Pedro Francisco Bonó (1828-1906) formó parte de la cohorte de intelectuales dominicanos que mayor nivel de intelección logró de los problemas nacionales. Por la inexistencia de establecimientos educativos en Santiago Bonó se formó guiado por sus familiares, en especial de su abuela Eugenia de Port, oriunda de Bretaña, Francia, quien poseía gran cultura y lo inició en la literatura. En este entorno, desde muy joven adquirió una extraordinaria formación cultural que le permitió publicar a los veinte años la primera novela dominicana, El Montero.
El propio Bonó confiesa que vivió junto a su abuela, nativa de Bretaña, Francia, más de la mitad de su vida y que por el culto que esta profesaba a su patria “bebí a la Francia por todos los poros”. La biblioteca de Bonó la integraban principalmente textos clásicos de sociología escritos en francés. (1)
Al igual que muchos otros intelectuales cibaeños, Bonó impugnó el encauzamiento de los excedentes económicos generados en la región hacia el aparato administrativo de Santo Domingo. En octubre de 1856, en una moción que presentó al Congreso, identificó los principales males que agobiaban a la sociedad dominicana e hizo una propuesta para superar cada uno de ellos, a la cabeza de estos se encontraba la existencia de un Ejército permanente que impedía a los hombres trabajar y hacía de ellos “seres empobrecidos, desnudos y hambrientos”; como alternativa propuso la creación de una guardia cívica.
El segundo mal que empobrecía la República, y es el que da origen a la Revolución de 1857, residía en el desequilibrio entre sus rentas y sus erogaciones lo cual obligaba al gobierno a emitir papel moneda que mellaba la riqueza pública. De igual modo, las contribuciones de los ciudadanos al tesoro público carecen de validez si estas no se emplean en preservar e incrementar su trabajo, es decir, si el Estado no se las devuelve en seguridad, instrucción, transporte, etc. (2)
El origen de este último mal se hallaba, a juicio de Bonó, en la incomprensión de los fundamentos en que descansaba el progreso del pueblo dominicano, para lo cual se requería, en primer lugar, otorgar tiempo al hombre para trabajar y asegurar su trabajo, cometido que se lograría por medio de la disolución del Ejército; en segundo lugar, “establecer escuelas primarias y escuelas profesionales para guiar, facilitar y mejorar este trabajo haciendo la enseñanza libre sin trabas ni restricciones y retribuyendo bien los maestros”.
El tercer pilar del progreso lo constituía la apertura de buenos caminos para abaratar el producto, hacer más efectiva la comunicación y los cambios y otorgar más tiempo para producir. (3) Formuladas en el contexto de una sociedad atrasada culturalmente como la dominicana de mediados de siglo XIX las lúcidas ideas de Bonó revelaban la necesidad de superar la educación contemplativa y el establecimiento de un vínculo entre ciencia y vida, entre la educación y el trabajo.
Uno de los más completos informes sobre el estado de postración de la educación dominicana en la década de los sesenta del siglo XIX lo confeccionó Pedro F. Bonó cuando ocupó por breve tiempo el ministerio de Justicia e Instrucción Pública, desde el 29 de julio hasta el 14 de diciembre de 1867, en el gobierno del general José María Cabral. Allí analizaba el reducido presupuesto asignado a dicho ramo ($17,136) desde antes del período de la anexión a España y la inequidad de su distribución entre las provincias pues a Santo Domingo se otorgaba el 45% ($7,656) y al resto de la República el 55% ($9,480), además de una cifra mayor a la enseñanza superior ($13,136) que a la educación primaria ($3,960), cuando siempre se debía otorgar prioridad a esta última.
Con esta pírrica inversión, sostiene Bonó, “no son extraños los resultados obtenidos en veinte años, pues estas asignaciones guardan el mismo equilibrio en todos los presupuestos ante anexión”. Se generó una suerte de círculo vicioso ya que cada gobierno que se sucedía responsabilizaba al precedente de los magros resultados obtenidos en educación: “¿a qué serviría achacar a Gobiernos pasados nuestra precaria educación, cuando nuestras perpetuas discordias reclamarán la mayor parte de la triste responsabilidad que a ellos cabría?”. (4)
En definitiva, Bonó invitaba a no “recriminar el pasado”, a no “desalentarse”, pues lo sustantivo para él consistía en distribuir los beneficios en proporción a la carga y de acuerdo con la riqueza y expectativa de cada localidad, y planteó la necesidad de trascender la “incuria” y el “olvido”, despojarse de la “pereza” y encaminar esfuerzos dado que “las tinieblas de la ignorancia son cada día más densas”. (5)
Para esa época la provincia de Santiago de los Caballeros poseía mayor dinamismo económico que Santo Domingo. En 1871, por ejemplo, la ciudad norteña contaba con 8,000 habitantes mientras la capital solo tenía 6,000. Bonó abogaba para que el gobierno de turno aplicara un criterio igualitario en la distribución de los recursos para la educación y aproximara la educación a los ciudadanos:
“A la Capital: Colegio, Seminario y Universidad. Al Cibao: un Colegio Central. A cada cabeza de provincia: una escuela superior. A cada común, aldea, villorrio, puesto militar, una escuela primaria y gratuita. Suministrará libros, alquilará casas a los más pobres; allanará el camino; superará los inconvenientes; acercará, en fin, la instrucción a los ciudadanos, llevándosela a las puertas de sus casas, de sus chozas, para que el país se cure de esta lepra asquerosa de ignorancia que tan temible es, y aleje para siempre esas convulsiones terribles, que lo agitan a cada instante y lo aniquilan”. (6)
En su esbozo sobre la situación de la educación en el país, Bonó entiende que debe incrementarse el presupuesto de la capital para completar la educación profesional. Pero en el caso de Santiago, cuya población supera a la del resto del país en número y riqueza a su educación nunca se les asignó una suma proporcional a sus condiciones y en 1867 solo contaba con una asignación de $2,800 y cuatro importantes provincias como La Vega, Puerto Plata, El Seibo y Azua apenas disponían de $3120.
Pero a Bonó le preocupaba principalmente la reducida suma invertida en la educación de la población más pobre, “la que más carece de instrucción, la que por sí, ni por sus Ayuntamientos puede proporcionársela, es decir, la casi totalidad de la República”, que solo tiene $3,000”. La instrucción pública solo aportará resultados cuando logre penetrar “el espesor de las masas rurales”.
Con sumas tan bajas, entendía Bonó, no se podían obtener “el menor resultado práctico” en comunes carentes de rentas municipales en las cuales la población carece de capacidad económica para ser gravada por arbitrios. En ellas se debe comenzar con enviar materiales educativos (libros, papel, plumas, etc.) así como bancos, mesas y pagar una elevada suma al maestro pues debe ser reclutado lejos de allí. Sobre la cantidad de alumnos en las escuelas, el seminario Santo Tomás de Aquino contaba con 88 alumnos matriculados, aunque la asistencia efectiva era de solo 57. (7)
El Ayuntamiento de Santo Domingo mantenía seis escuelas para niños con un presupuesto de $2,600. Bonó observaba que entre Santiago y Moca, y entre La Vega y Santiago existen secciones rurales que poseen mayor población y riqueza que algunas comunes.
Para 1867 ninguna de las comunes de Santiago como Montecristi, Dajabón, San José de las Matas contaba con escuelas. Para 1884 la percepción de Bonó sobre la persistencia de la ignorancia en el país se mantenía inalterable. En tal sentido descartó que el progreso del colectivo nacional pudiera fundarse sobre la instrucción pública como pretendían los intelectuales portadores de la ideología del progreso pues la misma no había logrado universalizarse ni se hallaba en vías de hacerlo, además de no estar distribuida con “equidad” y “armonía”.
Incluso los grupos económicos que solventaban la instrucción pública, como los ganaderos y los agricultores, carecían de escuelas primarias gratuitas. Hasta ese momento en el Estado solo ofrecía educación gratuita a un niño-niña por cada dos mil habitantes.
En este contexto, numerosas comunidades, en lugar de reclamar que sus niños aprendieran el silabario y los adolescentes gramática castellana demandan la instalación de Universidades. Por tal razón, Bonó consideraba que, con reclamaciones de ese género, no se debía obstaculizar el cumplimiento de la tarea elemental del Estado que consistía: “enseñar a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana”. (8) Por el descuido de esta responsabilidad estatal la instrucción pública, en los pocos centros educativos, no encontraba vías para expandirse.
Las refutaciones de Bonó al liberalismo se publicaron en el periódico El Eco del Pueblo de Santiago entre el 16 de diciembre y 27 de enero de 1884, época en la cual se ejecutaba en el país la reforma a la educación propuesta por Eugenio María de Hostos.
El intelectual de los pobres, como lo ha llamado Raymundo González, se refiere los esfuerzos que se realizaban en ese momento para “simplificarla, metodolizarla e imprimirle un movimiento más perfecto” a la instrucción pública que encontraron “la resistencia natural de métodos inmemoriales omnímodos que han producido mucho y mucho bueno”, pero al mismo tiempo dicha reforma ha introducido la anarquía en dicho ramo que al fin y al cabo neutralizan y hacen negativos los esfuerzos de lo viejo y de lo nuevo”.
Bonó concluía que, por su “fondo” y su “forma”, hasta ese momento la educación fue incapaz de producir verdaderos trabajadores sino buscadores de empleos públicos que incrementan el presupuesto o para colocarse detrás de un mostrador.
Referencias
(1) E. Rodríguez Demorizi (editor), Papeles de Pedro F. Bonó, 2ª ed., Academia Dominicana de la Historia, vol. XVII, Barcelona, 1980, p. 56.
(2) Ibidem, p. 72.
(3) Ibidem, p. 73.
(4) Ibidem, p. 145.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem, pp. 145-146.
(7) Ibidem, p. 146.
(8) Ibidem, p. 291.