Un mercado de valores desarrollado trae consigo distintas bondades en favor de las empresas que deciden colocar acciones en oferta pública, las cuales trascienden los efectos locales de posicionamiento en el mercado. Desde una perspectiva internacional, el mercado de valores puede involucrar consecuencias favorables en favor de las empresas que deciden someterse a su regulación.
Por lo general, el interés principal en colocar acciones en oferta pública está caracterizado por la necesidad de una determinada empresa de levantar capital, el cual sería destinado a los propósitos de la misma, pudiendo éstos ser (i) saldar estructuras de deuda existentes; (ii) solventar iniciativas de crecimiento en el mercado relevante; o (iii) proveer una modalidad de estrategia de salida (exit strategy) a los fundadores e inversionistas de la empresa, por medio de la cual éstos puedan vender y aprovechar la liquidez del mercado, obteniendo un rendimiento a cambio de su inversión inicial.
Sin embargo, la colocación de acciones en oferta pública implica un proceso de adecuación regulatoria bajo la normativa local, lo cual representa un impacto en la estructura de la empresa. Dichos efectos se verían mayormente reflejados en la modificación de la estructura de gobierno corporativo, la cual tendría que cumplir con lo exigido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) y la normativa del mercado de valores.
Desde una perspectiva local, el cumplimiento con estas regulaciones genera un impacto positivo a favor de la empresa que decide colocar acciones en oferta pública. Empresas locales que cuenten con un modelo de gobierno corporativo robusto, basado en lineamientos internacionales exigidos bajo la normativa local, atraen a los inversionistas locales e internacionales que buscan oportunidades de negocio en nuestro país, lo cual se traduce en captación de capital y, por tanto, en la posibilidad de que la empresa cuente con una mayor cantidad de recursos que puedan ser destinados a la ejecución y desarrollo del negocio en cuestión.
Adicionalmente, la inversión realizada por terceros en empresas de este tipo pudiera ser efectuada de una forma más confiada y segura, en comparación con empresas privadas, en virtud de la transparencia que ofrecen las empresas que colocan acciones en oferta pública al tener que cumplir con distintas obligaciones bajo la regulación del mercado de valores, incluyendo la publicación periódica de información relevante (mandatory disclosures) que permite a terceros acceder y visualizar la situación financiera actualizada de una empresa al momento de evaluar una decisión de inversión.
Desde una perspectiva internacional, empresas que cuentan con este tipo de estructura pudieran competir a nivel internacional e insertarse de manera más orgánica en otras jurisdicciones que cuenten con esquemas de gobernanza corporativa similares, debido a la potencial facilidad de reflejar la estructura en otras jurisdicciones cuyas exigencias en materia de gobierno corporativo de igual forma tengan sus fundamentos en los lineamientos internacionales.
Contar con un sistema robusto en materia de mercado de valores y gobierno corporativo impacta favorablemente a las empresas en el mercado interno, así como contribuye con el posicionamiento del empresariado al momento de internacionalizar su oferta de bienes o servicios. En definitiva, un mercado de valores desarrollado en el que se utilice ordinariamente la colocación de acciones en oferta pública trae consigo numerosas bondades a un país, impactando favorablemente a las empresas en el mercado local, y otorgándoles una potencial ventaja a las empresas que opten por expandir la prestación de bienes o servicios en los demás países de la región.