeron en 3.3%. Otras caídas se produjeron en la industria, un 19%; en el agro 2.7%. Incluso, el medio circulante se redujo en un 0.6% durante el primer trimestre del año.
En ese contexto de baja producción, ni soñar con aumentar el empleo, que es siempre uno de los principales objetivos de todo gobierno.
Para agravar la situación, esta contracción económica coincide con un fuerte incremento de los precios. Entre mayo de 2019 y abril de 2023, el costo de la vida aumentó en un 25%.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2019 y 2022, muestra que durante estos años empeoraron los servicios básicos y la pobreza de los hogares pasó de un 22.8% a un 26.6%. Sobre todo, creció la pobreza extrema (carencia de alimentos). Unas 60,000 nuevas familias han pasado a engrosar el ejército de los muy pobres.
¿A dónde ha ido a parar el ahorra de esta reducción de inversión en servicios sociales? ¿Cómo explicar que junto a esta reducción de gastos la deuda pública haya aumentado en $5,900 millones (30%), entre diciembre de 2019 y marzo de 2023? Preguntas sin respuestas en el informe que el presidente Bukele acaba de presentar a su nación.
Pero sí hay una cosa no necesita respuesta, porque está bien a la vista: los pobres de El Salvador son hoy más pobres, más abandonados a su propia suerte (por la reducción de la inversión social), y también más endeudados.
Mucha espuma y poco chocolate
Durante la campaña electoral de 2019, Bukele prometió a los salvadoreños edificar un nuevo Salvador. Cuatro años después, el 96% de su plan de gobierno no ha sido realizado.
He aquí las promesas:
Creación de cuatro sedes de la Universidad de El Salvador.
- Construcción de metros elevados en San Salvador.
- Edificación de un aeropuerto en el oriente.
- Inversión en nuevas fuentes de energía.
- Aumento de la producción de granos básicos.
- Desarrollo de la ganadería.
- Fomento de la inversión extranjera.
- Reforma tributaria progresiva.
Promesas olvidadas en educación
- Acceso universal y gratuito a la educación. El analfabetismo sigue en 10% y aumenta la deserción escolar.
- Reparar 5,000 escuelas. Solo se han reparado seis.
- Garantizar la nutrición en primera infancia. Ya no se entrega ni siquiera el vaso de leche.
- Dignificación del magisterio. No se aplica el escalafón y las pensiones son indignas.
Promesas incumplidas en materia de salud
Pese a la ostentación de Bukele de haber construido un moderno centro hospitalario el pasado año, la realidad es que su gobierno, contrario a su promesa de fortalecer el presupuesto del primer nivel de atención, lo ha reducido en $113 millones, pasando de $312 millones en 2019 a $199 millones en 2023. Además, ha cerrado 17 Equipos Comunitarios de Salud Familiar.
Algunos proyectos de la administración pasada, destinados a fortalecer el sector, como los hospitales de tercer y segundo nivel, las unidades de salud y los demás componentes del préstamo de $170 millones que gestionó el gobierno anterior, fueron descontinuados. Tampoco fue restablecida la Operación Milagro para curar enfermedades de la vista de la administración pasada.
En cuanto a la mortalidad materna, que entre 2008 y 2018 disminuyó de 49 a 26 por 100,000 nacidos vivos, actualmente está en 67 por 100,000.
Eliminación de programas sociales
Se ha descontinuado la pensión de $50 a 37,000 personas pobres y mayores de 70 años, programa iniciado en el primer gobierno del FMLN. Y 15 de los 43 programas sociales y económicos desarrollados durante los Gobiernos del FMLN (Jóvenes con Todo, Ayuda Temporal al Ingreso, Proyecto VIDA (de reforestación), Acuicultura Familiar, Desarrollo Rural, entre otros), también han sido eliminados.
Es en esta reducción de la actividad económica, incremento de los precios y reducción de programas sociales, que encontramos explicación a la creciente emigración de los salvadoreños. Entre 2019 y 2023, más de 500,000 personas han abandonado el país y la población residente ha disminuido en 375,000 personas.
La seguridad sin pan que llevarse a la boca que ofrece el presidente Bukele, sencillamente no motiva a los salvadoreños a permanecer en su país.