Como todo en la vida, las cosas no son ni buenas ni malas. Su bondad o maldad radica en el uso que se le dé. Un cuchillo es bueno cuando sirve para cortar carne y es malo si con el mismo se mata a un ser humano.
Comenzaremos por decir que ese tipo de alianzas, per se, no son malas y que podrían servir de soporte a importantes obras necesarias para el desarrollo de nuestro país. Existen obras importantes que el Estado no podría embarcarse solo para ejecutarlas y necesitaría el apoyo privado, pero existen sus bemoles.
Debemos definir primero que es el Estado, para qué sirve, y quienes lo representan y luego definir al sector privado.
El Estado es la máxima forma de organización jurídica y política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Lo representa y lo administra el gobierno, encabezado por el presidente de la República.
Parte del artículo 8 de nuestra constitución expresa: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria”. Entre sus funciones están el ejercicio de la defensa e integridad territorial de la Nación, el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores del país, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes.
El sector privado, que se contrapone al sector público, es aquella parte de la economía que busca el lucro en su actividad y que no está controlada por el Estado. La actividad económica de un país debe verse beneficiada por el sector privado, y por eso su papel es de gran importancia para el desarrollo de una comunidad. Aunque el concepto de Estado es opuesto al privado, éste es considerado como un aliado clave para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Cabe señalar que cuando se materializan las alianzas de marras, puede producirse lo que los anglosajones llaman un “overlapping”. Eso significa que a veces no se sabe dónde comienza y dónde termina algo. Cuando un artista pinta un cuadro del mar tocando tierra, es imperceptible donde es mar y donde es tierra porque se entrelazan.
En los inicios del gobierno del presidente Fernández sucedieron dos eventos, ambos funestos. Uno fue la privatización de empresas del Estado, que algunos llamaron “capitalización” y la otra, alianzas público-privadas como la carretera a Samaná, que le costaba más de dos mil millones de pesos al año al Estado, y a la que se le ha llamado “el peaje sombra”, porque la mayoría de las veces la voracidad del sector privado es insaciable. Las empresas de Corde y los ingenios del CEA, sencillamente desaparecieron y privaron de ingresos millonarios no solo al Estado sino a todos sus empleados cuyas vidas dependían de ellas.
De la CDE podemos decir que, estando al servicio del sector privado, los subsidios del Estado aumentaron debido a las pérdidas. Finalmente, las distribuidoras volvieron a manos del Estado, pero éste tuvo que indemnizarlos con trescientos millones de dólares. Después de la “capitalización”, el Estado tuvo que pagar al sector eléctrico como subsidio más de cincuenta mil millones. Hace años escribí el artículo “Mas Penas sobre Penosa”, refiriéndome a Fenosa y los grandes problemas eléctricos.
Sería importante hablar de Punta Catalina pero ese tema merece un desglose aparte porque los escarceos para el control y apoderamiento de dicha planta del sector privado se han desacelerado y la sociedad civil tiene sus ojos puestos en ella.
Siempre hemos mantenido la posición de que los servicios públicos deben permanecer exclusivamente en manos del Estado, de manera principal la energía eléctrica y el agua.
El artículo 14 de nuestra constitución dice que los recursos naturales no renovables son patrimonio de la nación.
El artículo 15 expresa: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”. Más claro de ahí ni siquiera el agua.
Jamás podría pensarse en hacer alianzas público-privadas con este líquido vital para la vida humana, animal y vegetal, y el Estado debe ser su celoso protector.
Hay instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los Ministerios y las Direcciones Generales que no podrían nunca delegar sus funciones, especificadas en la constitución y las leyes orgánicas, en el sector privado. Por ejemplo, ningún particular puede atribuirse el derecho de cobrar impuestos ni multas en nombre del Estado.
Cabría mencionar que todo el litoral del país, incluyendo sus playas, por supuesto, pertenecen al Estado y por tanto públicas. Cada día vemos menos playas accesibles al pueblo porque las han privatizado, violando la constitución y la Ley 64-00 que dispone 60 metros de dominio público.
Creo que a pesar de que el presidente Abinader ha sido un empresario exitoso, es un hombre honesto, que desea que la bandera del cambio que enarboló en su campaña no solo será diferente, sino mejor, y que su gobierno sabrá proteger los mejores intereses del pueblo que confió en él, sabiendo que la constitución no es un pedazo de papel, y teniendo en cuenta que el fin del sector privado es el lucro y el fin del Estado es protección, cuyo representante y responsable es él.