Hemos estado presenciando la disputa por la demora en la asignación de fondos a los partidos políticos en estas elecciones. Mucho podemos elucubrar sobre el tema, algunos entenderán esta práctica como positiva o no, pero en realidad el ruido puede mermar en gran medida si empezamos a regular aún más el gasto estatal en el sistema político partidista y promoviendo buenas prácticas. Desde mi perspectiva, el escenario ideal para que se materialice un financiamiento responsable a partidos políticos debe cumplir con los siguientes requisitos:
Los fondos deben seguir un proceso transparente desde su llegada a las cuentas bancarias de los partidos hasta su gasto. La información sobre las finanzas de los partidos debe estar fácilmente disponible para el público, a través de plataformas en línea o registros públicos, permitiendo que los ciudadanos y los medios de comunicación realicen un seguimiento y análisis independiente en todo momento. Los partidos deben justificar cómo se gastan los fondos, cumpliendo con una rendición de cuentas clara y obligatoria. Es crucial asegurar que este capital se utilice para fines legítimos relacionados con la actividad política, y no para el enriquecimiento personal de los políticos o para influir indebidamente en la toma de decisiones.
El financiamiento externo debe evitar conflictos de intereses y responder a lineamientos de legalidad. Establecer límites estrictos a las contribuciones de grandes donantes para evitar una influencia desproporcionada sobre los partidos y candidatos es importante. Por otro lado, la adquisición de dichos fondos y su uso deben cumplir parámetros de legalidad. No solo es preocupante el financiamiento por el narcotráfico, en un escenario como este, es prudente evaluar que algunos sectores productivos o financieros, pese a funcionar legalmente, podrían no calificar para convertirse en donantes o financiar campañas por su naturaleza.
El Estado debe exigir un monto tope de adquisición y uso de fondos. Es necesario definir límites claros y razonables tanto para la adquisición de fondos como para los gastos de campaña, con el fin de nivelar el campo de juego entre los competidores y reducir el riesgo de corrupción. El escenario actual se presta para introducir este tema a la palestra y afinar las reglas del juego para tener a futuro campañas menos costosas, libres de dinero sucio, y construir un ecosistema político más confiable para el elector.